Por: Dennis Arley Huffington Investigador territorial Oficina de Pares – Pacífico
Por lo acontecido en el mes de julio ya se puede afirmar que Buenaventura enfrenta un nuevo pico de violencia como el que se vivió, desde el 30 de diciembre del 2020, cuando la denominada banda ‘La Local’ se fragmentó en dos facciones que se enfrentan en una disputa sin cuartel. Ninguna de las acciones implementadas, tanto por la Alcaldía distrital como por el Gobierno nacional, a través de sus ministerios de Defensa e Interior, parecen dar resultados. En el presente año, los hurtos y desapariciones forzadas se han incrementado, y de los enfrentamientos prolongados en los barrios se ha pasado al sicariato y a los asesinatos selectivos: en promedio, dos personas son asesinadas cada tres días, ya sea por robo, extorsión o ajustes de cuentas.
A todo lo anterior, se suma la desesperanza de varios sectores de la ciudadanía que no encuentran en la administración distrital soluciones oportunas a la problemática más allá de “esperar que uno de los bandos en disputa gane” o que “ellos por iniciativa propia hagan las pases”, como lo expresó a inicios de año Víctor Vidal, el alcalde mayor de Buenaventura.
Desde el Gobierno nacional tampoco se aprecia una medida acorde que vaya más allá de la reiterada fórmula de la militarización del distrito y la llegada de grupos operativos especiales. Esta medida se viene implementado desde el 2007, por parte del Estado, como respuesta a los picos de violencia en la ciudad. Sin embargo, estas acciones no han generado una solución estructural a esta problemática, sino que, por el contrario, con el pasar de los días hay una mayor degradación de la violencia en el distrito; una violencia cuyas causas no se logran terminar de comprender.
Antecedentes
‘La Local’ nació como una iniciativa ilegal de un grupo de narcos, tal como su nombre lo indica (“locales”), con el propósito hacerse con el control de las economías ilegales y las rutas del narcotráfico en Buenaventura. De esta manera, quienes otrora se habían enfrentado en las guerras entre grupos armados (los paramilitares contra la guerrilla, y ‘Rastrojos’ contra ‘Urabeños’) conformaron su propia organización delincuencial con varios mandos horizontales como alias ‘Julito’, el clan de los Bustamante, los ‘Montaño’, entre otros.
Después de diezmar a la banda ‘La Empresa’, se establecieron como operadores ilegales del orden social en el distrito. Alcanzaron presencia en casi todo el territorio urbano, exceptuando dos barrios, y algunas zonas rurales carreteables como Sabaletas. Esto se mantuvo hasta finales del 2020 cuando alias ‘Félix’ sufrió un atentado, presuntamente por orden de los Bustamante, hecho que fragmentó a ‘La Local’ en dos facciones: ‘Los Shotas’, dirigidos por los Bustamante, y ‘Los Espartanos’, cuyo líder es alias ‘Mapaya’. Así se dio inicio a una serie de vendettas que completan 7 meses y tiene en jaque a las autoridades y a la administración distrital.
Las medidas son insuficientes
Con las primeras balaceras y el patrullaje en los barrios de hombres armados con fusiles, la Alcaldía distrital intentó enfrentar la situación a través de una serie de medidas que han sido cuestionadas por no dar los resultados esperados. La primera de ellas fue establecer el toque de queda nocturno desde las 8 de la noche, junto a la ley seca y la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos de atención al público; adicionalmente, ante los hurtos, se prohibió el parrillero hombre en motocicletas, también en horarios nocturnos.
También se solicitó el apoyo del Gobierno nacional, que respondió con la visita de los ministros de Defensa y del Interior, quienes anunciaron que fortalecerían el pie de fuerza de la Policía, militarizarían algunos barrios, promoverían recompensas con el cartel de los más buscados y realizarían operativos especiales de control en las zonas más álgidas de la ciudad. El resultado ha sido la captura de más de 250 personas integrantes de ambas facciones, según informan las autoridades locales.
Sin embargo, estas medidas han sido un manejo superficial de la situación de seguridad en Buenaventura: no han logrado su objetivo de reducir la inseguridad, por el contrario, se dispararon los homicidios selectivos y aparecieron nuevas modalidades delictivas.
La seguridad, un mar de problemas que se profundizan
Las fórmulas reiterativas con las que se enfrenta la delincuencia en Buenaventura, lejos de darle solución a esta compleja realidad, han profundizado la problemática: no existe una propuesta seria de desarticulación de estas estructuras criminales. Si bien las capturas reflejan cifras de resultados “históricos”, lo que en realidad han generado es un vacío de liderazgos criminales y, con ello, una anarquía que no hay quien la controle. Hay vía libre para que a plena luz del día se presenten todo tipo de hurtos (especialmente de motocicletas en las vías principales) y también apareció la modalidad del secuestro exprés, donde las personas son retenidas a la fuerza y se les exige el pago de una suma de dinero para dejarles en libertad.
