• Laura Natali Cano Murillo

Antiguo secretariado de las Farc niegan haber incurrido en trabajo forzado y esclavitud

Por: Laura Cano

Periodista Pares

Foto tomada de Carlos Ortega. EL TIEMPO

Durante la semana pasada se había conocido que la Justicia Especial para la Paz, JEP, había decidido reconocer un concepto emitido por la Procuraduría General de Nación, en el que se afirmaba que durante los años en el que la guerrilla estuvo inmersa en el conflicto armado en Colombia incurrieron en acciones de trabajo forzado y/o esclavitud contra las personas que fueron secuestradas por la guerrilla.


Para llegar a esto, la Procuraduría documentó más de 70 casos, en los que víctimas de secuestro, principalmente, aseguraban que habían sido obligadas a realizar trabajos forzados. Además, principalmente, los testimonios provenían de personas campesinas, quienes afirmaron que el grupo guerrillero les habría obligado a transportarlos y a realizar actividades agrícolas como formas de castigo ilegítimo.


Además desde el Ministerio Público se afirmó que hubo “varios casos en los que las víctimas fueron comercializadas entre la guerrilla y la delincuencia común, ejerciendo atributos de propiedad sobre las personas. Estas conductas configuran crímenes de lesa humanidad, por lo que los comparecientes del caso 01 tendrán 10 días hábiles para reconocer esta conducta ante la Sala de Verdad”.


Así las cosas, antes de que se cumplieran los días establecidos para que el antiguo secretariado de las Farc se pronunciara ante los hechos, se conoció que los dirigentes del partido Comunes, habían rechazado haber incurrido en estas prácticas, aseverando que no fueron una organización esclavista, por lo que aseguraron que interpondrán los recursos que contempla la ley y el Acuerdo ante la jurisdicción.


“Por todas estas razones y porque está en juego la dignidad de quienes firmamos y cumplimos el acuerdo y hemos tomado conciencia de nuestros errores, no compartimos que las conductas que ya hemos reconocido y que afectaron la dignidad de los secuestrados, sean ahora calificadas como esclavitud. (...) Sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las Farc-EP fue una organización esclavista”, afirmó Rodrigo Londoño, quien a través de un video hizo el pronunciamiento.


Asimismo, Londoño aseguró que desde la firma del Acuerdo de Paz han estado comprometidos con la construcción de paz, y en ese sentido y en relación con el Caso 01 que se desarrolla en la JEP, han aceptado su responsabilidad, y han llevado a cabo más de 200 actos de reconocimiento de manera unilateral, donde escucharon a las víctimas.


Hay que traer a colación que desde julio de 2018, en la JEP se resuelve el caso 01 de Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP, donde hay 2.664 víctimas acreditadas. En el marco de este caso se ha logrado reconocer a 21.396 víctimas de secuestro. Además, el 26 de enero de 2021, se imputó al antiguo secretariado de las FARC-EP por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, entre otros. Por estos hechos fueron determinados culpables: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.


“El macrocaso 01 ha sido una posibilidad para reflexionar sobre la errada política de secuestro, que en su momento adoptamos. Hemos reconocido, con sinceridad, que estos hechos, por su gravedad, son crímenes de guerra de lesa humanidad. Hemos reconocido el dolor que causamos a las víctimas al privarlas de su libertad y atentar contra su dignidad. Además de haber sometido a sus familias al sufrimiento ante la incertidumbre del paradero de sus allegados”, agregó.


Además, desde el antiguo secretariado de las Farc, se instó a que a que desde la JEP se priorice el enfoque de la justicia restaurativa, más no el punitivista de la justicia ordinaria. “El rol del juez transicional debería ser garantizar la verdad, justicia y reparación de las víctimas y al mismo tiempo, buscar que sus decisiones allanen el camino de la paz estable duradera y completa como lo pactamos en el acuerdo final de paz”, concluyó Londoño.