Todos estamos de acuerdo en que los mandatarios locales deben hacer parte activa del proceso de implementación de acuerdos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, no solo en la fase de pedagogía, sino en concreto en la ejecución de los programas, planes y proyectos necesarios para el desarrollo de los Acuerdos de La Habana. No obstante, hoy resulta difuso el rol que tendrán las alcaldías y las Gobernaciones, más aun si se piensa en el historial de corrupción y malos manejos administrativos por parte de mandatarios locales y nacionales en los municipios y departamentos.
Hasta el momento no ha sido posible desentrañar el concepto de paz territorial, la tercera fase propuesta por Jaramillo se ha quedado en Bogotá y la estrategia de pedagogía para la paz ha sido insuficiente para dinamizar un diálogo en los territorios acerca de las implicaciones del proceso de paz. Los gobernadores y alcaldes poco conocen sobre el impacto territorial que tendrán los acuerdos, basta con revisar los planes de desarrollo propuestos por las autoridades locales y luego aprobados por concejos municipales, para darse cuenta de los vacíos que tienen estos con respecto a los acuerdos firmados en La Habana. Es decir, no existió sinergia entre las autoridades nacionales y locales para que se pudiera avanzar en estrategias concretas que apalancaran el proceso de paz desde los gobiernos locales.
A todo esto se suma el hecho de que existe el riesgo de que los interlocutores desde el Gobierno central sean los políticos regionales que históricamente han centralizado los recursos en los territorios para consolidar su poder político. Hasta el momento la paz territorial no ha dejado ver el carácter descentralizador y participativo que sustenta este concepto.
Por otro lado, nos enfrentamos a una realidad macondiana, hay una falencia infinita en términos de la capacidad institucional local, lo que dificultará la implementación de los acuerdos en sus territorios, y por otra parte nos encontramos con unas autoridades altamente cooptadas por la corrupción y la perversa relación entre ilegalidad y política. La ejecución no puede estar centralizada en Bogotá, pero a su vez no podemos dejar la administración de los recursos de la paz a los gobernantes que otrora se han robado los recursos de la nación.
En lo corrido del año dos gobernadores han sido destituidos y cinco alcaldes capturados, incluso en un hecho sin antecedentes, Jhon Jairo Torres, alcalde de Yopal, se le ha emitido orden de captura en tres ocasiones por delitos relacionados con lavado de activos. La Fiscalía General de la Nación tiene investigaciones a más de 150 mandatarios y de acuerdo a las investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, 15 gobernadores tendrían relaciones con estructuras ilegales.
En los departamentos y municipios, se han consolidado unas élites políticas que a lo largo de los años han cooptado los recursos del Estado y de esa manera han logrado mantener su poder a nivel territorial. Para el caso de la implementación de los acuerdos este interés supera el compromiso que se tenga o no con la paz, lo importante para estas casas políticas es que ellos puedan cooptar estos recursos.
Por ejemplo, en el caso del departamento de Córdoba, el nepotismo político se ha constituido en la manera más efectiva para amarrar los recursos del departamento. Los hermanos Besaile, uno desde la gobernación del departamento y los otros dos desde el Senado de la República, junto con Bernardo Elias han configurado una red política que les ha sido funcional para favorecerse de la contratación pública.
Al revisar los casos de la Corporación Autónoma Regional que tiene competencia en Córdoba (CVS), entidad que maneja hasta 35 mil millones de pesos anuales por las asignaciones que le hace la Nación y por recursos del SGR, se encontró que esta está a la cabeza de José Fernando Tirado Hernández, quien repite en la CAR cordobesa desde el año 2015 hace parte del grupo político de los congresistas Musa Besaile y el Ñoño Elías.
Una muestra del poder que tiene el Clan de los “Ñoños” es que además de contar con la dirección de la CVS, cuentan desde la gobernación con el poder de influir en las decisiones dentro de la CVS, por medio de Roberto Tirado Hernández hermano del director de la CVS, quien fue nombrado dentro del gabinete de Edwin Besaile como secretario General de la Gobernación de Córdoba. Sus funciones son las de tomar las decisiones como encargado ante el Consejo directivo de la CVS de acuerdo a los lineamientos del Gobernador Edwin Besaile, hermano de Musa Besaile y aliado político de Bernardo “Ñoño” Elías.
El caso anterior refleja la forma en la cual los políticos logran cooptar los lugares de representación política y distribución de los recursos para verse beneficiados, desde ya hay que prepararse para que no ocurra lo mismo con la institucionalidad que se cree para la implementación de los acuerdos. Como ya hemos advertido es un centenar de alcaldes que hoy se encuentra en la mira por malos manejos en la administración pública, y sin embargo, las reflexiones acerca de la implementación de los acuerdos coinciden en resaltar el papel que tendrán estas autoridades para la ejecución de lo acordado.
El objetivo de incluir a las autoridades locales en los mecanismos que se decidan para la implementación debe venir acompañado de un proceso integral de participación ciudadana, el cual pueda tener espacios de promoción de derechos en doble vía; por un lado que tengan una mayor intervención en el relacionamiento entre el nivel local y nacional, que sirvan como articuladores para la gestión y ejecución de recursos y en segundo lugar que puedan promocionar espacios de veeduría y regulación de la gestión pública de tal modo que mitiguen los riesgos de cooptación de las casas políticas en estos espacios.
*@montoyacarlos / Coordinador línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz y Reconciliación.
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