Los homicidios se viven a diario: en los 22 días transcurridos del mes de julio se han presentado 23 asesinatos. Y en lo que va del año se registran 123 homicidios en la ciudad (en 6 de ellos las víctimas serían menores de edad): en solo 7 meses se ha superado el número de asesinatos presentados en todo el 2020, año en el que ocurrieron 111 homicidios. De continuar estos patrones, se cerraría el año con más de 200 asesinatos, lo que significaría un aumento de más del 100% con relación a años como 2017, 2018 y 2019, cuando las cifras estuvieron por debajo de los 100 casos.
Otro aspecto preocupante es que las alarmas por reclutamiento están encendidas por organizaciones como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico). Si bien no hay cifras oficiales que permitan establecer el número de personas reclutadas, en las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) en los barrios de Buenaventura, se reciben testimonios de que muchas personas jóvenes y familias están sufriendo desplazamiento intraurbano ante las presiones para que miembros de sus entornos familiares engrosen las filas de una de las facciones.
A esto se suman las fronteras invisibles que se han ampliado y reforzado, afectando a la población civil que no puede transitar hacia otros barrios según su procedencia. Una situación similar ocurre con los establecimientos comerciales: algunos se ven forzados a pagar doble renta extorsiva, quienes se niegan a hacerlo han sido víctimas de atentados con explosivos, y quienes se han visto obligados a pagarle a alguna de las facciones no pueden comercializar en barrios o zonas donde tenga presencia la otra.
¿Qué se puede hacer?
Si bien el panorama actual de Buenaventura es bastante desalentador, no es irremediable: no podemos caer en el discurso vargasllerista de que la ciudad-territorio es inviable. Sería injusto culpar a la actual administración de lo que hoy ocurre en la ciudad: esta problemática es el resultado de décadas de descomposición y de fracturas profundas del tejido social causadas por la corrupción y las alianzas del pasado entre la legalidad y la delincuencia.
No obstante, sí es su responsabilidad buscarle una solución a corto, mediano y largo plazo. Y para ello, el alcalde Víctor Vidal (sugerimos desde Pares-Pacífico) debe ponerse al frente de la situación; debe enfrentar la crisis de seguridad como un problema estructural, con medidas concretas y mensajes claros que calen, como se lo han exigido los y las jóvenes en los últimos meses; debe volver a generar confianza y, sobre todo, esperanza en una ciudadanía que se siente derrotada.
Para lograr todo esto podría empezar por: primero, dejar atrás las formas administrativas de municipio pequeño y, por el contario, fortalecerse e implementar medidas estratégicas de corte distrital, con funcionarios de mayor alcance técnico y político, y con herramientas estratégicas que se tienen a la mano como el Observatorio Social del Delito. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana debe funcionar como tal, sin comportarse como la Secretaría de Convivencia (que también la hay) ni de gabinete: es menester un secretario o, por lo menos, un asesor experto en seguridad urbana focalizado en esta problemática. Y es indispensable generar viabilidad y mayor sinergia entre los alcaldes locales y el alcalde mayor; descentralizar más las funciones para que desde las localidades se implementen estrategias orientadas a solucionar las problemáticas que padece el distrito, evitando así la sobrecarga de la administración mayor.
Segundo, si bien el grupo ‘La Local’ se ha fragmentado en dos, a esta agrupación no se le puede seguir combatiendo bajo la denominación de Grupo Delincuencial Organizado (GDO). Se debe elevar su categoría a Grupo Armado Organizado (GAO). Aunque actualmente no tiene un mando unificado, en lo que va del año ha demostrado que desborda la capacidad de respuesta de la Policía distrital. Con más de 250 capturas sufridas en 7 meses, sigue operando con fuerza: sobrepasa en integrantes a cualquier GDO, se ha comprobado que su armamento es de guerra y el control que ejerce sobre más del 90% del territorio urbano demuestra que no se trata de delincuencia común. Tercero (es la más sencilla, pero pareciera ser la más complicada), y esto involucra a la sociedad civil y a la institucionalidad: rodear a la actual administración y que esta se deje rodear. Y cuarto: se deben crear y poner en marcha medidas acordes a las necesidades evidentes de Buenaventura como una ciudad principalmente urbana y de territorios rurales extensos. Es urgente una Secretaría de Juventud: las necesidades de este grupo poblacional exceden la capacidad de respuesta de una coordinación. Mientras eso ocurre, como lo viene recomendando la Oficina de Pares – Pacífico desde inicios de la vigencia de la actual administración, hace falta una estrategia de choque contra el reclutamiento de jóvenes.
En una ciudad con el desempleo en 33,6% (según la última GEIH del DANE en el año 2020), donde en los últimos dos años se perdieron 35 mil puestos de trabajo, donde más de 3 mil empresas no renovaron su registro mercantil ante Cámara de Comercio y donde la pobreza va en aumento (todo acelerado como consecuencia de la pandemia), se debe anticipar el posible rumbo de parte de la juventud que es víctima y victimaria en esta disputa armada y ejercer una atención primordial, pues, como se está demostrando, el problema de seguridad ha sido la debilidad de una administración que supo sortear un problema mundial que nadie se imaginaba, como lo fue el covid-19, y que ahora deber ser capaz de hacerlo con uno tan diagnosticado como lo es la violencia.