Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: RTVC Noticias
Este miércoles, 13 de septiembre, un atentado sacudió la tranquilidad electoral en el municipio de Piamonte, Cauca, cuando hombres armados abrieron fuego contra Alexandra Cuellar, candidata a la alcaldía por el Partido Colombia Renaciente. El ataque la dejó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en Mocoa, Putumayo. Alexandra Cuellar, de 44 años, quien ya había sido alcaldesa del municipio, lucha por su vida en medio de esta contienda electoral. (Ver: Primer informe de violencia político-electoral (29 octubre 2022 – 28 febrero 2023)
El comandante de la Policía de Putumayo, el coronel Juan Pablo Ruiz, informó que la candidata está siendo atendida por médicos especializados y que su pronóstico es reservado. Ante este violento suceso, Álvaro Hernán Prada, Magistrado del Consejo Nacional Electoral, condenó el atentado y exigió que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables. Tatiana Alvear, candidata al Concejo de Bogotá, también hizo un llamado al presidente Gustavo Petro en cuanto a la seguridad y garantías electorales para los candidatos.
Sin embargo, este atentado no es un caso aislado en la región. En el departamento del Cauca, la violencia contra los candidatos a las elecciones territoriales es una triste realidad. Lubin Antonio Zape, candidato a la alcaldía de Caloto por el Polo Democrático, recibió amenazas y un panfleto que advertía sobre su vida. Estos actos intimidatorios han persistido, incluso después de que su compañera sentimental fuera abordada por desconocidos que le advirtieron que debía abandonar su aspiración política o enfrentaría un atentado.
Por otro lado, la candidata a la alcaldía de La Sierra, Yody Jurado Papamija, del Pacto Histórico, sufrió un atentado en agosto, y también había recibido amenazas previas. A pesar de estas amenazas, Yody Jurado Papamija sigue comprometida en representar a los sectores campesinos y populares de su municipio. (Ver: Segundo informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 30 de abril 2023))
En el Valle del Cauca, tres municipios, Buenaventura, Jamundí y Tuluá, están en riesgo extremo de sufrir violencia por parte de grupos armados ilegales en las elecciones regionales programadas para el 29 de octubre. La Alerta Temprana Electoral 030-2023, presentada por el defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, señala que estos territorios tienen una alta probabilidad de enfrentar actos de violencia durante los comicios. El coordinador de la Misión de Observación Electoral en el Valle del Cauca, Alejandro Sánchez, expresó su preocupación por el aumento de la violencia en estas regiones, especialmente en Tuluá, donde se han presentado amenazas contra actores políticos en campaña.
El ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, también denunció el mes pasado que presos en la cárcel de Tuluá están extorsionando y tratando de influir en los comicios territoriales.
En Buenaventura, la presencia de disidencias de las FARC-EP, el ELN, el Clan del Golfo y bandas criminales como los Shotas y Espartanos, contribuye a la tensión en la zona. Jamundí enfrenta la fuerte presencia de la columna Jaime Martínez, disidencia de las FARCP-EP en la zona rural.
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo habría identificado que 399 municipios en el país se encuentran en riesgo extremo y alto de sufrir hechos de violencia que afecten el proceso electoral que culmina el 29 de octubre. Entre ellos, se encuentran los municipios anteriormente mencionados, Buenaventura, Jamundí y Tuluá.
