Desde el 28 de agosto, se empezaron a emitir una serie de decretos bajo los cuales se daba cierre a diferentes espacios de negociación que se habían dado en el marco de la política de Paz Total. El cierre de los procesos con las estructuras del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) al mando de “Calarcá”, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN o Los Pachenca) se consolidan como el punto de inflexión del nuevo gobierno, bajo el discurso de “cero negociaciones con los violentos”.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella (ADLE) dio por terminados esos espacios mediante un conjunto de nueve resoluciones que retiraron reconocimientos a voceros, desmontaron delegaciones gubernamentales y, en varios casos, abrieron la puerta para reactivar órdenes de captura. Las decisiones centrales fueron la Resolución 343 de 2026, que cerró la mesa con las estructuras asociadas a “Calarcá”; la Resolución 346 de 2026, que terminó la mesa con la CNEB; y la Resolución 349 de 2026, que clausuró el Espacio de Conversación socio jurídico con las ACSN. Todas con el argumento oficial de la ausencia o pérdida de “voluntad de paz” y la inexistencia de condiciones para sostener una expectativa razonable de tránsito a la vida civil.
La discusión sobre los procesos de dialogo debería resistirse a la simplificación de si las mesas alcanzaron el anhelo de paz total o si fueron totalmente inútiles. Pues, así como hubo incumplimientos, débil verificación, fracturas internas y ausencia de transformaciones sostenibles sobre las economías que alimentan la guerra; también hubo resultados parciales, compromisos territoriales y medidas potencialmente relevantes para comunidades afectadas por el conflicto. Por ello, aunque la narrativa del nuevo gobierno sea la de acabar con estos procesos, lo ideal seria identificar qué funcionó, qué no funcionó y qué obligaciones continúan vigentes para el Estado y los grupos armados bajo el derecho internacional humanitario (DIH).
Estado de las mesas
El primer proceso cerrado fue la Mesa de Diálogos de Paz con el EMBF, integrado por los bloques Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte”, “Comandante Jorge Suárez Briceño” y el Frente “Comandante Raúl Reyes”, asociados a la comandancia de Alexander Díaz Mendoza, mejor conocido como “Calarcá Córdoba”.
La Resolución 343 de 2026 cerró esta mesa y dejó sin efecto la Resolución 309 de 2023, que había autorizado su instalación. Según la justificación divulgada, la decisión se sustentó en incumplimientos relacionados con el quinto ciclo de conversaciones y en hechos posteriores que llevaron al Ejecutivo a concluir que no persistía una voluntad verificable de retornar a la vida civil. La resolución también retiró el reconocimiento de vocerías y desmontó la delegación estatal.
La segunda decisión fue la Resolución 346 de 2026, que puso fin a la Mesa de Diálogos de Paz con la CNEB. Este grupo surge de una ruptura dentro de la Segunda Marquetalia y tiene presencia especialmente significativa en zonas de Nariño y Putumayo. El proceso llegó a abordar asuntos de sustitución de cultivos, transición económica y zonas de ubicación temporal. Sin embargo, terminó en un escenario de tensiones por la situación judicial de algunos voceros, debates sobre extradición, hechos de violencia y pérdida de confianza entre las partes. El Gobierno afirmó que ya no existían elementos que permitieran acreditar una intención real de reincorporación a la vida civil.
Y la última, fue la Resolución 349 de 2026 puso término al Espacio de Conversación socio jurídico con las ACSN. Este, aunque no era un proceso de paz clásico ni una negociación de naturaleza político-insurgente. Tenía el propósito era explorar condiciones para el sometimiento a la justicia, el desmantelamiento de la estructura, la reducción de daños a la población civil, el esclarecimiento de bienes y economías ilegales, y la reconstrucción de condiciones de legalidad en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia. El cierre también implicó el retiro de reconocimiento a voceros y la reactivación de acciones judiciales, incluidas órdenes de captura.
Es así como ADLE no cerró una sola “mesa de paz”, sino tres dispositivos distintos de negociación. El primero y el segundo corresponden una interlocución con estructuras disidentes fragmentadas del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia; y la tercera, que corresponde a un dialogo socio jurídico con una estructura armada no insurgente. Tratarlas como si fueran equivalentes impide comprender tanto los límites de la Paz Total como los requisitos diferenciados que habrían sido necesarios para una salida negociada o de sometimiento pues, aunque no reducimos la discusión a que grupos eran políticos o no, lo cierto es que, debido a sus formas diferentes de operar, necesitan un tratamiento diferencial.
