Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares
En lo que va corrido del año, de acuerdo a información de Medicina Legal, en Arauca se habrían presentado 110 homicidios. Entre estos, en 44 casos las víctimas serían personas de ciudadanía venezolana. Una verdadera crisis humanitaria que trae como resultado una tasa de homicidios cercana a los 40 por cien mil habitantes: toda una tragedia que se repite desde los últimos tres años, cuando las condiciones de convivencia y seguridad empezaron a deteriorarse para un departamento que vivió las mieles de vivir en mayor calma entre 2013 y 2018, no sin sobresaltos, pero, sin duda, lejos de lo que se está viviendo ahora. Esta realidad nos recuerda que Arauca es un territorio sin control del Estado colombiano y que allí mandan más guerrillas y otros grupos irregulares (como nos lo recordó un informe de Human Rights Watch hace un par de años).
El ministro de Defensa, Diego Molano, en el marco del desarrollo de los consabidos Consejos de seguridad, estuvo la semana pasada en la capital del departamento. Se le vio montado en una lancha patrullera sobre el Río Arauca, dando un parte de soberanía y de compromiso del Gobierno colombiano con este territorio: pura demagogia que nadie cree en Arauca. El Estado colombiano no controla ni el rio ni buena parte del territorio; allí mandan el ELN y las disidencias de las FARC. Estos grupos tienen más raíces que las instituciones estatales de seguridad colombianas, que bien saben que hay que andar con mucho cuidado por veredas y caminos, y que cualquier despliegue de fuerza implica todo un operativo militar (como bien lo saben quienes viven en Arauca).
El coronel Pedro Enrique Pérez, comandante del Batallón Especial, Energético y Vial No. 18, fue secuestrado el 17 de abril de 2021 en un hotel en Saravena, Arauca. Desde entonces, se encontraría en poder del ‘Frente 28’ de las disidencias de las FARC. Esta situación es otra evidencia de los graves hechos que han ocurrido en este departamento en materia de seguridad. Y tienen el agravante de que el Ejército Nacional afirma que a Pérez lo tienen en territorio venezolano, lo cual representaría un nuevo hecho de discordia en las inexistentes relaciones entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela.
Arauca es la evidencia de que, en materia de seguridad, el Gobierno del presidente Iván Duque no tiene una política efectiva para tratar con los grupos irregulares que le disputan soberanía y que ejercen verdadero control sobre porciones importantes del territorio nacional. Arauca es uno de los casos más dramáticos en cuanto a la permanencia de dinámicas de violencia y a la persistencia de actores organizados que hacen y deshacen según su leal saber y entender. No hay respuestas efectivas para asumir estos desafíos; solo un Gobierno que ni controla ni tiene una política efectiva para adelantar diálogos o para lograr el sometimiento de estos grupos: todo un fracaso de pe a pa de un país que tenía una senda de superación de las violencias organizadas con los pasos dados por el Gobierno de Juan Manuel Santos (que logró llevar adelante las históricas negociaciones con las FARC-EP y que dejó un país con indicadores de seguridad y convivencia que se han deteriorado en estos tres años del gobierno de Iván Duque).
Los altos niveles de homicidio en Arauca obedecen al fracaso del Estado a la hora de brindar condiciones de seguridad y convivencia. Y, ante ese fracaso, son los grupos irregulares los que ejercen control criminal. Allí están los resultados: 110 homicidios de personas que habrían sido asesinadas en circunstancias que, en buena medida, están por establecerse y que muy seguramente nunca sabremos, porque la acción de las autoridades como la Fiscalía y la Policía Nacional en Arauca es tremendamente deficiente. Esperemos un buen reporte de la Defensoría del Pueblo, que es una entidad con credibilidad en el territorio.
Arauca debe levantar su voz y volver a decir con firmeza que quiere vivir en paz, sin violencias ni coerciones de ningún tipo. Es necesario recordarle al país que son parte de Colombia y que merecen vivir en paz.
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