Por: Redacción Pares
La Procuraduría General de la Nación urgió al gobernador de Nariño y a los alcaldes locales a definir de manera prioritaria las estrategias necesarias para controlar la propagación del covid-19, en aras de garantizar la protección de los derechos a la salud y la vida de los habitantes del departamento.
El ente de control argumentó que la infraestructura médico asistencial del departamento podría ser insuficiente para atender la potencial demanda de servicios médicos que se generen por causa de esta emergencia sanitaria, que a la fecha supera los 800 casos y tiene a las ciudades de Pasto, Ipiales y Tumaco con el mayor registro de infectados.
El Ministerio Público señaló que es imperativo adoptar medidas orientadas al fortalecimiento de la red pública hospitalaria que garanticen la prestación de los servicios, e instó por el pago de salarios a los profesionales de la salud, y la disponibilidad de elementos de protección personal, medicamentos e insumos para el personal médico, paramédico y administrativo de los centros asistenciales.
Así mismo, aumentar el número de pruebas para covid-19, el aislamiento, control y seguimiento a los casos sospechosos y garantizar el manejo médico a los casos positivos a través de las IPS públicas del departamento.
El órgano de control exhortó a los mandatarios de la región para que implementen mecanismos de control del flujo de ciudadanos entre los municipios del departamento, alivios en la facturación y pago de servicios públicos domiciliarios, y en el suministro de mercados a la población más necesitada y los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar – PAE.
Ipiales: xenofobia y coronavirus
De acuerdo con un análisis realizado por Pares LA PANDEMIA EN IPIALES Y SUS COSTOS PARA LA POBLACIÓN MIGRANTE uno de los más graves impactos que ha generado el aumento de contagio en el municipio de Ipiales, ha sido el creciente aumento de conductas xenofóbicas hacia la población migrante venezolana.
Fuentes territoriales expresan que se han creado grupos de WhatsApp incentivando el odio hacia la población migrante, desalojos de familias dentro del municipio y se sospecha, aún sin claras investigaciones, posibles agresiones y asesinatos a venezolanos en condición de calle.
Ejemplo de este último, fue el asesinato de una menor de 16 años debido a que un hombre colombiano disparó indiscriminadamente a un cambuche de 14 venezolanos, dos más resultaron heridos, se encontraban cerca de la terminal de transporte de la ciudad de Ipiales. La policía dice que este grupo tenía vínculos con microtráfico, pero se sabe que estas personas estaban allí porque no lograron acceder a un cupo en el albergue esa noche.
También se conoce que la Policía sale en las noches a informar con bocinas en camiones que se van a hacer los traslados, los inscriben en listas un día antes del viaje y los suben al bus. Se supone que este no es el protocolo: debe realizarse un censo de la población, identificar quienes están con interés del tránsito una semana antes del viaje, desarrollar su periodo de aislamiento y luego incorporarlos a este corredor hacía Venezuela.
Una situación crítica
La situación de frontera es bastante grave e Ipiales se convierte poco a poco en una bomba de tiempo tanto para el departamento de Nariño como para el resto del país. Es urgente que el Gobierno Nacional atienda las demandas del departamento para incrementar el pie de fuerza, establecer el cordón humanitario con bioseguridad y un plan de sostenibilidad socioeconómica para las familias que dependen del comercio interfronterizo.
El COVID-19 no sólo ha alterado la vida de los habitantes del municipio sino que ha develado la profunda problemática de vulneración de los derechos de las personas migrantes y la aparición de conductas xenófobas hacia estas comunidades. El Estado colombiano pese a que hace tres o cuatro años viene atendiendo este fenómeno, no ha logrado consolidar una política pública de migración clara que responda con medidas estructurales y establezca los criterios esenciales para proveer la atención en condiciones de dignidad.
Es fundamental que los gobiernos locales consoliden sus estrategias y planes para la protección y seguridad de los habitantes del municipio de manera articulada, pero sobre todo con una fuerte presencia de las instituciones públicas del nivel nacional donde se ofrezcan los instrumentos y garantías necesarias para desarrollar esta compleja labor y es clave que la sociedad colombiana haga un llamado al gobierno nacional para que cumpla a cabalidad sus compromisos según el derecho internacional y sobre todo, que entienda que el sur del país requiere de los más urgentes esfuerzos para combatir una pandemia que no da espera.