Por: Luis Eduardo Celis
Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de la Fundación Paz & Reconciliación.
Nuevamente, la dura violencia estropea la vida en Arauca. Mala cosa porque es una violencia entre conocidos, la cual es de la peores y las que más daño causan, difícil de parar y de pronóstico reservado.
El 2 de enero el ELN abrió fuego contra supuestos o reales integrantes de las disidencias de las FARC, 24 muertos en los municipios de Arauquita, Tame, Saravena y Fortul. Las razones aducidas por el ELN están en el involucramiento de esta estructura con militares colombianos para trabajar de manera coordinada en una acción contrainsurgente contra el ELN y de preparar acciones para desestabilizar la frontera. Igualmente, el grupo armado denuncia el involucramiento de los disidentes de las FARC en la promoción de cultivos de coca, lo cual considera inadmisible.
De parte de las disidencias de las FARC han manifestado que han sido agredidos, que venían en conversaciones para tratar las dificultades y un compromiso mutuo de no agresión, que el ELN se comporta de manera “contrarevolucionaria”, fuera de un comportamiento de “compañeros de lucha”. Igualmente, acusa al ELN de estar infiltrado por el Ejército colombiano y de actuar de manera coordinada.
Cada día hay hechos nuevos de esta violencia en curso: el martes fue asesinado Miguel Carrillo, gestor en la Casa de la cultura de Arauquita y el jueves en la madrugada hubo un carro bomba en Saravena, dirigido contra el edificio de organizaciones sociales, causándole la muerte a Simeón Delgado Ruiz, vigilante de la sede del ICA, heridas a más de veinte personas y afectaciones a cerca de 100 establecimientos.
La respuesta del Gobierno nacional ante esta grave situación ha sido reforzar la presencia militar y policial, en el departamento donde hay mayor presencia de la fuerza publica por kilómetro cuadrado y aun así es un territorio donde las condiciones de convivencia y seguridad han sido muy delicadas antes del 2 de enero y ahora son más graves, lo cual evidencia que este gobierno no tiene ni idea de cómo asumir este gran desafío.
La disputa entre ELN y disidentes de las FARC es una lucha por el control territorial, son viejos conocidos y llevan allí cuatro décadas. La última vez que se enfrentaron entre 2005-2011, fueron cerca de mil muertos, en su inmensa mayoría civiles, fue una violencia que las dos partes ejercieron contra comunidades y liderazgos, tristes hechos, aun poco mencionados.
El rico mundo social araucano ha levantado su voz exigiendo respeto a las partes enfrentadas y pidiendo el cese de la confrontación. Igualmente, exigen en que se aborden las causas estructurales que siguen alimentando un territorio con conflictos por tratar, que han demandan dialogo y concertaciones difíciles, pero necesarios y posibles.
Arauca requiere hoy un reforzamiento de la acción de la defensoría del Pueblo, de las medidas de prevención y protección a los liderazgos políticos y comunitarios, planes humanitarios, todo un conjunto de acciones para proteger comunidades, organizaciones, personas. Esto no da espera y debe ser responsabilidad del Gobierno nacional, en diálogo y concertaciones con quienes hoy nuevamente sufren el duro rigor de la violencia.
La violencia en curso entre ELN y disidentes de las FARC, solo la pueden parar ellos, esperemos que no sea tan larga y dolorosa como la anterior.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.