Silencios de colores: la población y los liderazgos LGBTIQ+ en medio del conflicto armado colombiano
- David Castro-Ortega, pasante línea de Paz, Seguridad y DDHH
- 8 jul
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Por: David Castro-Ortega, pasante línea de Paz, Seguridad y DDHH
El conflicto armado en Colombia tiene implicaciones diferenciales para diversas poblaciones, tal es el caso de las personas sexo-género diversas. Así lo han dejado ver diversas investigaciones e incluso el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en el que destacan que el conflicto ha derivado en una exacerbación de las violencias a las que se expone la población LGBTIQ+, haciendo un llamado a que la apuesta por la paz se dé en clave de la construcción de un futuro que acepte la diversidad.
En este sentido, el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado en 2016 con las FARC-EP, reconoce la necesaria aplicación de un enfoque diferencial y de género que atienda las complejidades del conflicto y propicie un tratamiento diferencial para la población LGBTIQ+. Aun así, persisten los retos en su implementación, y en este sentido continúa la violencia sistemática hacía este grupo en el marco de la continuidad de la violencia posacuerdo. Este escenario deja el interrogante constante sobre las condiciones que enfrentan estas poblaciones hoy en día y cuáles han de ser los compromisos que asuma con ellas un proyecto de paz.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, a corte del 31 de mayo de 2025 el conflicto armado colombiano ha dejado 6.788 víctimas pertenecientes a la población LGBTIQ+. Aun así, persisten problemas de subregistro e incapacidad institucional para el abordaje de las personas con orientación sexual identidad y/o expresión de género (OSIGEG) diversa, lo que complejiza la posibilidad de generar acciones que reestablezcan plenamente lo derechos de estas poblaciones dentro y fuera del conflicto [1].
Desde el 2017, la Defensoría del Pueblo ha señalado en 68 alertas tempranas a la población LGBTIQ+ como víctimas o potenciales víctimas de las dinámicas del conflicto posacuerdo en diversos territorios del país. Esto pone de manifiesto el hecho de que el escenario actual permite la continuidad de múltiples violencias hacía las personas sexo-género diversas que pueden incluir: destierro, violencias sexuales de “corrección”, tratamientos médicos crueles e inhumanos, torturas físicas y psicológicas, detenciones arbitrarias, asesinato, desaparición, entre otras [2].
El Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe “Aniquilar la diferencia”, destaca el hecho de que una de las formas de control más violentas ejercidas sobre las personas con OSIGEG diversas es la limpieza social, pues grupos armados -legales e ilegales- llevaron a cabo esta práctica con el fin de eliminar a quienes se consideran desviados del orden moral o social dominante, basado en una cultura cis-heteronormativa [3]. Esto deja ver que los actores responsables en la erradicación de la violencia contra las personas sexo-género diversas abarca no solo a las instituciones estatales, sino también a la sociedad civil en su conjunto, pues en este proceso es necesario un cambio cultural que reivindique la humanidad y el valor de la vida de estas personas cuya existencia se pone en tela de juicio de forma constante.
Aun así, en el escenario actual, este parece todavía un horizonte lejano y difícil de alcanzar. El seguimiento realizado por ODEVIDA muestra que desde 2019 han sido asesinados y asesinadas 23 líderes y líderesas LGBTIQ+ en el marco de la violencia posacuerdo. Se encuentra que a pesar de la reducción en los asesinatos durante 2021 y 2022, los dos últimos años han presentado un aumento que regresa la cifra a algo visto durante 2020.
Las regiones más afectadas por el asesinato de líderes y lideresas LGBTIQ+ son Antioquia, Bogotá D.C y Valle del Cauca. Con respecto a Bogotá y otros entornos urbanos afectados como Cali o Medellín, se destaca que la actividad constante y la mayor cantidad de liderazgos presentes en estas ciudades pueden ser algunos de los factores que explican el hecho de que sea este uno de los espacios con el mayor número de víctimas. A esto se suma la actuación de bandas criminales locales en perjuicio de los liderazgos sociales en general y LGBTIQ+ en particular, pues su presencia amenaza el sostenimiento de estructuras de poder o redes clientelares bajo su control.
