Por: Laura Cano, Periodista Pares.
Hoy, desde el municipio de Algeciras se reporta una crítica cifra de desplazamiento forzado, al conocerse a través de la Personería Municipal que cerca de 10 familias, integradas por 42 personas, declararon la necesidad de abandonar el municipio. Esto luego de una ola de violencia que viene afectando y causando temor a la población de esta zona, que suma cerca de 24.662 habitantes, y que durante este año ha registrado cerca de 50 desplazamientos forzados.
La situación no es nueva, incluso viene precedida por la alerta que se hizo desde el partido Farc sobre el desplazamiento de 11 familias durante las primeras semanas de junio, situación resultante de una agudización en las intimidaciones, persecución y amenazas a las personas en proceso de reincorporación y sus allegados.
Es necesario nombrar que los asesinatos sistemáticos contra lideresas y líderes sociales, al igual que de excombatientes, se ha convertido en una constante que ha cobrado solo en el periodo de aislamiento, al menos, la vida de 07 personas que hacían parte de procesos sociales, que se encontraban en proceso de reincorporación o eran familiares de éstos.
Justo en este panorama se registró el 05 de julio el asesinato de Gentil Pasos Lizcano, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Puente en el municipio huilense, además también era reconocido por su trabajo en el sector agrario y por su defensa a los derechos de los campesinos.
Pasos Lizcano fue interceptado por los atacantes cuando se encontraba en una tienda de la vereda, en la cual también fue dejado un panfleto firmado por la columna móvil Teófilo Forero conformada por disidentes de las Farc, en la cual se amenazan a diez familias, entre ellas la de Gentil Pasos. Este ha sido uno de los hechos precisos que ha generado aumento de desplazamientos forzados en los últimos días.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció al respecto, mostrando su preocupación por la violencia que no da tregua en la zona: “Condenamos las amenazas que hoy desplazan a 7 familias, 42 personas, de la zona rural del municipio de Algeciras, Huila. Estamos en seguimiento a la atención y protección de las víctimas”.
Adicionalmente, también hicieron un llamado frente al asesinato de Gentil Pasos y las amenazas que han llegado a la zona, afirmando que harán “seguimiento a la atención y protección de las víctimas. Expresamos nuestra solidaridad y condolencias”.
La historia de violencia que se repite
Aunque el anterior fue el primer asesinato selectivo ocurrido durante el mes de julio, hay que mencionar que esta crítica situación de Derechos Humanos y desprotección hacia los habitantes de Algeciras ha venido agudizándose desde 2018, año en el que, según la Defensoría del Pueblo, hubo un incremento en los casos de extorsiones, homicidios, amenazas a través de panfletos e instalación de minas antipersonal.
Asimismo, según lo analizado en la Alerta Temprana N° 063-18 estas acciones “son atribuibles a disidentes de las FARC-EP que decidieron no acogerse al proceso de paz, y bajo el mando de mandos medios que se han atribuido el comando de estas nuevas estructuras, tienen el interés de controlar el territorio y las comunidades donde las FARC-EP operaron”.
Vale la pena mencionar que en Algeciras hace presencia la Columna Teófilo Forero de las disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia, a través de la Unidad Oscar Mondragón, la cual en un principio fue creada en el año 1992 para fortalecer acciones bélicas del Bloque Sur de las FARC – EP, la que tuvo una importante incidencia durante el conflicto armado en Caquetá y Huila, dejando, solo en Algeciras, 12.803 víctimas entre 2002 y 2011.
Hoy a esta misma columna se le atribuyen algunos de los hechos victimizantes ocurridos en lo que va del año en esta zona, donde se han reportado los asesinatos de:
Mireya Hernández Guevara, extesorera de la JAC del barrio 20 de julio; John Fredy Álvarez Quinayas, integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Algeciras ASTRACAL; Esder Pineda Peña, integrante de Cooagropaz y ex combatiente de las Farc; Humberto Guzmán Morales, exintegrante del partido Unión Patriótica (UP); Saúl Rojas González, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Juanito; Monroy Buitrago Rojas, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Algeciras; Yhan Carlos Montaño Ovalle, hijo de Javier Montaño, excombatiente de las Farc; Rulber Anacona Ordoñez, recolector de café; Edinson Fernando Pérez Álvarez, primo de Jhon Fredy Álvarez y Orlando de Jesús Quinceno Monsalve, agricultor de la vereda Santuario.
Excombatientes en riesgo
Otra de las situaciones que pone en la lupa la situación de violencia en este departamento es lo que está pasando en las seis Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) existentes en el Huila, en este caso preciso en la que se encuentra en Algeciras, donde han asesinado a dos firmantes y donde a la fecha cerca de doce familias se han desplazado forzosamente.
A esta grave situación se suma que el Gobierno no reconoce oficialmente las NAR, al ser una figura que no está contemplada en el Acuerdo de Paz. Sin embargo, según el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), en esta área se han reportado, por lo menos, 317 amenazas, 36 atentados, doce desplazamientos forzados y 42 persecuciones.
Adicionalmente, en la Alerta Temprana N° 063-18 de la Defensoría del Pueblo se puntualizó que en las poblaciones en situación de riesgo en Algeciras se encuentran en un escenario que merece especial atención “la población reincorporada de las FARC que han recibido amenazas y han sido víctimas de atentados”.
Es necesario mencionar que la desatención y falta de garantías con la población excombatiente en este municipio no solo se evidencia en los hechos anteriormente nombrados, sino también en el abandono del Estado para dar viabilidad a los proyectos productivos de las personas en proceso de reincorporación que se ubican en Algeciras, donde funciona la Cooperativa Multiactiva Agroindustrial de Algeciras, la cual se ha visto directamente afectada, entre otras cosas, en uno de sus intereses que es sembrar 100.000 matas de café, pero que ante el miedo y amenaza que viven los excombatientes día a día han tenido que poner en pausa el proyecto, logrando hasta el momento solo el 12% de sembradío, que a junio debió ir cerca del 85%.
Hoy, una vez más, son necesarias las acciones y la atención del Gobierno, las cuales necesitan de precisión para frenar la ola de violencia que se vive en los territorios, y que hoy como radiografía pone de nuevo el desplazamiento forzado, los asesinatos sistemáticos y las amenazas por parte de grupos armados ilegales como una realidad del presente.