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Acabar la explotación sexual en Medellín a punto de volantes


Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia





El pasado martes 9 de abril, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, buscó ser la primera imagen que vieran los turistas extranjeros que entraban por el aeropuerto José María Córdova. Pretendía que los visitantes, al cruzar la puerta de Migración Colombia, se encontraran con la cara dura del mandatario local. Quien, con un volante en las manos, les informaba que está prohibido, en este territorio, cometer delitos sexuales con menores de edad.

 

Para el turista, la bienvenida a la ciudad la hacía —nada más ni nada menos— que el alcalde de la capital paisa; quien a capela y con voz estentórea, los saludaba desde lejos, para luego encararlo y decirles de frente que “si vienen a Medellín a prostituir sus niños, niñas y adolescentes se les captura” y se les asignará penas que podrían “dar hasta 25 años de cárcel”. Les advertía con su acento marcado de paisa que: “quienes tengan temas de drogas, explotación de menores o trata de personas, los vamos a perseguir, vamos a ser su peor tormento”.

 

La amenaza fue la estrategia que adoptó el mandatario local de Medellín para atender el incremento en los delitos sexuales contra la población de niños, niñas y adolescentes que viven en la ciudad. Lo hizo, luego del escándalo mediático que se dio, a finales de marzo de 2024, donde se capturó —y dejó en libertad— a un turista estadounidense, por estar con dos menores de edad en un prestigioso hotel de El Poblado de su ciudad.

 

Lo cual resulta una apuesta aparentemente loable y muy apropiada, pues la hace el líder político de la ciudad, aquel que desea defender de agresores externos a su población —en especial los más desfavorecidos—. Sin embargo, este no es el camino más apropiado para atacar de raíz y de forma contundente el fenómeno de la Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA).

 

No es apropiado, porque es un tema que lleva muchos años en la ciudad y no se debería estar improvisando en ésta materia. Tampoco, porque se está estigmatizando a todos los turistas que visitan a Medellín y van a El Poblado, cuando los mayores responsables del problema han sido otros y se ha tenido otros epicentros en la ciudad. Y mucho menos, porque estamos ante una problemática que debe ser afrontada colectivamente, con programas integrales de largo aliento, y no con acciones de un funcionario público que responde a la coyuntura y de forma mediática.

 

Desde hace varios lustros, el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de la Fiscalía —quien es uno de los mayores responsables de atender a las víctimas de ESCNNA en la ciudad— nos viene reportando cifras sobre está problemática. En sus informes reporta que este no es un fenómeno nuevo en el territorio: entre 2012 y 2015, por ejemplo, fueron 3.979 casos denunciados de menores de edad que reportaron explotación. Además, en sus cifras anuales se evidencia, con preocupación, que este asunto ha ido incrementándose de manera acelerada en los últimos años.

 

Otros informes, como los publicados por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, indican que los sectores críticos de la explotación sexual y comercial históricamente han sido otras comunas de la ciudad, diferentes a El Poblado. Los estudios de localización de la ESCNNA señalan a Aranjuez, Prado Centro o La Candelaria como los espacios de la génesis del fenómeno. El historial de casos de explotación se centran aun hoy en lugares como los parques: Bolívar, Berrío, San Antonio, de Las Luces y de los Pies Descalzos, que están lejos del lugar que hoy se estigmatiza.

 

El problema está en que los agentes económicos ilegales —organizaciones criminales, victimarios-proxenetas, explotadores sexuales, dueños de moteles clandestinos y empresarios criminales— que trafican con este tipo de servicios, buscan los lugares turísticos, aquellos donde hay mayores recursos y mayor flujo de personas, para ofrecer los servicios sexuales y aumentar las ganancias. Recursos que traen los acaudalados extranjeros que se encuentran en El Poblado o Laureles —lugares con mayor seguridad— y no en los habituales clientes locales que sin recursos siguen visitando La Candelaria, en el centro de la ciudad.