Ahora, para entender los avances de estos espacios, es necesario no confundir anuncios, acuerdos y ejecución. Un acuerdo sobre sustitución de cultivos, una decisión de cese al fuego o la proyección de una zona de ubicación temporal no equivalen por sí mismos a una transformación efectiva de la vida de las comunidades. Sin embargo, ignorar esos avances también desdibuja el alcance de lo que estaba en juego con las conversaciones alcanzadas.
En el caso del EMBF, uno de los logros políticos más significativos fue la continuidad de la interlocución tras la fractura del EMC. El Gobierno optó por diferenciar a las estructuras que continuaban en la mesa de aquellas que se distanciaron del proceso y siguieron una estrategia de confrontación abierta. Esta diferenciación evitó que la crisis del EMC cancelara automáticamente todo canal de comunicación con sus frentes y bloques disidentes. La mesa también produjo compromisos en materia de protección ambiental y economías ilícitas. En abril de 2025, las partes divulgaron un acuerdo de seis puntos que incluía contribuciones a la revitalización de la Amazonía, la protección del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, la recuperación de áreas de La Macarena, Tinigua y Picachos, la conservación de zonas protegidas y el cierre de la frontera agrícola. Asimismo, se abrió una ruta para la sustitución de cultivos de uso ilícito en Catatumbo y Caquetá.
Ese mismo proceso permitió medidas de desescalamiento. El Gobierno había prorrogado un cese al fuego bilateral con cuatro estructuras del EMBF, entre ellas los bloques “Jorge Suárez Briceño”, Magdalena Medio “Gentil Duarte” y el Frente “Raúl Reyes”. No obstante, estos ceses fueron transitorios, territorialmente desiguales y no lograron consolidar un mecanismo de protección sostenida para la población civil, principalmente por la confrontación entre los mismos grupos armados, tal fue el caso de la confrontación activa entre las disidencias de Calarcá contra las disidencias de Mordisco en el Guaviare.
Un paso más concreto fue la creación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Tibú para el Frente 33, bajo el marco del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio. La resolución respectiva definía como objetivos la disposición del material de guerra; un plan para prevenir, separar y desvincular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las actividades armadas; garantías de seguridad jurídica; sustitución de economías de uso ilícito; fortalecimiento de la producción alimentaria; búsqueda de personas dadas por desaparecidas; acciones en favor de los derechos de las víctimas; y acciones de desminado humanitario. Sin embargo, tal como en el caso anterior, las limitaciones giraron entorno a la situación de seguridad, debido a la confrontación entre el Frente 33 y estructuras del ELN en la región de Catatumbo.
La CNEB registró los anuncios más precisos en relación con sustitución de cultivos de uso ilícito. En febrero de 2025, el Gobierno anunció un plan piloto para sustituir 3.000 hectáreas de coca: 2.000 en Nariño y 1.000 en Putumayo. El plan incluía la creación de una subcomisión de transición económica y el compromiso de definir líneas productivas en concertación con las comunidades. Posteriormente, en el marco del Acuerdo 11 de la mesa, se informó una ruta más amplia para sustituir 7.500 hectáreas de hoja de coca en Tumaco y Roberto Payán, de las cuales 1.000 hectáreas serían destinadas específicamente a cacao. El Gobierno anunció una destinación de 8.000 millones de pesos para ese componente y señaló que el programa tendría cuatro fases: delimitación de polígonos, definición exacta de hectáreas, suscripción de acuerdos de sustitución y entrega de pagos iniciales y kits productivos.
La CNEB también avanzó hacia una Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez, Putumayo. Este podría ser el proceso más avanzado que recordemos termino con la instalación de la ZUT con 99 combatientes en proceso de reincorporación, sin embargo, una de sus limitantes tuvo que ver con el respaldo jurídico que hoy aún tienen en velo a estos combatientes que esperan el compromiso del Estado Colombiano respecto al proceso de reincorporación. Frente a este punto, en la reciente Cumbre de Gobernadores, el presidente ADLE le lanzó una “advertencia” al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, recordándole que está bajo estricta vigilancia y prohibiéndole realizar cualquier tipo de acercamiento o contacto con grupos armados ilegales en el marco de los acuerdos territoriales.
