COLECTORA Y LA PARADOJA ENERGÉTICA:EL FUTURO DE UNOS, EL CONFLICTO DE OTROS

Por: John Jairo Correa

La Guajira y Cesar son protagonistas del proyecto Colectora, una línea de transmisión de 475 kilómetros de longitud que recorrerá 10 municipios en La Guajira y 4 en Cesar. Esta infraestructura permitirá transportar más de 1.000 megavatios de energía eólica y solar desde el norte del país hacia el Sistema Interconectado Nacional, con lo cual se prevé un impacto directo en la cobertura eléctrica, calidad del servicio y desarrollo regional. Su puesta en operación está prevista para agosto de 2026 y se desarrollan tres subestaciones estratégicas en La Loma, Cuestecitas y Uribía, que funcionarán como nodos para evacuar energía limpia hacia el interior del país.

Desde el punto de vista técnico, el sistema eleva la energía a 500 kV para su transporte eficiente, duplicando la capacidad actual de transmisión en la región. La obra, a cargo del Grupo Energía Bogotá y su filial Enlaza, ya cuenta con un 81 % de avance técnico y reducirá pérdidas, mejorará la estabilidad del voltaje y fortalecerá la seguridad energética del país. Esta ‘autopista eléctrica’ hará viable la incorporación de energías renovables no convencionales a gran escala.

Actualmente, menos del 60 % de los hogares de La Guajira tienen acceso a electricidad, lo que equivale a 81.960 viviendas sin conexión. Colectora busca cerrar esta brecha no solo mediante transmisión, sino con proyectos asociados: el Grupo Energía Bogotá, a través de obras por impuestos, está invirtiendo $14.000 millones para instalar 500 sistemas solares individuales, beneficiando a 17.862 personas en zonas rurales wayuu. Estas instalaciones atenderán 130 escuelas y 360 centros comunitarios en Maicao y Riohacha.

Con una red robusta y moderna, también se espera una mejora en la calidad del servicio. Nuevas subestaciones como la de Uribía y líneas de 500 kV permitirán estabilizar el voltaje y reducir los apagones. Las familias ahorrarán en gastos energéticos y se abrirán oportunidades para estudiar, refrigerar alimentos y medicamentos, y operar pequeños negocios rurales.

El proyecto contempla programas sociales por más de $40.000 millones acordados en consulta previa con 235 comunidades étnicas, mayoritariamente wayuu. Estos incluyen perforación de pozos con bombeo solar, aulas solares interactivas, becas y apoyo a proyectos culturales. También se destinaron $14.000 millones adicionales en paneles solares con obras por impuestos, lo que representa una inversión sin precedentes en desarrollo comunitario para la región.

Estas acciones ya generan impactos visibles: nuevas aulas en funcionamiento, acceso a agua potable, dotación tecnológica y ahorro energético en comunidades antes marginadas. Aunque los retos de sostenibilidad de estos programas son altos, marcan una apuesta concreta por convertir la infraestructura eléctrica en bienestar cotidiano.

La línea Colectora ha enfrentado el proceso de consulta previa más grande del país: 235 comunidades indígenas, principalmente wayuu, participaron en negociaciones complejas para autorizar el paso del proyecto. Surgieron conflictos internos por derechos sobre la tierra, representación legítima y distribución desigual de beneficios. En algunos casos, líderes denuncian que acuerdos fueron firmados con personas sin autoridad tradicional, generando divisiones en los clanes.

Algunos convenios fueron cuestionados por aparentes desequilibrios entre comunidades vecinas, lo que ha provocado demandas de renegociación. La desconfianza histórica y la falta de claridad estatal sobre la propiedad ancestral del territorio han exacerbado tensiones familiares y comunitarias, incluso con reportes de violencia entre miembros.

A pesar de su enfoque renovable, la construcción de Colectora implica impactos territoriales: la instalación de 516 torres a lo largo de 475 km requiere despeje de vegetación y acceso a zonas sensibles del ecosistema desértico guajiro. La ANLA otorgó la licencia ambiental tras ajustes que incluyen desviaciones del trazado y estrategias de mitigación, como evitar cementerios sagrados, elevar torres y permitir el paso de fauna.

La presión ambiental se incrementará con los más de 50 parques eólicos previstos para la región. Organizaciones sociales piden una planificación participativa que garantice la conservación de hábitats y derechos territoriales. Aunque la infraestructura podría ser base para nuevas vías y conectividad digital, también representa riesgos si no se acompaña de mecanismos claros de compensación y control ambiental sostenido.

Colectora simboliza tanto una oportunidad histórica como un reto ético para Colombia. Por un lado, promueve el acceso a la electricidad, mejora el servicio, y contribuye a reducir la pobreza energética mediante inversiones sociales concretas. Por otro, expone tensiones profundas sobre gobernanza del territorio, justicia étnica y sostenibilidad ambiental que no pueden ignorarse.

El éxito de este proyecto no se medirá solo en megavatios transportados o en su puntual entrada en operación, sino en si logra mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales y étnicas de La Guajira y Cesar. Una transición energética justa debe integrar tecnología, equidad y territorio. Colectora marca un camino, pero aún queda mucho por hacer para que esa energía sea verdaderamente compartida.