Por: Luis Eduardo Celis, Coordinador
Línea Región, Migración y Frontera
En Arauca ejercer el liderazgo político es una acción peligrosa o ingrata, se puede terminar muerto, preso o desterrado del territorio. Este es el camino que han transitado docenas de importantes líderes de la región en un territorio donde no hay garantías para el ejercicio de la política.
Con una importante presencia de las guerrillas de las FARC y el ELN, desde el inicio de los años ochenta, y que se mantiene hasta el presente, por lo menos en cuanto al ELN se refiere, toda acción política, llámese ejercicio de gobierno, gestión pública u oposición política, está mediada por la existencia del estado paralelo que han erigido las guerrillas y un eficiente sistema de control de todo lo que se mueve en la institucionalidad estatal a nivel departamental y municipal. Es cierto que esto ha ido al ritmo de la confrontación armada, pero siempre ha estado presente, bien sea en la modalidad de acuerdos de convivencia entre políticos y guerrillas, o por momentos de abiertas distancias con lo que ello ha significado de pugnacidad y retaliaciones.
El gobernador de Arauca, elegido en 2019, fue Facundo Castillo, por Cambio Radical y otros aliados políticos. Ya había sido alcalde entre 2012 y 2016, siendo sucedido por Ricardo Alvarado Bestene. Ahora ambos están incursos en procesos penales por corrupción y vínculos con la guerrilla del ELN. Es el camino que han pasado otros gobernadores de Arauca desde que se abrió la figura de elección popular y son poquísimos los gobernadores que no han tenido dificultades con la justicia o con los actores armados, siendo quizás el caso más dramático el de Julio Acosta Bernal, quien habiendo transado en el ELN en los años 80 y parte de los 90, decidió aliarse con el paramilitarismo del Bloque Vencedores de Arauca y abrir una enorme disputa con la guerrilla, que le acarreo un periodo de gobierno signado por los carros bombas y gobernar protegido por un estricto cordón de seguridad, para luego ser incurso en procesos penales que lo tuvieron prófugo unos años, y luego preso, estando sus asuntos penales aún no resueltos del todo y manteniendo un peso político regional relevante.
Esta semana ha sido designado el diputado Willington Rodríguez como el nuevo gobernador de Arauca, para terminar el periodo que se cumple este 31 de diciembre y colocar punto final a una interinidad producida por la captura de Facundo Castillo en los primeros meses del año 2022. Interinidad asumida por designación en responsabilidad de Indira Barrios, quien fue suspendida a finales del año pasado, y cubierta temporalmente por una designación de días de Esteban Mosquera en provisionalidad, hasta que el Ministerio del Interior tomo la decisión de designar a Rodríguez en esta importante responsabilidad.
Lo vivido en los últimos meses en Arauca en el ejercicio de la conducción del gobierno departamental, en medio de una dura violencia agenciada por el ELN y las estructuras de las FARC, disidentes del Acuerdo de Paz, muestra la poca capacidad del gobierno regional para estar al lado de las comunidades que han sufrido la confrontación, sometiéndolos a desplazamientos, salida de liderazgos comunales para salvar sus vidas y el permanente confinamiento y estricto control de muchas dinámicas de la vida social sin que el gobierno departamental sea un actor relevante por su acción humanitaria o de exigibilidad de protección por parte de las autoridades. Ha sido una constante de la vida del departamento las dinámicas de violencia y la falta de acción del estado departamental, lo cual difiere de la acción de alcaldes y personeros, que en muchos momentos han sido cumplidores de sus deberes de acompañar y exigir los derechos de las comunidades.
En medio de este panorama tan desolador, resalta la siguiente comunicación firmada por un grupo plural de líderes políticos del primer nivel departamental en el cual hacen un conjunto de reflexiones y propuestas para pensar en la superación de las graves situaciones que se siguen viviendo en Arauca:
Ya se ha dicho en anteriores ocasiones cuando se habla de Arauca: allí no hay estado de derecho de calidad, existen varios estados, el formal colombiano y el informal que ha construido el ELN y debe ser propósito de la política de Paz Total, en cuanto compete a Arauca, el construir un solo estado de acorde al formulado en la Constitución del 91, que en verdad trabaje y promueva derechos para el conjunto de la ciudadanía araucana y se apersone de políticas públicas en todos los niveles para quienes más requieren de la acción de un estado que se ponga al lado de sus derechos y justos reclamos de vida digna, donde están muy arriba los atropellados pueblos indígenas, que han vivido un enorme drama, sobre todo, los que debieron cambiar su cultura nómada, por una cultura fuertemente campesina, con la que han chocado de manera grave.
La acción política tiene muchos déficits en Arauca y el principal no solamente es legitimidad y credibilidad, como en todo el país y buena parte del mundo, sino que debe superar los poderes tras bambalinas con los que ha debido convivir.