Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Vuelve a estar sobre la mesa la propuesta de prolongar el actual periodo presidencial y parlamentario por dos años. La idea no es nueva, pero ahora se intenta sustentar bajo argumentos relacionados con el ahorro de gastos en medio de la pandemia Covid-19 y en permitir recuperar el casi año de los planes de Gobierno que tuvieron que ser pospuestos a causa de las medidas que debieron priorizarse.
Como se señalaba, esta no es la primera vez que se oye esta iniciativa, incluso poco antes de conocerse el primer caso de Covid-19 en el país, desde el Congreso Nacional de Municipios 2020, realizado en febrero de ese año, el entonces presidente del Senado de la República, Lidio García, señaló que era viable unificar los períodos de gobierno de los alcaldes, gobernadores, congresistas y presidente como una posibilidad para trabajar de manera unificada desde los planes de desarrollo nacional y locales.
“Es una propuesta que ha tenido varios intentos en el Congreso. Sería importantísimo que podamos unificar los periodos para que todo empiece desde cero y se pueda trabajar mancomunadamente y de forma mucho más activa. (…)Realmente hay tropiezos en los inicios. Se pierde casi un año y muchos recursos en tantas elecciones. Vivimos de elección en elección y tenemos que ahorrar ese gasto y hacer más inversión social”, comentó en ese momento García.
Ahora, y en lo que va del 2021, la propuesta ha sonado en dos ocasiones. Por un lado, el pasado 15 de febrero cuando desde la Federación de Municipios, en cabeza de Gilberto Toro, se insistió en unificar el periodo del mandato del presidente junto con el de alcaldes, alcaldesas, gobernadores/as y congresistas; lo que significaría extender dos años más el mandato de Duque, al igual que el de los/as senadores/as y representantes a la Cámara.
En ese momento las razones en las que el funcionario sustentó su iniciativa fueron en que esto permitiría “que tengamos un modelo de funcionamiento del Estado mucho más eficiente, que nos garantice la planeación, que los planes de desarrollo respondan a periodos que realmente puedan dar resultados”.
Además, también aseguró que con los efectos de la pandemia las elecciones, que se realizarían en marzo del año próximo (Congreso) y en mayo (primera vuelta presidencial), podrían representar un riesgo sanitario, teniendo en cuenta que se ha previsto que a esa fecha no toda la población estaría vacunada. Asimismo, hizo referencia a que se ahorraría cerca de $30 billones, teniendo en cuenta que una consulta popular cuesta alrededor de $450.000 millones, mientras que las del Congreso rondan los $1.2 billones, al igual que las presidenciales.
Por esos días el senador Gustavo Petro advirtió desde su cuenta de Twitter que esta propuesta de nuevo estaba rondando en el Congreso, aseguró que “hay algunos parlamentarios que plantean prorrogar el Gobierno de Iván Duque y el período del Congreso por dos años y no hacer elecciones el año entrante con la excusa del Covid. Se trataría de un golpe de Estado parlamentario”.
La propuesta sigue sin descartarse
Aunque en su momento la propuesta fue cuestionada e incluso se pidió al presidente Iván Duque rechazarla públicamente, ésta de nuevo está sobre la mesa, y por eso recientemente varios sectores se manifestaron sobre lo inviable, poco conveniente y antidemocrático de la iniciativa.
Hay que señalar que hasta sectores más cercanos al Gobierno que a la oposición como el Conservador, han hecho pública su inconformidad con la propuesta; sobre esto, por ejemplo, Omar Yepes, presidente de dicho partido, escribió a través de su cuenta de Twitter que “no es bueno para la democracia que se proponga el alargue del periodo para la Presidencia de la República y para el Congreso. El país no puede estar cambiando las reglas del juego democrático. Si el pueblo votó periodos de 4 años, esto se debe respetar. Así de claro”, expresó.
Por otra parte, el pasado 09 de marzo el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, denunció que varios congresistas estarían recibiendo llamadas para hablar de ello. Además, indicó que la propuesta es mucho más grave de lo que se pensaba, pues se estaría haciendo lobby para lograr su aprobación, a pesar de lo inconstitucional que resulta ser ampliar el periodo presidencial. Siguiendo con esto instó al Gobierno Nacional o al ministro del Interior a cortar de manera precisa esta idea.
En ese sentido indicó que conoce acerca de una parálisis en los giros de los recursos para los municipios priorizados en Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se cita en el diario La Vanguardia que “El año pasado se logró viabilizar proyectos en municipios PDET por 1,8 billones de pesos y de la noche a la mañana se frenan los giros (…) yo no me imagino al presidente Duque dando la orden de utilizar los recursos PDET para convencer a parlamentarios de la ampliación. Solo el mismo mandatario puede cortar con el ruido reanudando los giros presuntamente suspendidos a los municipios PDET”.
Asimismo, Iván Cepeda, a través de su Twitter, escribió que: “Es sintomático que con relación a la idea de aplazar las elecciones dos años, el presidente Duque guarde silencio complaciente. ¿Presidente, esa es una “propuesta” al gobierno o es una iniciativa gubernamental soterrada? En todo caso, es un intento de golpe a la democracia”.
Justamente sobre lo anterior la senadora Aída Avella le dijo a Pares que “es sospechoso el silencio de Duque; evitar que las elecciones se hagan en el 2022 es un atentado contra la democracia. Cuatro años, son cuatro años. Lo que se esperaría es que ahora con esto no empiecen a untar de mermelada al Congreso, porque seguramente con el discurso de que estarán dos años más en sus puestos seguramente habrá algunos que estarán de acuerdo con semejante barbaridad. En un país tan corrupto como este, esta propuesta genera un gran riesgo. Si el Gobierno no se manifiesta da mucho que pensar: ¿está el presidente atrás de todo esto? ¿El que calla otorga?”.
Por su parte, el analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila expuso que esto dañaría el equilibrio de poderes, lo que además llevaría a una movilización de la población, entre otras cosas motivado por el poco buen desempeño que ha tenido el mandatario en el cargo, además, señaló que ante la comunidad internacional esto sería un duro golpe a la democracia.
En este punto vale la pena traer a colación que, como se mencionó más arriba, esta propuesta no es la primera vez que está sobre la mesa, lo que traduce en que estas concentran un debate muy álgido, que además se ha vuelto común escucharlo cada que los últimos presidentes han estado a puertas de terminar su mandato.
Además hay que recordar que este contexto hace necesario recordar que con la Asamblea Nacional Constituyente y luego de la Constitución de 1991 se estableció un principio básico de la descentralización en Colombia, lo que tiene un fundamento práctico que la elección de alcaldes y gobernadores iba a ser desde entonces por medio de elección popular, no mediante la decisión presidencial, lo que era problemático principalmente por las no garantías de gobernanza y gobernabilidad asociada toda al poder legislativo de facto del presidente.
Es importante este breve contexto porque como explicó Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, con la propuesta que hoy se conoce «también existe una intención de romper con la descentralización del país a nivel fiscal, político y administrativo. (…) Además, teniendo los calendarios electorales así -como se propone- se motivaría a pensar que sea mejor votar por el alcalde, gobernador que esté alineado con el mejor candidato presidencial y esa lógica no es buena para la democracia del país».