Por: Redacción Pares
Al menos 2.250 habitantes de las comunidades negras e indígenas del municipio de Bojayá, Chocó, están sufriendo una situación de confinamiento debido a la inminente confrontación armada entre las AGC y el ELN. Por el trabajo en terreno de la Defensoría del Pueblo se ha podido corroborar que esta situación se agravó durante el mes de septiembre y en lo corrido de esta semana. Además, los grupos armados ilegales amenazaron a 16 líderes y residentes de ese municipio que se han opuesto a su presencia. Y, como estrategia de guerra, estas estructuras armadas instalaron minas antipersonales en las zonas de cobertura telefónica para evitar las comunicaciones en la región.
El pasado 9 de abril, la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 017-19, relacionada con el riesgo al que se encuentran expuestas las comunidades indígenas y afrocolombianas de las cuencas de los ríos Napipí (Carrillo, Unión Cuity, Unión Cuity Central), Opogadó (Mesopotamia, Egoroquera, Unión Baquiaza), Doguadó (Playita, Villa Hermosa) y Bojayá.
Por la más reciente situación, la Defensoría instó urgentemente a la Gobernación del Chocó a convocar de manera urgente al Comité de Justicia Transicional para coordinar la atención humanitaria a la comunidad que está confinada, sin acceso a la pesca o sus cultivos, y por lo tanto sin alimentación adecuada, y sin servicios de salud.
El accionar del ELN
Cabe recordar que según las investigaciones del informe ‘realizado por Pares ‘Más Sombras que Luces’, a julio de 2019 el ELN hace presencia en 136 municipios del país entre los que se encuentra la expansión en municipios como Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién en el caso chocoano. Ahora bien, en el informe se establece que las acciones del ELN alcanzan la cifra de 400 y han sido perpetradas por al menos 3.000 combatientes.
De acuerdo con las investigaciones de PARES, el ELN es un actor dominante para el caso de la región del sur del Chocó. Justamente, los frentes Cacique Calarcá y Che Guevara, estructuras que hacen parte del Frente de Guerra occidental de las FARC. Con lo correspondiente al control ejercido por el frente Che Guevara, este estableció una consolidación sobre el corredor del San Juan llegando hasta la zona del Litoral.
Tal y como lo advierte este informe Pares, el control de este frente es ejercido en los siguientes municipios: Medio San Juan, el Bajo San Juan, Istmina, Sipí, El Litoral del San Juan y, a través de Nóvita, hasta San José del Palmar, que se concentra sobre todo en la zona del Alto Tamaná y el Corregimiento de La Italia.
Por su parte, el frente Cacique Calarcá opera fundamentalmente en el municipio de Tadó y en Río Iró. Precisamente, este frente genera grandes afectaciones a las comunidades indígenas y afrodescendientes ubicadas en la zona que limita entre el departamento de Chocó con Risaralda. De acuerdo con el informe de Pares “esta estructura tiene como escenario principal el municipio de Tadó en las veredas de Bochoromá, Oscordó, Playa de Oro, zonas donde se encuentran los resguardos indígenas de la etnia embera katío de Tarena, MondóMondocito y Bochoromá-Bochoromacito, y en Río Iró en la zona rural de Santa Rita.”
Frente a la fuerte presencia de este grupo armado en el departamento y atendiendo a las denuncias hechas por la población víctima de desplazamiento, se espera atención humanitaria por parte del Gobierno Nacional. En lo corrido de 2019 en Chocó, según el Registro Único de Víctimas (RUV), se han registrado 671 casos de amenaza, 8.347 casos de confinamiento y 3.235 casos de desplazamiento forzado.