Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El pasado 09 de septiembre se conoció que miembros de la Policía habían asesinado a Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, en el barrio Santa Cecilia en la localidad de Engativá, esto tras, como se dijo en un primer momento, recibir varias descargas de pistola taser, sin atender las súplicas ni de Javier, ni de las personas que grabaron y presenciaron los hechos para que no le siguiera haciendo daño.
Este caso provocó tal indignación que en los días siguientes provocaron que la protesta social se reactivara tras casi seis meses de aislamiento preventivo obligatorio, tiempo en el que, si bien hubo plantones y movilizaciones, no tuvieron la convocatoria de los registrados durante los primeros días de septiembre.
Y es que este caso fue la radiografía de los abusos cometidos una y otra vez por la Policía, los cuales solo durante este año habían – hasta ese momento-, provocado la muerte a 10 personas, además de varias arbitrariedades, donde incluso se registran abusos sexuales.
Finalmente, este caso llevó a un estallido social donde fue transversal la exigencia de la reforma a la Policía, pero a su vez y dando más peso a la dicha solicitud, en este mismo escenario de manifestación fueron asesinadas otras 13 personas en los barrios de Bogotá y Soacha donde se realizaban jornadas de protesta durante el 09 y 10 de septiembre, la mayoría jóvenes entre los 20 y 25 años.
Esto ha llevado a cuestionamientos y reclamos tanto a la institución, como al ministro de Defensa, quien tiene el papel de dirigir a la fuerza pública, pero que mientras ha estado en dicho cargo se ha presentado un escenario constante de vulneración de los derechos humanos por parte de miembros de la Policía y el Ejército, tanto en las ciudades como en las zonas rurales del país.
A esto hay que agregar la responsabilidad mediática en estos hechos, que insisten en nombrar estos casos bajo calificativos que pretenden responsabilizar a la víctima de lo sucedido, y los cuales siguen poniendo los ojos y los reflectores informativos en los “hechos vandálicos”, cuando lo que realmente se ha perdido en estas actuaciones han sido vidas como la de Javier Ordóñez.
¿Qué ha sido de la justicia en este caso?
Desde el pasado 17 septiembre había ordenes de captura contra Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz, los dos policías que golpearon y le propinaron las descargas con taser a Javier Ordoñez cerca al CAI de Villa Luz, ubicado en la localidad de Engativá.
En un principio Rodríguez fue capturado en su vivienda y trasladado al búnker de la Fiscalía, mientras que luego de la orden Lloreda no fue ubicado en su casa; la captura se dio un día después luego que se entregara pidiendo acompañamiento de la Procuraduría.
Tras esto se conoció que los delitos que les serían imputados son los de homicidio y tortura agravados. Así, el pasado 1 de octubre comenzó la audiencia de juicio disciplinario contra los dos expolicías. En dicho evento ambos manifestaron que renunciaban a la defensa de oficio y pidieron aplazar la audiencia argumentando que no tenían abogados de confianza. En dicha ocasión, el procurador delegado para la Fuerza Pública, Hermán Rincón, negó la solicitud, además informó que se había hecho saber a través de un correo que los ex policías tenían defensores de confianza.
En esa primera audiencia también se aseveró que los uniformados habían actuado contra Javier Ordoñez de forma desproporcional e irracional bajo el abuso de autoridad. Adicionalmente, afirmó que Lloreda tenía el conocimiento y la información necesaria para utilizar el taser de forma proporcional, por lo que se estableció que la conducta se cometió con dolo.
Por otra parte, sobre Harby Damián Rodríguez Díaz la Procuraduría citó que presuntamente este patrullero estando dentro del CAI de Villa Luz le había propinado golpes de forma desproporcionada que le causaron la muerte a Ordoñez. Ese 1 de octubre finalizando la audiencia se les preguntó a los implicados si querían dar su versión de los hechos, a lo que ambos se negaron.
De esta forma el 05 de octubre se realizó la segunda audiencia, de nuevo resaltaron los intentos de los implicados por retardar el proceso; hay que señalar que Rodríguez y Lloreda permanecen en la cárcel de Facatativá, donde fueron enviados desde el 21 de septiembre. En esa oportunidad los expolicías continuaron pidiendo el aplazamiento, lo que de nuevo fue negado por el procurador delegado.
Adicionalmente en esa ocasión la delegada de la Policía Judicial, Aura Fajardo, afirmó que se contaban con pruebas documentales, fílmicas y testimoniales que evidenciaban la responsabilidad de los señalados.
En dicha ocasión desde el organismo de control se comunicó que serían tenidos en cuenta 10 testimonios y una prueba pericial entre los que están los de los uniformados Henry Bonilla y Fabio Alexander Moreno, quienes, según la defensa, estuvieron presentes en el CAI Villa Luz, además el de Juan Bohórquez, conductor de la patrulla que habría llevado a los involucrados a la clínica Santa María del Lago y el de Wilder Salazar Guevara, amigo de Javier Ordóñez.
Asimismo, en esa segunda audiencia se confirmaron quiénes iban a ser los apoderados de los casos desde la defensa de Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda, la cual, hasta ese momento, estaba a cargo de Jorge Alberto Páramo y Fray Segura Romero.
