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57 por ciento dice Sí, 33 por ciento dice No

Es la respuesta a la pregunta por la intención de voto en un eventual plebiscito para aprobar o negar los acuerdos de La Habana. La encuesta es de Cifras y Conceptos para Caracol Radio y Red Más Noticias y fue divulgada este 16 de marzo. Me llamó la atención el resultado. Porque, ni el proceso de paz, ni el gobierno pasaban por su mejor momento. En La Habana estaban en un grave impasse que obligaba a postergar la fecha de la firma del acuerdo proyectada para el 23 de marzo; el ELN estaba en una escalada de acciones; y Santos caía en las encuestas a registros de menos del 30 por ciento en medio de la agudización de la crisis económica, de la amenaza de un apagón y de una oleada de protestas sociales.

Las Farc tienen que ponerle el ojo a este dato importantísimo, lo mismo el gobierno, la Corte Constitucional, los partidos políticos y las organizaciones sociales. La gente quiere decidir ahora sobre un acuerdo que puede cambiar la historia del país y está dispuesta a pasar por encima de todas las críticas, de todas las dudas, de todas las desconfianzas, de todas las broncas con la guerrillas, para decir sí a la paz.

Me apoyo en este registro para señalar que es obligatorio que esta variedad de instancias y fuerzas actúe con una gran sensatez, con el más puro sentido común, con el mayor espíritu práctico. Las Farc han objetado el plebiscito porque no es fruto de un acuerdo entre las partes y porque no tiene carácter vinculante, pero eso podría tener solución en la corte. Algunos grupos políticos y la propia guerrilla prefieren una Asamblea Nacional Constituyente porque no tiene ese halo legitimador del gobierno que tendría el plebiscito y porque permitiría la deliberación y la construcción de las reformas en un escenario colectivo y democrático, pero eso aplazaría de modo fatal la refrendación y socavaría la intención positiva que en este momento tiene el electorado.

La Corte Constitucional le prestaría un invaluable servicio al país si se apoya en otras decisiones históricas: el Plebiscito de 1957, la Constituyente de 1991 y el Mandato por la Paz de 1997, pronunciamientos ciudadanos fundados en heterodoxias jurídicas, actos extraordinarios que no estaban en la letra de la Constitución y la ley, pero tenían pleno respaldo en el espíritu de reconciliación y de convivencia que se abrió paso en la legislación colombiana en la segunda mitad del siglo XX.

Respaldada en estos antecedentes y apelando a la facultad de modular las leyes, la corte podría introducir cambios en el texto del plebiscito para conjurar los reclamos que se le hacen al mecanismo y facilitar la manifestación pronta de la ciudadanía ante el inminente acuerdo de paz que se teje en La Habana.

Las ideas no son mías. Se discutieron en el Consejo Nacional Electoral a propósito de una ponencia del magistrado Armando Novoa. Nombrar como Mandato de Paz esta convocatoria, darle carácter vinculante, abolir el umbral y orientar que su organización y promoción descansen en fuerzas de la sociedad civil. Novoa, que fue protagonista de la Constituyente de 1991 y de sus desarrollos posteriores como miembro del llamado Congresito, promueve estas modificaciones con argumentos históricos y jurídicos incontrovertibles y, sobre todo, con un gran sentido de realidad, con los ojos puestos en