Todos ganan y todos pierden: la victoria pírrica de la reforma laboral y del hundimiento de la Consulta 2.0
- Óscar A. Chala
- hace 4 horas
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Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
—Todos están montados en el caballo ganador
Hoy todo el mundo se siente ganador en el Senado de la República. Por un lado, el gobierno terminó “cobrando facturas” y asumiendo la aprobación de la Reforma Laboral como una victoria propia. No es para menos, pues en últimas el proyecto, por más de que durante el último mes fuese liderado por Angélica Lozano y los partidos independientes tradicionales (liberales, conservadores y de la U), sigue siendo parte del paquete de reformas sociales que el gobierno Petro elaboró desde inicios de 2023 y que, en últimas, conserva la mayor parte de su espíritu.
Esa sensación de triunfo se acentuó con la forma en cómo esta reforma terminó siendo aprobada, pues partió de la improbabilidad total de acuerdo entre el Pacto Histórico y los partidos independientes frente a los 12 artículos restantes de la reforma, que habían quedado pendientes de la sesión del lunes 16 de junio, y que eran el campo de discordia entre ambos bloques. Al final, tanto la bancada de gobierno como los independientes de centro y los tradicionales decidieron irse a voto limpio.
Allí las cuentas comenzaron a cambiar para el gobierno. También de la improbabilidad de que los votos que podía lograr el gobierno para cambiar o hundir los artículos que consideraban problemáticos, comenzó a inclinarse la balanza tras la votación de los contratos especiales del SENA, luego de que el ponente Juan Felipe Lemos, de la U, propusiera con apoyo de la oposición una figura especial donde los aprendices del SENA tuvieran prestaciones de ley en una figura de contrato especial. El gobierno se movió, pidió que se hundiera esa iniciativa y se lanzó por el contrato laboral.
Según La Silla Vacía, el gobierno logró los votos por dos factores. Primero, porque pudo articular y movilizar a la bancada de liberales y del Partido de la U por la vía de los ministros que son cuotas de esos partidos en el gabinete (Diana Morales, MinComercio; Julián Molina, MinTIC), y segundo, porque aprovechó los momentos donde Efraín Cepeda, como presidente del Senado, hizo malos cálculos políticos para abrir y cerrar las votaciones. Un tercer factor también fue la desarticulación de la oposición, pues varios senadores de Cambio Radical (Temístocles Ortega, Ana María Castañeda y Didier Lobo) terminaron torciendo el voto y apoyando al gobierno.
El artículo de los contratos laborales para los aprendices del SENA terminó ganando con un apretado 47 a favor y 46 en contra. Allí se inclinó la balanza, pues luego por propuesta de la bancada del Pacto Histórico también se hundió el contrato por horas y a la unidad de trabajo especial, con 54 votos a favor; tras ello, el gobierno se retiró de apoyar una potencial medida diferencial para MyPIMEs en la reducción de la jornada laboral y se abocó a que sin excepción se implementara desde las 7:00 pm, iniciativa que también ganó, y el resto es historia: se eliminó el artículo que definía la jornada de 4 días de trabajo y 3 de descanso con más de 8 horas de trabajo, así como el artículo de las políticas de formalización laboral para transportadores.
Finalmente, se votó afirmativo el título, la pregunta y la vigencia del proyecto de ley, y con ello se aprobó la segunda de las 3 grandes reformas sociales del gobierno.
La oposición, embotada con las últimas noticias sobre el estado de Miguel Uribe, no tuvo mayor margen de maniobra, y declaró que la reforma que se había aprobado generaría mayor informalidad y riesgo para la economía del país.
Pero también salieron ganadores por otros sectores diferentes al gobierno. La senadora Angélica Lozano, quien había asumido el liderazgo de sacar la reforma laboral concertada, también celebró la aprobación como suya. Aun cuando el lunes pasado señalaba en el gobierno el potencial culpable de que se hundiera la iniciativa, finalmente reconoció que la reforma ganó en democracia, “a voto limpio”, como indicó en sus redes sociales.
Esto es importante porque, como habíamos señalado en este y este artículo, la posibilidad de que se hundiera la reforma terminaría por afectar el discurso que los llamados independientes de centro han querido articular alrededor de la idea de “consenso” y de “mediación” como la solución a la polarización política que vive el país. Aunque habían esgrimido este discurso a la luz de la falta de voluntad de negociación del gobierno, al final lograron salvar a último minuto su narrativa, por lo que su rol, aunque sigue en riesgo, evita por ahora su fragmentación.
