En Córdoba, la contratación de infraestructura educativa ha estado mediada por obras entregadas sin cumplimiento pleno de requisitos, hallazgos de la Controlaría por presunto detrimento patrimonial y una concentración reiterada de contratos en manos de un mismo entramado empresarial y familiar. En el centro de ese esquema aparece la familia Lascarro, vinculada a contratistas cuestionables, como Emilio Tapia –conocido por su presunta responsabilidad en el caso de corrupción de Centros Poblados en 2021-, y a políticos relevantes como el senador liberal, Fabio Amín.
La investigación documenta vínculos directos entre contratistas y figuras de poder regional, incluyendo cercanías con congresistas, funcionarios y clanes políticos. Estas relaciones aumentan el riesgo de que decisiones contractuales estén permeadas por intereses y no por criterios técnicos.
Uno de los hallazgos más relevantes es la forma en que se distribuyeron los contratos. Detrás de las 96 obras de infraestructura educativa adjudicadas por el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), se encuentran 16 contratistas, varios de ellos, conectados entre sí. Algunos de estos, se asocian a la familia Lascarro, que a través de mecanismos como uniones temporales, consorcios e incluso cesiones contractuales entre empresas pertenecientes a la misma malla empresarial, les ha permitido mantener el control de los proyectos, generando una aparente competecia en la contratación pública, pero que de fondo, funciona bajo una logica de “yo con yo”.
Adicionalmente, al revisar la ejecución, aparecen retrasos prolongados, contratos con avances inferiores al 60% después de años de haber sido firmados y prórrogas que duplican los tiempos iniciales. La pregunta no es solo por qué se demoran las obras, sino bajo qué condiciones se están ejecutando.
Por otra parte, la Contraloría encontró fallas en al menos nueve contratos: grietas en estructuras, materiales deficientes, obras pagadas pero no ejecutadas y un posible detrimento patrimonial cercano a los 820 millones de pesos. Esto cuestiona no solo a los contratistas, sino también a quienes debían vigilar y aprobar esas obras.
En conjunto, los hallazgos del informe deja en evidencia un modelo en el que las garantias para el acceso a espacios educativos dignos y seguros, pasa a un segundo plano; y en contraparte, cobra relevancia el presunto favorecimiento y monopolización contractual de redes empresariales familiares, vinculadas a contratistas cuestionables y políticos regionales.