Con las ACSN, los avances fueron de otra naturaleza. Su Espacio de Conversación socio jurídico no se orientaba a negociar reformas políticas ni a conceder reconocimiento de beligerancia, sino a explorar condiciones de sometimiento, reducción de violencia y desmantelamiento. La organización asumió compromisos divulgados públicamente relativos a la desvinculación de menores de edad, cooperación con las autoridades, prevención del ingreso de nuevos grupos armados e iniciativas para no interferir en el proceso electoral de 2026.
La confrontación no basta
El cierre de estas mesas abre una pregunta decisiva, ¿puede una política de confrontación total acabar con los grupos armados y las organizaciones criminales que hoy disputan territorios, rentas ilegales y capacidad de regulación social? La respuesta, a la luz de la experiencia colombiana reciente, es no. Pues, aunque la fuerza pública tiene la obligación constitucional y legal de combatir las economías ilícitas, perseguir las estructuras criminales y proteger a la población; una estrategia exclusivamente militar no logra desmantelar a las organizaciones que no son solo aparatos armados, sino que principalmente tienen redes económicas, sociales y territoriales.
El antecedente del gobierno de Iván Duque es relevante, pues entre 2018 y 2022 se intensificaron las operaciones militares, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y las capturas de integrantes de grupos armados. No obstante, esa presión no impidió la expansión de las organizaciones ilegales. Por el contrario, al finalizar ese periodo aumentaron las masacres, los asesinatos de liderazgos sociales y la presencia de grupos armados en regiones estratégicas. La explicación no reside en una ausencia total de acción estatal, sino en la insuficiencia de una intervención concentrada en la respuesta armada y desvinculada de una presencia institucional civil sostenida.
La experiencia muestra que las operaciones dirigidas a capturar o dar de baja a mandos pueden afectar temporalmente la capacidad de un grupo, pero también pueden fragmentarlo. Cuando las rentas ilegales permanecen intactas, el vacío suele ser ocupado por facciones internas, organizaciones rivales o nuevos mandos. La llamada “decapitación” de las estructuras puede producir, entonces, más disputas territoriales, más coerción sobre las comunidades y ciclos renovados de violencia, en lugar de un desmantelamiento efectivo.
En este sentido, la confrontación estatal es necesaria, pero debe ser selectiva, inteligente y subordinada a la protección de la población civil. Debe orientarse a afectar las finanzas, las cadenas logísticas, los mecanismos de lavado de activos, las redes de corrupción y los mercados ilegales que permiten la reproducción de los grupos y no solo limitarse a contabilizar operaciones, capturas, erradicaciones o bajas. También exige presencia permanente de justicia, vías, salud, educación, formalización de la tierra, alternativas económicas y protección colectiva en los territorios donde las organizaciones armadas han reemplazado o suplantado funciones estatales, puntos que se pudieron fortalecer con los procesos de negociación territoriales, respecto a este punto el proceso de Nariño fue el más relevante durante toda la Política de Paz Total.
Es así como el punto de partida debe ser reconocer que Colombia no ha derrotado de manera definitiva a un actor armado organizado únicamente por la vía militar. La presión estatal puede crear condiciones para debilitar a las estructuras, reducir su control territorial e incluso llevarlas a buscar una salida negociada o de sometimiento. Pero para que esa salida sea posible necesita un marco jurídico claro, incentivos condicionados, verificación independiente, participación de las víctimas y consecuencias reales frente al incumplimiento. Negociar no significa claudicar ante la ilegalidad, sino significa utilizar, junto con la acción legítima del Estado, herramientas para desmontar capacidades armadas y economías criminales que la confrontación por sí sola no ha logrado erradicar.
Ahora, el retorno de una política de seguridad no puede traducirse en la recuperación del body count como criterio de eficacia. Medir el éxito estatal principalmente por el número de personas dadas de baja, “neutralizadas” o capturadas es incompatible con una política de seguridad democrática centrada en derechos. Más aún, en un conflicto armado, un enfoque que premie institucionalmente las bajas puede distorsionar los incentivos operacionales y aumentar el riesgo de que la población civil sea tratada como sospechosa o como un daño aceptable de la guerra.
Es necesario precisar que el conteo de muertes no constituye, por sí solo, una infracción automática del DIH. El problema jurídico y ético aparece cuando el número de bajas se convierte en un indicador de éxito, una meta institucional o un incentivo para el uso de la fuerza, desplazando las reglas que rigen la conducción de hostilidades. En esas condiciones, el enfoque puede favorecer violaciones de los principios de distinción, precaución, proporcionalidad y necesidad militar, así como ejecuciones extrajudiciales presentadas falsamente como muertes en combate. La experiencia colombiana de los mal llamados falsos positivos hace imposible tratar esta discusión como una cuestión meramente técnica o de lenguaje.
