El panorama humanitario en el Catatumbo refleja una crisis que deja de ser coyuntural para convertirse en estructural, marcada por la persistencia de la confrontación armada, la transformación de sus dinámicas y la insuficiencia de las respuestas institucionales frente a la magnitud de los impactos.
La comisión humanitaria se desarrolló entre el 24 y el 28 de marzo visitó las zonas rurales de Campo Seis, Bertrania, Km 25 y Versalles en Tibú (Norte de Santander) y en su análisis señaló que la disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las FARC no solo se mantiene, sino que escala en intensidad y alcance, dejando 173 homicidios y más de 101.883 personas afectadas por desplazamiento forzado.
Estas cifras no solo evidencian la gravedad del escenario, sino que permiten entender cómo la violencia deja de ser un fenómeno focalizado para expandirse territorialmente y profundizar sus efectos sobre la población civil. Como advierte Lina Mejía, de la ONG Vivamos Humanos, este fenómeno no solo responde a la presión armada, sino a la falta de oportunidades estructurales para responder la crisis humanitaria que se agudizó desde el 16 de enero de 2025.
En paralelo, la comisión evidenció cómo la tecnificación del conflicto ha modificado profundamente las condiciones de seguridad en el territorio. La presencia de minas antipersona, y la instalación de artefactos explosivos en caminos veredales, viviendas y entornos escolares han generado confinamientos prolongados y la suspensión de actividades educativas. A esto se suma el uso de drones con explosivos.
Esta evolución tecnológica no solo incrementa la capacidad ofensiva de los grupos armados, sino que amplía el alcance del riesgo, generando una sensación de amenaza constante incluso en espacios cotidianos como las viviendas o las escuelas. En términos sociales, esto se traduce en comunidades paralizadas, economías rurales debilitadas y una vida cotidiana atravesada por el miedo.
Desde la perspectiva de las organizaciones campesinas, el impacto de esta dinámica trasciende lo inmediato y golpea las bases mismas de la vida rural. Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), advierte que el confinamiento y las restricciones a la movilidad no solo limitan el tránsito, sino que imponen formas de control social que regulan la vida cotidiana: horarios restringidos para circular, requisas constantes y la inspección de teléfonos celulares son evidencia de los entornos de vigilancia y presión en los que se desenvuelven las comunidades.
Así mismo, a interrupción sostenida debilita la economía familiar, encarece los alimentos y reduce la capacidad de subsistencia, configurando un escenario de inseguridad alimentaria progresiva. En ese contexto, el desplazamiento deja de ser un hecho abrupto para convertirse en una consecuencia gradual, casi silenciosa, donde las familias terminan abandonando el territorio no por decisión, sino por la imposibilidad de sostener la vida en medio de la presión armada.
En la misma línea, Pablo Téllez, de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), plantea que reducir la crisis a la confrontación armada es insuficiente para comprender su profundidad. A su juicio, el conflicto se ancla en una deuda histórica del Estado con el territorio: la ausencia de inversión social, infraestructura, acceso a derechos y oportunidades ha configurado un escenario de vulnerabilidad estructural.
En estas condiciones, cualquier escalamiento de la violencia no solo impacta, sino que desborda a las comunidades, que enfrentan la guerra sin redes de protección ni capacidades institucionales que amortigüen sus efectos. Así, la crisis actual no es un episodio aislado, sino la expresión acumulada de abandono, donde la violencia encuentra terreno fértil y las comunidades quedan expuestas a una inestabilidad permanente.
En el ámbito institucional, la comisión humanitaria señaló en su informe una tensión estructural entre la capacidad de respuesta del Estado y la naturaleza prolongada de la crisis. Si bien el acompañamiento de 22 entidades permitió brindar más de 1.700 atenciones humanitarias, este esfuerzo resulta insuficiente frente a la magnitud de las necesidades.
Persisten fallas críticas en el sistema de atención a víctimas, como demoras en la toma de declaraciones, dificultades para la inclusión en el Registro Único de Víctimas y limitaciones en el acceso a ayudas humanitarias. Casos de doble declaración sin respuesta, problemas de trazabilidad y el desbordamiento de entidades locales como la Personería de Tibú, con más de 200 personas agendadas, cerca de 300 en espera y al menos 180 pendientes de atención, reflejan un sistema que opera por debajo de la demanda real.
A estas limitaciones se suma la suspensión de mecanismos clave como las transferencias monetarias a través de plataformas como Efecty, lo que impacta directamente la subsistencia de las familias. En paralelo, persisten barreras estructurales en el acceso a servicios de salud, educación y proyectos productivos, lo que refuerza la dependencia de las comunidades a ayudas humanitarias que, en muchos casos, son intermitentes. Esta combinación de factores configura un escenario en el que la respuesta estatal actúa más como contención temporal que como solución estructural.
Finalmente, el análisis permite identificar que la crisis en el Catatumbo no solo se caracteriza por la intensidad de la violencia, sino por su capacidad de reproducirse y profundizarse en el tiempo. La existencia de múltiples victimizaciones, los desplazamientos reiterados, la precariedad de los refugios humanitarios y la imposibilidad de garantizar retornos seguros evidencian un deterioro sostenido de las condiciones de vida. La comisión humanitaria concluye que, sin una intervención integral, sostenida y territorializada, el escenario tiende a agravarse, consolidando un ciclo de violencia y vulnerabilidad difícil de revertir. En este contexto, el fortalecimiento de las capacidades locales, la articulación efectiva entre instituciones y el respaldo a las organizaciones sociales y campesinas emergen no solo como una necesidad, sino como una condición indispensable para enfrentar una crisis que continúa superando las capacidades del Estado en la región.