Según Juan Manuel Velandia, asistente de Investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en los diez meses que abarca el calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 29 de agosto de 2023), la Línea ha registrado 175 hechos violentos que han dejado 219 víctimas en Colombia. Estos eventos se han distribuido en 27 de los 32 departamentos del país. En el Valle del Cauca, se registraron 15 hechos, incluyendo homicidios, amenazas y atentados, en municipios como Yumbo, Buenaventura, Bugalagrande, Guadalajara de Buga, Cali, Jamundí, Tuluá, Florida, Obando, San Pedro, Pradera, entre otros. (Ver: Tercer informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 29 de junio 2023))
Velandia expresó su preocupación por la violencia selectiva ejercida por bandas criminales, como La Oficina de Tuluá, contra candidatos, como en el caso de Tuluá. También mencionó la situación crítica en municipios como Caldono, donde fue asesinado el concejal Wilson Andrés Bomba. En Cauca, hasta la fecha del 29 de agosto, se registraron 11 hechos con 12 víctimas, incluyendo homicidios, amenazas y atentados en municipios como Páez, Caldono, Piamonte, Sucre, Popayán, La Vega, Argelia, Mercaderes, La Sierra y Timbiquí. El asistente de investigación de Pares enfatizó la necesidad de abordar estos riesgos y la violencia selectiva por parte de grupos armados en la región.
En el 70% de los casos de violencia electoral registrados, el agente perpetrador es desconocido, mientras que el 30% se atribuye a Grupos Armados PosFarc, Clan del Golfo, otros grupos o individuos, y el ELN. Estos datos subrayan la complejidad de la situación y la dificultad para identificar a los responsables de estos actos de violencia. (Ver: Cuarto informe de violencia político-electoral (29 de octubre 2022 – 29 de junio 2023))
La situación es alarmante, y es necesario tomar medidas para garantizar la seguridad de los y las candidatas y la integridad de las elecciones regionales en octubre. La violencia política y las amenazas no deben tener cabida en nuestro proceso democrático.
La preocupación por la violencia electoral en Colombia no es nueva. El país ha enfrentado desafíos persistentes relacionados con la seguridad de los candidatos y la integridad de las elecciones. La violencia política ha sido una amenaza constante para la democracia colombiana, y los esfuerzos por mitigarla han sido un tema central en la política y la sociedad.
La historia de Colombia está marcada por décadas de conflicto armado, que involucró a múltiples grupos insurgentes, paramilitares y fuerzas estatales. A pesar de los avances en la firma de Acuerdos de Paz con algunas de estas organizaciones, la violencia no ha desaparecido por completo.
Los candidatos políticos, especialmente aquellos que abogan por el cambio y representan a comunidades marginadas o en disputa, a menudo se encuentran en situaciones de riesgo. Los grupos armados ilegales ven a estos candidatos como amenazas a sus intereses o buscan influir en las elecciones a través del miedo y la intimidación.
La amenaza a la democracia no se limita a las elecciones presidenciales o legislativas. Las elecciones regionales, como las que se celebrarán en octubre, también son críticas para la gobernabilidad local y la representación de las comunidades en el ámbito municipal y departamental. La violencia electoral socava la capacidad de los ciudadanos para elegir libremente a sus líderes y participar en la toma de decisiones políticas.
Es fundamental que las autoridades colombianas tomen medidas para garantizar la seguridad de los y las candidatas y el proceso electoral en su conjunto. Esto incluye una cooperación efectiva entre las fuerzas de seguridad, la justicia y las organizaciones de observación electoral para prevenir la violencia y llevar ante la justicia a los responsables de estos actos criminales.
Cabe añadir que la comunidad internacional también desempeña un papel importante en la promoción de elecciones libres y justas en Colombia. La presión diplomática y el apoyo a la observación electoral son herramientas esenciales para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral. Los observadores internacionales desempeñan un papel clave al informar sobre irregularidades y actos de violencia.
Además, la comunidad internacional puede brindar asistencia técnica y recursos para fortalecer las instituciones democráticas y la seguridad electoral en Colombia. Esto incluye la formación de las fuerzas de seguridad en la protección de candidatos y la prevención de la violencia electoral.
La Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares también advierte que en las diversas negociaciones que se lleven a cabo en el marco de la Paz Total, se deben priorizar las garantías de participación política debido a que, si bien los grupos con los que hay acercamientos no son los mayores agentes perpetradores, tienen responsabilidad en el 30% de los hechos registrados. Además, la Línea destacó que debe haber un trabajo conjunto con los diferentes órganos de control y las diferentes organizaciones.