Finalmente, el fracaso o cierre de las mesas de Paz Total, como ya lo hemos mencionado no demuestra que el diálogo sea inútil, del mismo modo que la expansión de los grupos durante el gobierno Duque no demuestra que la acción estatal sea innecesaria. Ambos momentos nos llevan al mismo punto: Colombia hoy necesita una estrategia capaz de combinar el uso legítimo y regulado de la fuerza con justicia, inteligencia financiera, presencia civil y salidas diferenciadas para cada tipo de actor armado. Frente a este punto, desde la Fundación Paz & Reconciliación, en el informe Tiempos Violentos: Radiografía del Poder Armado en Colombia, se presentan también los avances, retrocesos y retos relacionados con el poder de los grupos armados en los territorios.
La pregunta final, entonces, no es si el Estado debe confrontar a la ilegalidad. Debe hacerlo. La cuestión vuelve a recaer es en los medios. ¿Es mediante una guerra de resultados contables, que corre el riesgo de fragmentar a los grupos y profundizar los daños sobre la población civil? o ¿mediante una política de seguridad integral que reduzca su poder armado, económico y territorial sin renunciar a las garantías jurídicas? La medida de éxito no debería ser el número de cuerpos ni la intensidad de las operaciones, sino la capacidad real de las comunidades para vivir sin miedo, permanecer en sus territorios, ejercer sus derechos y reconstruir sus proyectos de vida.
Referencias
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Consejería Comisionada de Paz. (2025). Declaración conjunta: Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). https://www.consejeriacomisionadadepaz.gov.co/Documents/Declaracion-Conjunta-Mesa-de-Dialogos-de-Paz-entre-Gobierno-nacional-y-la-Coordinadora-nacional-Ejercito-Bolivariano-
Consejería Comisionada de Paz. (2025). Acuerdo No. 11: Renacemos por la paz y las transformaciones territoriales de Nariño y Putumayo. Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). https://www.consejeriacomisionadadepaz.gov.co/prensa/SiteAssets/Paginas/Acuerdo-No-11-Renacemos-por-la-paz-y-las-transformaciones-territoriales-de-Nari%C3%B1o-y-Putumayo-30-de-junio-de-2025/AcuerdoNo.11%20.pdf
Crisis Group. (2026). El fin de la “paz total” y los riesgos de una política de mano dura en Colombia. https://www.crisisgroup.org/es/brf/latin-america-caribbean/colombia-united-states/b56-total-peace-iron-fist-colombias-risky-turn-hard-security
Human Rights Watch. (2026). Informe Mundial 2026: Colombia. https://www.hrw.org/es/world-report/2026/country-chapters/colombia
Pares. (2026) La maqueta de la paz que tenemos que proteger. Fundación Paz & Reconciliación. https://www.pares.com.co/la-maqueta-de-la-paz-que-tenemos-que-proteger/
Pares. Plomo es lo que hay: violencia y seguridad en tiempos de Duque. Fundación Paz & Reconciliación. https://www.pares.com.co/plomo-es-lo-que-hay-violencia-y-seguridad-en-tiempos-de-duque/
Pares. (2026) Tiempos violentos: Radiografía del poder armado en Colombia.
Presidencia de la República de Colombia. (2025). Gobierno establece zona de ubicación temporal en Tibú para el Frente 33. https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-establece-zona-de-ubicaci%C3%B3n-temporal-en-Tibu-para-el-frente-33-250523.aspx
Presidencia de la República de Colombia. (2025). Paz Total: acuerdan destinación de $8.000 millones para cambiar cultivos de coca por cacao en Nariño. https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Paz-Total-acuerdan-destinacion-de-8000-millones-para-cambiar-cultivos-de-coca-por-cacao-en-Narino-250701.aspx
Presidencia de la República de Colombia. (2026). Resolución Ejecutiva No. 343 de 2026, por la cual se da por terminada la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte”, “Comandante Jorge Suárez Briceño” y Frente Raúl Reyes (EMBF-FARC-EP). https://www.lasillavacia.com/wp-content/uploads/2026/08/RESOLUCION-EJECUTIVA-343-DEL-28-DE-AGOSTO-DE-2026-1788018671583.pdf
Reporte Coronell (2026) La respuesta del Luis Alfonso Escobar Gobernador de Nariño a Abelardo De La Espriella https://www.youtube.com/watch?v=eSq1ICrk1bc