 

En este sentido, el problema no se ataca con acciones emanadas de la pasión, con la voz estridente y bullosa de un líder político que reparte hasta el cansancio volantes en los aeropuertos —según cifras de Migración Colombia a la ciudad llega el 15% de los extranjeros que visita al país y que anualmente supera el medio millón de turistas—. Mensaje en los volantes que los foráneos, debido al poco conocimiento que pueden tener del idioma español, podrían interpretar como una invitación a que conozcan el mercado criminal, ya que leerían en ellos palabras como “Medellín”, “disfrutar”, “atractivos turísticos”, “consumir estupefacientes”, “menores de edad”, “prostitución a cambio de unos dólares”.

 

Tampoco es un fenómeno que se acaba, exigiendo a los visitantes un  certificado de “Buen Comportamiento con Menores de Edad” expedido por una “Secretaría Internacional", que sin duda lo presentan, ya que estaría incluida en los costosos paquetes turísticos que compran para venir al país. Los empresarios del crimen harían todo para que los turistas, al llegar a Colombia, porten todos los papeles que se les exige al ingreso.

 

La ESCNNA es un fenómeno que demanda la participación e incidencia de todos los actores sociales: del Estado, de los empresarios y de la sociedad civil. Es necesario que en el diagnóstico del problema y en el planteamiento de soluciones estén organizaciones de la sociedad, empresas privadas, academia y organismos del Estado. Su concurrencia es fundamental para atender todas las aristas del fenómeno de la ESCNNA: desde el maltrato intrafamiliar y la violencia sexual en el trabajo, hasta la intervención en las redes criminales internacionales que promueven la pornografía infantil y la trata de personas.

 

Se requiere involucrar al mayor número de agentes para que trabajen como colectividad en la solución de un problema público. Para que entre todos piensen, decidan y actúen en la creación, ejecución y evaluación de políticas públicas integrales para prevenir y erradicar la ESCNNA en sus territorios. Un buen ejemplo de este trabajo lo realiza la Mesa Intersectorial para la Prevención y Atención a la ESCNNA (Mesa ESCNNA), que desde 2010 viene trabajando en Medellín, y aunque se le atiende poco, ha logrado integrar en sus discusiones y reuniones al ICBF, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, varias ONG, el sector salud y la Universidad de Antioquia, entre otras instituciones de educación superior.

 

Se requiere de acciones colectivas que realmente se tengan en cuenta en el diagnóstico de la problemática y en proponer acciones orientadas al posicionamiento del tema en la agenda pública podrían ayudar considerablemente a avanzar en la mitigación de la ESCNNA. De esta forma se aportarían a lograr una planificación efectiva de programas, para que no se reduzcan las acciones a decisiones guiadas por la mera pasión o con deseos de atender a la demanda de la opinión pública.

 

Estamos ante un problema público que ya ha sido identificado desde hace años en el país y la ciudad de Medellín. El mismo alcalde actual, Federico Gutiérrez, lo había priorizado en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC) en 2016, asociando el ESCNNA a las rentas criminales y la violación de derechos humanos. Lo que hizo que estableciera una serie de acciones en su anterior mandato (2016-2020), pero que, como vemos, sus políticas no han reducido el problema y, por el contrario, se ha ampliado.

 

Esperemos que, en este segundo período, el alcalde Gutiérrez logre mitigar la ESCNNA en Medellín. Que diseñe programas más integrales que superen la idea de perseguir en moto o en helicóptero al criminal o repartir volantes a turistas extranjero en los aeropuertos. Políticas que consideren los contextos sociales y familiares en los cuales viven y se desarrollan los niños, niñas y adolescentes; el acceso a la alimentación, a servicios públicos de educación y de salubridad. Programas que vaya al núcleo del problema que se encuentra en las relaciones violentas y el maltrato intrafamiliar, en el abuso sexual por parte de familiares hacia los menores, en la carencia de comunicación y cuidado de los hogares y en la larga lista de factores que hay que considerar e intervenir.

 

*Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

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