Por: Isaac Morales, Coordinador
Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana
Foto tomada de: Diario Occidente
Cuerpos desmembrados, acciones sicariales, atentados contra empresas privadas, asesinato de funcionarios de la alcaldía, amenazas a jueces, periodistas y candidatos locales, censura de varios medios de comunicación y un incremento del 18% en los homicidios durante el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del 2022, son parte del desalentador panorama de la seguridad ciudadana que se vive en Tuluá, un municipio de la región central del departamento del Valle del Cauca con menos de 250.000 habitantes.
Esta compleja situación de inseguridad y violencia se ha venido acentuando durante los últimos meses y deja de manifiesto la inoperancia de las autoridades locales y departamentales en razón del mantenimiento del orden público, la seguridad y la convivencia.
Ahora bien, este tipo de hechos son perpetrados por actores delincuenciales que han venido consolidando su presencia y poderío criminal en el municipio, “La Oficina de Tuluá” o “La Inmaculada”, llamada así por el barrio donde surgió hace más de una década, es quizá el principal protagonista de este estallido criminal, controlando negocios ilegales como el microtráfico, la extorsión e incluso incursionando en negocios legales y con pretensiones políticas, permeando esferas del gobierno municipal. La Oficina se ha consolidado en la organización que, como ellos mismo lo refieren en un comunicado, “ejerce control territorial y orden” en este municipio del Valle.
El otro protagonista de esta escena criminal sería la organización “Los Cancerberos, Grupo Armado en Defensa de la Ciudadanía Tulueña”, como se presentan en sus panfletos. Al parecer tienen una disputa frontal con “La Oficina” y aseguran estar alejados de las acciones delincuenciales que esta última sí realiza. En su “Comunicado Público No. 7”, fechado el pasado 21 de septiembre, en el que además de amenazar directamente a políticos, abogados, fiscales y jueces con nombres propios, “Los Cancerbero”s señalan que “…nuestro grupo no roba, no extorsiona, no pide, no exige, no trafica, como lo hacen las ratas hp de la oficina, nosotros somos un grupo armado patrocinado por comerciantes ricos, por esta razón si algún comerciante es extorsionado en nuestro nombre denuncie ante las autoridades que tendrán nuestro respaldo”. Es decir, se presentan como un grupo paramilitar de nivel local con vocación de “protección” ante la amenaza de “La Oficina”.
A este grupo -“Los Cancerberos”- se les atribuye la amenaza a siete periodistas del municipio, alerta que encendió la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), recordando que en los últimos dos años han registrado seis amenazas, un exilio y un asesinato en Tuluá; poniendo en riesgo el libre ejercicio de la prensa y dejando en medio de la confrontación a los comunicadores.
Panfleto del 21 de septiembre
Para completar todo este panorama violento en el casco urbano del municipio, se suma la presencia de disidencias de las FARC en zona rural de Tuluá, específicamente la columna Adán Izquierdo del Estado Mayor Central, que realizó un hostigamiento a la subestación de Policía en el corregimiento de El Barragán el pasado mes de agosto. Más recientemente, el pasado 22 de septiembre, se registraron fuertes enfrentamientos entre las disidencias y la fuerza pública en el sector de Iberia Alta, en el corregimiento La Marina.
Sin duda la situación en Tuluá es alarmante y pareciera que a la primera autoridad de policía del municipio, su alcalde John Jairo Gómez Aguirre, le importara muy poco. Aunque públicamente mantiene una postura de atacar a “La Oficina”, lo cierto es que aún no se notan acciones concretas para mermar los hechos de violencia e inseguridad, se han realizado varios consejos de seguridad que quedan en propuestas cortas de militarización y mayor presencia de fuerza pública, pero no se evidencian avances en investigación criminal y judicial que permitan la identificación y desarticulación de estas organizaciones delincuenciales que mantienen en zozobra a Tuluá. Todo esto se agrava de cara a las próximas elecciones locales que se desarrollarán en un mes, pues parece que no existen garantías de participación política y existe un alto riesgo electoral.
En este sentido es preciso que el Gobierno Nacional y las autoridades competentes, de Policía y Fiscalía lleguen a intervenir de manera integral este contexto violento, investigando reales responsabilidades y pretensiones de estos grupos por el control territorial, así como la posible complicidad con actores políticos y económicos de esta zona del Valle, atendiendo al carácter geográficamente estratégico de Tuluá como un punto de encuentro entre el puerto de Buenaventura, el Eje Cafetero y el centro del país, rutas tradicionalmente asociadas al tráfico de drogas.
Tuluá tiene todas las características necesarias para convertirse en un nuevo laboratorio de Paz Urbana en el marco de los procesos de acercamiento con organizaciones y bandas delincuenciales dentro de la idea de Paz Total que se encuentra liderando el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, así como se ha dado en Quibdó, Buenaventura y en el Valle de Aburrá, lo que podría significar un alivio para la ciudadanía tulueña, pues la situación, como se evidencia, es bastante preocupante.