En este bus también se subieron los partidos tradicionales, que se suman a la idea de concertación y negociación como herramienta para desescalar las tensiones políticas de los últimos días. El problema de su narrativa es que, al aceptar que sí se pudo negociar y transar una reforma laboral en poco tiempo, con discusiones y con la posibilidad de dirimir las diferencias a voto limpio, terminan por legitimar de cierta manera el discurso del Pacto Histórico de que el Congreso tuvo falta de voluntad para tramitar esta agenda y que sí utilizó herramientas legales dentro de lo que permite la discusión y votación de las leyes en el Congreso para generar un bloqueo político. Así lo manifestó el presidente Petro.
De hecho, en ese relato en el que todos son ganadores, las culpas se reparten también entre todos. Algunos analistas políticos han señalado, por ejemplo, que esta negociación implica la inexistencia de ese bloqueo, mientras que, desde el lado de las bases políticas del gobierno, se habla de la falta de voluntad del Congreso por debatir las reformas sociales que favorecen a la gente.
—A pesar de todo, la agenda de reformas del gobierno terminó moviéndose, pero... ¿y la Consulta?
No obstante, las alegrías duraron poco, pues mientras en la bancada del Pacto Histórico se celebraba la aprobación de la Consulta, Efraín Cepeda como presidente del Senado se movió rápidamente para votar los conceptos favorables para la Consulta Popular 2.0 (que venía integrada con preguntas de la reforma a la salud) y de la Consulta 3.0 (otro concepto afirmativo que había solicitado el presidente Petro). Si no se votaban en ese momento, el gobierno tendría el argumento jurídico para decretarlas.
Aquí el cálculo político funcionó, pues Cepeda ordenó al secretario del Senado, Diego González, a que leyera las dos solicitudes y abriera el registro de la votación. Ante la movida, el bloque del Pacto Histórico se movió para abandonar la sala y romper el quórum para impedir la votación, pero fue tarde. Con 54 votos por el NO y 3 votos por el SÍ, ambos conceptos fueron hundidos, el bloque de gobierno no votó.
Con esta primera queja empezó el presidente Gustavo Petro su ya tradicional Consejo de Ministros, transmitido el martes en la noche sólo por los canales públicos, al afirmar que había existido traición por parte de un grupo de 5 senadores de su bloque al quedarse para votar afirmativo a las consultas, y no seguir la estrategia de salir de abandonar la sesión. De hecho, fue enfático en resaltar la “deslealtad” de estos congresistas, al afirmar que “decían que eran amigos de este gobierno (...) no dejaron la sesión, dejaron que se votara, eso significa que les hicieron el quórum, hundieron la Consulta Popular 2 (...) nos quitaron una palanca que tiene que ver con la conciliación en Senado”.
Tampoco estuvo contento el presidente con lo que se aprobó en Senado. Signos de ese descontento ya venían en las declaraciones de Armando Benedetti, que había dicho al cierre de la plenaria del Senado que, aunque recibía con agrado que la reforma fuera aprobada, seguían esperando lo que se aprobara y la conciliación, que debería realizarse entre este miércoles 18 y el jueves 19 de junio.
La espera no duró mucho, pues el presidente respondió desde su cuenta de X/Twitter que seguía firme en que esperaba que el texto aprobado en Cámara fuera aprobado para poder retirar la Consulta Popular 1.0, aunque las diferencias con el texto aprobado en Senado son ínfimas y versan especialmente sobre la licencia para mujeres menstruantes, la licencia de paternidad y el proceso disciplinario laboral, junto con la posibilidad de reducir la jornada laboral hasta las 6:00 pm, que es uno de los puntos de honor del presidente y uno de los grandes elementos que articulan la Consulta Popular.
Del mismo modo, también expresó su desagrado porque ambos conceptos favorables frente a la Consulta Popular 2.0 se hundieran, en tanto consideraba que con ello perdían presión frente al Congreso, aun cuando con la aprobación de la Reforma Laboral, la mayor parte de las preguntas formuladas en ambas consultas terminaron subsanándose.
Por lo que la estrategia del gobierno ahora estará dirigida a mantener la Consulta, tanto para seguir presionando a que el texto que se apruebe en conciliación sea el de Cámara, pero también para presionar a que la Consulta se realice en 53 días. En ese caso, enfiló sus baterías contra el registrador Hernán Penagos, quien hoy tomó la vía del medio y señaló que esperaría a que las Altas Cortes tomaran una decisión frente a la legalidad y constitucionalidad de la Consulta, antes de tomar una decisión.
