Por: Katerin Erazo, Periodista
El pasado 12 de marzo, se llevó a cabo una sesión plenaria del Senado de la República, convocada para abordar una moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Los impulsores de esta propuesta de moción de censura incluyen a los senadores Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde; Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Miguel Uribe y Carlos Meisel, del Centro Democrático; y Antonio Zabaraín y David Luna, de Cambio Radical. Su propósito principal era llevar a evaluación la labor que Velásquez ha desempeñado en el Ministerio desde el 7 de agosto de 2022.
Durante esta moción, el senador Jota Pe Hernández desató un escándalo al denunciar una preocupante situación en Tolima y Arauca: las disidencias de las FARC estarían exigiendo una carnetización a los habitantes, especialmente a los conductores, bajo amenazas.
Según las revelaciones del congresista Hernández, los conductores están siendo citados mediante panfletos intimidatorios para acudir a puntos designados por las disidencias, su pena de inmovilización de sus vehículos en caso de incumplimiento. Al parecer, en estas reuniones, se les entrega un carnet que les permite transitar por ciertos corredores viales, pero a cambio se les exige una suma de dinero, como lo evidencia el caso de un ciudadano identificado como Camilo, quien tuvo que desembolsar $1.000.000 el pasado 28 de febrero.
Además de esta grave situación, el senador Hernández también señaló otras actividades ilícitas realizadas por estas organizaciones criminales, como retenes ilegales, patrullajes, funerales en vías públicas e incluso la inauguración de obras de infraestructura. "ministro, que se estén inaugurando obras no es responsabilidad de las fuerzas militares; es consecuencia de la permisividad y los espacios que estos grupos guerrilleros han visto por parte de este Gobierno", enfatizó el congresista durante la sesión en el Senado.
Incluso, se han documentado casos en los que los integrantes de estas organizaciones entregan útiles escolares a niños de escuelas rurales, como ocurrió recientemente en Norte de Santander, donde los menores fueron formados en filas para agradecer y aplaudir frente a la cámara.
La gestión del ministro de Defensa también fue cuestionada debido a las alarmantes cifras de violencia en el país. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde que el presidente Gustavo Petro asumió el cargo, se han registrado 137 masacres en Colombia, dejando un saldo de 438 víctimas, además de 300 líderes y lideresas sociales asesinados.
Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), ha observado que Colombia está experimentando un cambio en su enfoque de seguridad. Históricamente, el país ha seguido una doctrina de seguridad que enfatizaba el control y la vigilancia, a menudo medida por la cantidad de operativos realizados. Sin embargo, el Gobierno actual ha adoptado un enfoque diferente, como lo evidencia su negativa a utilizar bombardeos como estrategia de control contra grupos armados.
Aunque el Gobierno actual ha sido claro en su posición, se han presentado situaciones que no corresponden a su gestión. El ministro ha tenido que aclarar que ciertos eventos no ocurrieron durante su mandato, como lo planteado por el senador Jota Pe respecto a hechos pasados.
Marín destaca que, a pesar de las políticas gubernamentales, el ELN sigue fortaleciéndose en áreas donde ha tenido presencia histórica. Esto se refleja en informes recientes que muestran el fortalecimiento de esta organización en ciertas regiones, como el norte del Cauca y el Valle del Cauca. Además, se observan conflictos en torno a las economías ilegales, como la minería en Antioquia y el Bajo Cauca, donde se enfrentan el ELN y el Clan del Golfo. Situaciones similares se presentan en el Chocó.
A pesar de estos desafíos, se han llevado a cabo acciones contra grupos criminales, especialmente el Clan del Golfo. Se han realizado operativos y capturas de miembros de esta organización, lo que refleja una coordinación institucional entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía. Estas acciones no solo se traducen en combates o bajas militares, sino también en operativos y decomisos, lo que contribuye a la lucha contra la delincuencia y la percepción de seguridad en los territorios.
Marín también subraya que el conflicto en Colombia no se limita a organizaciones conocidas como el ELN o el Clan del Golfo, sino que también implica a una serie de organizaciones criminales que operan en diversos territorios, exacerbando la inseguridad y los actos victimizantes en estas áreas.
El senador Hernández reveló que en los 32 departamentos del país hay presencia de organizaciones armadas, con 17.600 integrantes desplegados por todo el territorio nacional.
Estas revelaciones generaron un intenso debate en el Senado, donde se exigió una acción contundente por parte del Gobierno para enfrentar esta grave problemática que afecta la seguridad y el bienestar de los colombianos en diversas regiones del país.
Según datos de la Línea Paz, Posconflictos y Derechos Humanos de Pares, en 2023 se registró la presencia de diferentes grupos armados en varios municipios: el Clan del Golfo estuvo presente en 269 municipios; el ELN en 215 municipios; el Estado Mayor Central en 166 municipios; la Segunda Marquetalia en 55 municipios; el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 10 municipios; y los Pachenca en 9 municipios.