Por: Paola Andrea Perdomo. Investigadora Nacional Pares.
Mientras el gobierno nacional se niega a reconocer la compleja crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo, Norte de Santander, asegurando que la seguridad en la subregión está garantizada, que los hecho recientes de violencia responden a “actos de constreñimiento” o que son apenas “situaciones” que se presentan en este territorio, la población en esta subregión permanece en una situación de violencia y confinamiento, y los grupos armados al margen de la ley siguen imponiendo sus acciones y control en el territorio.
El paro armado en el Catatumbo llevado a cabo por por el EPL o Pelusos y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) hace unos pocos días es apenas uno de los hechos que llama la atención sobre la situación de seguridad de este lugar del país.
Sin embargo, las acciones armadas desarrolladas durante este, las repercusiones sobre la población civil, así como la respuesta institucional durante los días de paro armado, además de agravar la situación ya existente, permitió confirmar la incapacidad del gobierno de garantizar la protección de esta población, así como ratificar la amplia amenaza que representa para la subregión la escalada de dominio de estos grupos armados ilegales y sus disputas por el control del territorio.
Un balance del paro armado
El paro armado iniciado el pasado 12 de febrero por parte del EPL, aún con fecha de terminación indefinida, y el llevado a cabo por el ELN entre los días 14 y 16 de febrero, ha dejado un balance en el Catatumbo de más de una decena de vehículos interceptados e incinerados, el derribamiento de una torre de telefonía (San Calixto), uso de artefactos explosivos (Villa del Rosario Cúcuta, Ábrego, Ocaña, también del lado Venezolano) -algunos identificados y detonados de forma controlada por parte de las autoridades-, desplazamientos masivos (Hacarí, Ábrego), confinamiento de la población civil y la muerte de un integrante del Ejército por acción de un francotirador (Convención).
Además, este paro dejó desabastecimiento de alimentos, pérdida de 675 toneladas de alimentos que no pudieron ser distribuidos y 1.875 toneladas aún represadas en zona rural, de acuerdo con pronunciamientos de asociaciones campesinas de la subregión.
A esto se suma la continuidad de los enfrentamientos entre el ELN y el EPL, quienes desde finales del 2017, tras el rompimiento de un pacto de convivencia, han librado una fuerte disputa por el copamiento de las zonas postFarc en el departamento, buscando participar del control del narcotráfico y otras economías ilegales manejadas por el extinto grupo, como el cobro de las vacunas sobre diferentes mercados lícitos e ilícitos, principalmente en el municipio de Tibú.
La disputa además obedece al interés por posicionarse y tomar el control de los mercados criminales en zona de frontera. Como consecuencia, entre el 2018 y 2019, hubo municipios del Catatumbo con un incremento alarmante en la violencia homicida: Abrego, Convención, San Calixto y Sardinata.
De manera que en pleno paro armado, no siendo menos complicada la situación de seguridad en el territorio, las comunidades de Convención, Hacarí, Teorama y San Calixto reportaron fuertes enfrentamientos entre ambos grupos armados ilegales.
En este video se evidencian las ráfagas de bala que cruzan por encima de los techos de las viviendas, mientras de las desoladas calles, escuelas y tiendas desabastecidas reflejan el grado de intimidación provocado por estos grupos armados.
En estos mismo municipios, desde finales del año pasado la Defensoría del Pueblo viene alertando desplazamientos masivos a causa de la llegada del EPL a veredas, donde, con lista en mano, ordenan a familias a salir del territorio en menos de media hora.
A todo este convulsionado escenario, la institucionalidad ha respondido con el incremento en los de puestos de control, patrullaje, recompensas e incremento en el pie de fuerza -en más de 5.000 hombres ha incrementado este pie de fuerza en el Catatumbo durante el gobierno de Iván Duque-.
No obstante, la población Catatumbera no percibe ningún resultado contundente, por el contrario, considera que hay una actitud de omisión de la Fuerza Pública frente a la presencia y accionar de estos grupos armados ilegales y otros que hacen presencia en la subregión. Además, organizaciones sociales del territorio resaltan los mayores riesgo que implica la elevada militarización como respuesta a la situación de seguridad y crisis humanitaria en el Catatumbo.
En este sentido las comunidades siguen a la espera que el gobierno atienda a sus obligaciones y deberes internacionales de protección y garantía de derechos de las comunidades que se encuentran en medio de esta confrontación armada, a través de respuestas y medidas que no configuren un mayor riesgo para la población civil, en las que se busque una salida dialogada al conflicto.
Entre otras cosas, esta implicaría reanudar los diálogos ya iniciados con la guerrilla del ELN, quien no solo en la subregión sino a nacional ha venido fortaleciéndose, y aunque no cuenta con un poder de desestabilización del Estado, si evidencia una importantísima capacidad de sabotaje.