Versiones que afirman los abusos de la Policía
Por lo establecido en la segunda audiencia hoy, 8 de octubre, sería escuchado el médico forense Francisco José Calle, quien estuvo a cargo del informe de necropsia. No obstante, anteriormente, el 7 de octubre, se llevó a cabo una nueva audiencia en la que fueron escuchados Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda.
De nuevo, lo primero que se hizo por parte de Lloreda fue pedir nulidad del proceso y de las pruebas recolectadas, diciendo que se le ha violado su derecho a la defensa pues por «estar privado de la libertad y sin internet ni teléfono no he podido conseguir abogado de confianza». Solicitud que fue negada y en la que se dio paso a señalar que ya había abogados asignados y que en la primera audiencia se había renunciado a los abogados de oficio.
Hay que señalar que según lo informó El Tiempo, “este mismo miércoles, Lloreda revocó el poder que tenía otro abogado para representarlo, y asumió su propia defensa”. Además, durante este miércoles el abogado de Harby Damián Rodríguez Díaz, Jorge Alberto Páramo, solicitó hacerle unas preguntas a Lloreda a lo que éste se negó.
Por su parte, en la audiencia se escucharon varios testimonios, entre ellos el de Rodríguez, quien, entre otras cosas, contó que llegaron a la zona luego que les fuera informado que había una riña entre hinchas de Millonarios, Javier Ordoñez y sus amigos, y que al momento de llegar allí Lloreda recibió golpes por parte del Ordoñez, por lo que el uniformado disparó hacia el suelo y comenzó a hacer las descargas del taser a la víctima.
Indicó Rodríguez que no tiene claridad sobre cuántas fueron. Finalmente lo esposan, como lo narró, y es llevado al CAI, a donde, contó, él llegó minutos después “fue a lavarse las manos y vio que el compañero Juan Camilo Lloreda lo está golpeando con sus pies aproximadamente cuatro (4) veces en el estómago y las costillas”.
Tras esto, prosiguió diciendo, debió salir del CAI a buscar información de lo ocurrido y cuando regresó notó que Ordoñez estaba muy mal por lo que «se le sueltan las esposas, lo levantó de los brazos y lo vamos sacando con Wilder y Juan David (quien había llegado al CAI) a la parte de afuera, lo suben al carro. Posterior el vehículo arranca con ellos tres en el vehículo, arranca para la clínica Santa María del Lago; y con Juan Camilo (Lloreda) nos vamos a la clínica detrás del vehículo».
No obstante, en la audiencia lo contado por Wilder Salazar, amigo de Ordoñez, difiere de la versión dada por el expolicía. Él contó que al salir por licor se encontraron a Lloreda y a Rodríguez, quienes, según contó, le dijeron: «De esta sí no se salva” a lo que Ordóñez respondió: «Ponga el comparendo», y uno de los policías respondió: «No, comparendo no va a haber».
Tras esto, narró que Lloreda comenzó a propinarle descargas, y luego Rodríguez le rasgó la camisa y continuaron con las descargas, incluso afirmó que Rodríguez le puso una rodilla en el cuello y le dio un golpe en la cabeza a Ordoñez. Asimismo, advirtió que las descargas duraban cerca de 5 y 7 segundos. Acciones que siguieron aún cuando quienes estaban allí pedían que no le hicieran más daño.
Seguidamente, dijo, fueron llevados al CAI “A Javier lo empujan y cae de frente contra el piso (del carro), le pegan en varias veces en la cara y la espalda. (…) le doblan las piernas, se las meten debajo de una silla y se las amarran. (…) En el CAI eso fue una pesadilla, los policías lo insultaban, lo lastimaron mucho, con un palo de madera de color café de unos 50 centímetros le pegaron varias veces. Yo les dije que por favor no lo lastimaran más y él también decía ‘ya no más'».
A esto adicionó que estando el CAI; donde había más policías, pidió que trasladaran a su amigo al hospital por su delicado estado, sin embargo, como contó, nadie hizo nada. “Después de mucho rogar me soltaron las esposas y pudimos sentar a Javier, que tenía la cara y el cuello morado, morados en todo el cuerpo, estaba pálido y frío. Cuando le cojo la cabeza y se la levanto, se le desgonza, en ese momento yo no lo sabía, pero él ya había muerto». Finalmente, contó Salazar, Ordoñez fue trasladado a la clínica Santa María del Lago, a donde se fueron llevados por una patrulla.
Aunque ambas versiones tienen considerables diferencias, lo que es trasversal es que en efecto hubo abusos de la fuerza por parte de la Policía que llevaron al asesinato de Javier Ordoñez, y que a los uniformados presentes se les pidió en reiteradas ocasiones que frenaran las agresiones a las que fue sometido Ordoñez, peticiones que fueron escuchadas hasta cuando Ordoñez estaba a punto de morir, lo que lleva a decir que la complicidad y/u omisión son otra forma de violencia y responsabilidad que debe ser asumida e investigada.
Hoy el juicio continúa, y para concluir vale la pena trae a colación las palabras dichas por el abogado de la familia de Javier Ordoñez, Vadhir Gómez, quien en entrevista con Radio Nacional dijo que lo que: “Queremos es que la investigación radique en un juicio. (…) Por ahora a la familia no le interesa una indemnización económica, ellos quieren que los culpables paguen con cárcel sus delitos”.