¿Aprendiz o trabajador? El SENA en el corazón de la reforma laboral

Por: Sebastián Solano

Coordinador de Línea de Jóvenes, Fundación Paz & Reconciliación

En Colombia, hablar de juventud y trabajo es enfrentarse a una contradicción estructural: se exige experiencia, pero no se ofrecen oportunidades. En ese campo minado de promesas incumplidas se ubica el contrato de aprendizaje, una figura que durante décadas ha sido la puerta de entrada a la precarización para millones de jóvenes. Hoy, en el contexto de la reforma laboral de 2025, el debate sobre el SENA y sus aprendices vuelve a tomar el centro de la escena legislativa y pública. Pero la pregunta de fondo sigue sin resolverse: ¿el aprendiz es un sujeto en formación o un trabajador negado?

Un concepto crítico desde el SENA

El SENA, entidad que por décadas ha sido pilar de la formación técnica en el país, emitió un concepto tajante frente a la ponencia mayoritaria del Senado: la reforma, en su estado actual, reinstaura una fórmula “ambigua y regresiva”. El señalamiento no es menor. Según el documento, la propuesta va en contravía de los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y desconoce los avances logrados previamente en la Cámara de Representantes, donde se había planteado el reconocimiento del contrato de aprendizaje como un vínculo laboral especial.

El concepto también alerta sobre un retroceso concreto y alarmante: la eliminación tácita de la obligación de afiliación en salud durante la etapa lectiva. Esta omisión dejaría sin cobertura médica a más de 31.000 aprendices en 2025. En un país que ha prometido fortalecer la protección social, resulta difícil justificar que quienes apenas inician su camino laboral lo hagan desde la intemperie.

A la tensión técnica se suma una fractura política. La senadora Aída Avella (Pacto Histórico) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) retiraron su respaldo al proyecto por considerar que vulnera el espíritu transformador de la reforma. Mientras tanto, sectores empresariales —con la ANDI a la cabeza— advierten que convertir el aprendizaje en vínculo laboral podría encarecer la contratación y disminuir su atractivo.

¿Qué cambia —y qué no— para los aprendices?

Actualmente, el contrato de aprendizaje no garantiza acceso a prima, vacaciones, negociación colectiva ni auxilio de transporte. Se trata de un vínculo laboral simulado: útil para las cifras institucionales, pero nocivo en la experiencia cotidiana del joven. “Persistir en un vínculo no laboral implica perpetuar una lógica de excepcionalidad que condena a miles de jóvenes a iniciar su vida laboral desde la desprotección”, advierte el documento del SENA. No es una frase suelta; es una alerta institucional que exige ser tomada con seriedad.

Hoy, un aprendiz del SENA recibe un auxilio equivalente al 50 % del salario mínimo durante su etapa lectiva y al 75 % en la práctica. La reforma propone elevar estos porcentajes al 75 % y 100 %, respectivamente, además de garantizar su afiliación al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales. En cifras actuales, estos pagos equivaldrían a $1.067.600 y $1.423.500 mensuales.

Sin embargo, pese a esta mejora económica, el fondo del problema persiste: el contrato sigue sin ser reconocido como un vínculo laboral. Es decir, los aprendices continúan excluidos de derechos como prima, vacaciones, negociación colectiva y auxilio de transporte. El propio SENA lo reitera con firmeza: “Persistir en un vínculo no laboral implica perpetuar una lógica de excepcionalidad que condena a miles de jóvenes a iniciar su vida laboral desde la desprotección”.

Milena estudiante del SENA en etapa productiva ,entrevistada por el equipo de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil de Pares, relata con claridad esa precariedad encubierta. Trabaja con el mismo horario que un empleado formal, pero por una remuneración más baja. No cotiza pensión; su afiliación a salud depende del patrocinador; no accede a beneficios de bienestar y, en varias ocasiones, le han exigido cumplir tareas por fuera de su jornada. Su testimonio no es excepcional. Es el reflejo de un sistema que normaliza el sacrificio juvenil en nombre de la “formación”.

De acuerdo con Sindesena, esta exclusión se traduce en pérdidas económicas concretas: cerca de $350.000 mensuales en ingresos y más de $800.000 en aportes prestacionales por aprendiz. No son cifras menores. Son la expresión contable de una brecha estructural.

Lo que se ha aprobado y lo que falta

En términos normativos, el artículo 23 recoge los nuevos porcentajes de pago y la cobertura en salud y pensión. El artículo 25 establece una sanción de 1.5 salarios mínimos por cada aprendiz no vinculado, aunque el SENA ha propuesto elevar este valor a 2 salarios para desincentivar la monetización de la obligación. Es decir, evitar que las empresas prefieran pagar una suma en dinero antes que formar a un joven en condiciones dignas.

Además, la reforma redistribuye los recursos provenientes de esa monetización: 25 % irá a cobertura rural y otro 25 % al Fondo Emprender. Pero, sin explicación clara, se elimina el 50 % previamente destinado al sostenimiento directo de los aprendices. Una decisión silenciosa, pero de alto impacto.

¿Una reforma para quién?

Para el representante Alfredo Mondragón, también exaprendiz del SENA, el problema es histórico: “La Ley 789 de 2002 convirtió a los aprendices en mano de obra barata. Hoy intentamos corregir esa injusticia”. Pero si el Congreso no da el paso decisivo de reconocer la laboralidad del aprendizaje, el intento quedará a mitad de camino.

Desde la Línea de Jóvenes de Pares lo decimos con claridad: esta reforma no puede ser un simulacro de inclusión. Dignificar el aprendizaje implica reconocerlo como parte del mundo del trabajo y no como una excepción a este. Mientras el Estado siga promoviendo figuras de semi-trabajo para su población joven, la brecha de desigualdad seguirá abriéndose.

Reconocer el carácter laboral del contrato de aprendizaje no es solo una exigencia técnica o jurídica. Es un acto ético. Es el primer paso para que el país deje de tratar a sus jóvenes como futuros ciudadanos y empiece a reconocerlos como sujetos de derechos aquí y ahora.