El presidente Petro, claramente afectado por la decisión de Penagos, afirmó en su Consejo de Ministros que el registrador estaba en abierto desacato al desconocer una decisión de Estado, y le pidió al ministro del Interior, Armando Benedetti, iniciar procesos judiciales contra el mismo, bajo la figura de sedición contra el gobierno.
—La pelota queda en el campo del presidente
No obstante, la jugada del gobierno es riesgosa, especialmente porque con la aprobación de la reforma laboral, aumenta el costo político de sostener la Consulta y seguir tensionando la cuerda de la institucionalidad.
Como lo señalamos en este artículo, el gobierno había elegido navegar por las líneas rojas al decretar la Consulta, sin romper del todo con el ordenamiento jurídico colombiano, para mantener la iniciativa viva en un momento donde estaba claro que el Congreso no aprobaría la iniciativa y generando presión al Legislativo con estas medidas para generar mejores condiciones de negociación frente a la reforma laboral.
Sin embargo, en este nuevo escenario, con el hundimiento de las otras dos Consultas y con el articulado de la reforma laboral en consonancia casi total con las preguntas de las mismas, el gobierno quedó en una encrucijada.
El primer camino tiene que ver con la posibilidad de que retire el decreto de la Consulta, que es un escenario que al momento de escribirse este artículo no es tan probable, por las últimas declaraciones del gobierno. Aun así, teniendo en cuenta la posibilidad de que en conciliación se logren resolver las últimas nimiedades que diferencias a los textos aprobados en Senado y Cámara, si el gobierno decide retirar la Consulta, se enfrenta con el dilema de cómo sostener su mito político hacia 2026.
Esto es importante porque el gobierno logró movilizar a una gran parte de sus bases políticas y sociales bajo la idea de que era imposible tramitar la agenda de reformas sociales por las instituciones y era necesario cuestionarse el modelo de democracia en el país, ya fuese utilizando los mecanismos de participación que garantiza la Constitución o bajo la figura de una potencial Constituyente, discurso que había quedado dormido a mediados de 2024, pero que el gobierno ha ido despertando poco a poco en las últimas semanas.
Al retirar el decreto de la Consulta, el gobierno debe confrontarse tanto con la idea de que realmente el bloque político por parte del Congreso era parcial, de que las Altas Cortes estarían dispuestas a abrirse a moderar sus conceptos sobre la veeduría a la gestión del gobierno y de que debe construir otra narrativa que sustente la necesidad de volver a elegir su proyecto político hacia 2026.
El camino podría ir por asumir la victoria de la agenda de reformas, pero a un año de que se termine el Congreso y su gobierno, en plena época preelectoral, no se ve muchas posibilidades de que otros proyectos de esa agenda se muevan más allá. La batalla estaría en la reforma a la salud 2.0 y en el nuevo proyecto de reforma tributaria, con la que seguro puede quemar lo que le resta de capital político.
En el segundo camino, mucho más probable, el gobierno se niega a retirar la Consulta y va hasta las últimas consecuencias. El problema de este camino tiene que ver con qué tan dispuesto está el gobierno a asumir la posibilidad de que se rompa la pita institucional y transgreda finalmente los límites jurídicos como presidente frente a la potencial irregularidad e ilegalidad de la Consulta.
Si lo hace, debe asumir el costo político desde dos frentes. Primero, el jurídico, que como señalábamos en este artículo, ya se está dando con el estudio de la constitucionalidad y legalidad de la Consulta Popular, y que tomará su tiempo antes de que las Cortes emitan un fallo. En este caso, la situación jurídica del gobierno podría agravarse si se suman procesos jurídicos de prevaricato contra el Gabinete de Ministros y contra el mismo presidente.
Segundo, en el ámbito político, no retirar la Consulta posterior a la conciliación terminaría por romper los pocos puentes que se han reconstruido entre el Congreso y el Ejecutivo, y terminarían por agudizar las tensiones políticas y escalar aún más el enfrentamiento entre las ramas del poder público. Además, también le darían la narrativa al bloque de independientes y de oposición para terminar de consolidar su bloque antipetrista, con el que podrían lanzarse a futuro en la campaña electoral de 2026.
Con las relaciones bloqueadas con las Altas Cortes y el Congreso, poco margen de maniobra tendría el gobierno, más allá de lanzarse en la aventura de mover una convocatoria a la Constituyente a través de firmas, con el mito de que las mismas instituciones, cooptadas por las élites políticas y económicas del país, impiden que se implemente cualquier agenda reformista en el país.
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