Por: Raúl Cubas, Coordinador
Odevida, Capítulo Venezuela
No es una novedad que en Venezuela las organizaciones de derechos humanos o activistas que asumen el compromiso de defender el derecho a defender derechos, sean víctimas de amenazas, estigmatización e incluso de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, como es el caso de Javier Tarazona, de la organización Fundaredes.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), en su informe correspondiente al período 2017-2021, afirma que: “las agresiones, amenazas y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria aumentaron progresivamente, evidenciando un ambiente complejo y hostil para el ejercicio de acciones relacionadas a la defensa, exigencia y promoción de derechos y la actividad humanitaria en el país.”
Cabe destacar que uno de los principales elementos de preocupación para el CDJ “es el aumento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales, fueron empleados para justificar la tesis del Enemigo Interno”.
Pero además de la persecución judicial, organizaciones y defensores y defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente se enfrentan también a la violencia letal. El asesinato el 30 de junio de 2022 del guardián territorial Virgilio Trujillo Arana, indígena del Pueblo Uwottüja (Piaroas), por parte de un grupo externo armado (GEA) no identificado, generó preocupación y repudio de las comunidades piaroas, que exigieron el esclarecimiento del crimen y el establecimiento de responsabilidades de los autores materiales e intelectuales.
En esa oportunidad, el Grupo de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, expresó que las luchas que tienen los aborígenes por sus territorios, en contra de la minería ilegal, pistas clandestinas y hasta el narcotráfico, no son nuevas. “Hoy, los agentes oscuros del extractivismo fueron por Virgilio, en venganza por su compromiso de defender la Amazonía venezolana”.
También la misión de la Unión Europea en Venezuela emitió un comunicado para condenar el asesinato del líder indígena en el estado Amazonas, en el que condena “el asesinato del líder indígena y activista ambiental Virgilio Trujillo. Reiteramos nuestro apoyo al trabajo de los líderes indígenas, territoriales y ambientales en defensa de sus territorios, y a todos los defensores de derechos humanos”.
Los niveles de violencia que afectan a los pueblos indígenas vienen siendo denunciados por el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), que ha registrado entre 2013 y 2022 un total de 40 líderes indígenas y ambientales asesinados, 25 de ellos por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 15 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Lo grave del caso, es que en su gran mayoría estos crímenes permanecen en la impunidad por la inacción del Ministerio Público y por la anuencia o complicidad de algunas autoridades políticas y militares, que según lo denunció la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas “están vinculadas, en distinto grado, con las redes criminales que controlan la producción y comercialización ilegal de oro en el Arco Minero y otras zonas mineras”.
Ante esta inquietante realidad, y en especial la que viven los pueblos indígenas que defienden sus territorios ancestrales, es necesario promover diálogos locales y nacionales con las autoridades para que aboquen a buscar solución para erradicar a los grupos externos armados (GAE) y poner en práctica una política social que incluya la participación de las organizaciones indígenas en proyectos productivos alternativos a la minería.
Y por si todo esto fuera poco, ahora la persecución judicial en contra de la defensa de los derechos humanos, parece que va a arreciar en Venezuela. Dice un dicho popular: “cuando el río suena es que piedras trae”. La Asamblea Nacional acaba de aprobar en primera discusión el proyecto de “Ley de Fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”.
Mala señal. Amanecerá y veremos…