Por otro lado, la presencia de grupos armados como el EGC, el ELN y las disidencias de las FARC (EMBF y EMC), pueden ser explicativos del número de asesinatos en zonas como Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, Bolívar y Sucre pues las intenciones de concretar un control territorial sobre las zonas han llevado a un recrudecimiento de las acciones violentas llevadas a cabo por parte de estos grupos armados, como lo ha mostrado el seguimiento realizado por PARES. Esto genera estrategias de control social más agresivas que afectan diferencialmente a las poblaciones sexo-género diversas, al desarrollarse en el marco de prejuicios e imposición de una moral dominante basada en la cis-heteronormatividad.
Sumado a lo anterior, resulta preocupante el hecho de que, a pesar de que se puedan identificar algunos componentes que llevan a la focalización de la violencia hacía liderazgos LGBTIQ+ en estas zonas, solo en uno de estos casos se conoce al actor responsable del asesinato, lo que complejiza la posibilidad de determinar a profundidad los factores que derivan en la ocurrencia de estos hechos. Este contexto de desconocimiento sobre los actores impide realizar acciones de reparación sobre las víctimas e implementar acciones de prevención del asesinato de lideres y lideresas LGBTIQ+, lo que contribuye a la continuidad de la exacerbación de las agresiones hacía estas poblaciones en el marco de la violencia posacuerdo.
En esta línea es destacable la apertura en 2023 del macrocaso 11 por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, que será el encargado de investigar los hechos de violencia basada en género, sexual y reproductiva, y otros crímenes por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa ocurridos en el marco del conflicto armado colombiano hasta 2016. Sin embargo, aunque este hito subsana un espacio de victimización contemplado de forma pionera en el Acuerdo de paz de la Habana, no contribuye a comprender completamente las formas de violencia a las que se pueden ver expuestas las personas sexo-género diversas en el marco de las nuevas dinámicas del conflicto que se desarrollan en el país desde 2016.
A todo lo anterior se debe agregar que es necesario contemplar muchos otros factores en el momento de desarrollar acciones para la atención y prevención a violencias dirigidas a personas con OSIGEG diversas en el marco del conflicto actual, como lo pueden ser: los avances en la implementación del enfoque diferencial en las políticas de seguridad regionales y locales y en el sistema de justicia, en aspectos como planes de reparación individuales o colectivos; las posibilidades de acceso a la denuncia pues, ya sea por falta de cobertura institucional en algunas zonas del país o por las estrategias de intimidación de los grupos armados, las personas LGBTIQ+ terminan sin denunciar las violencias de las que son víctimas dentro del conflicto; las reconfiguraciones de los grupos armados en el marco del posacuerdo, pues esto deriva en cambios en las formas de control social y en este sentido en las formas de violencias a las que se ven expuestas estas poblaciones.
Así pues, en la actualidad se ha de reconocer el escenario de violencia posacuerdo como un espacio que continúa exacerbando la victimización hacía las diversidades sexo-genéricas en varias regiones del país. Un hecho que requiere, en primer lugar, de una acción estatal efectiva, que las instituciones asuman un compromiso político para con estas poblaciones en la atención y prevención de las violencias a las que se continúan viendo expuestas. En segundo lugar, de un despliegue en la sociedad civil (sin desconocer que es un esfuerzo que ya se ha venido desarrollando) que visibilice estas problemáticas y de paso a un cambio cultural que lleve a la reivindicación de la humanidad y el valor de la vida de las personas LGBTIQ+ en el país, lo que permita romper el ciclo de tolerancia a la violencia hacía estas poblaciones y de paso a, como lo menciona la Comisión de la Verdad, una sociedad de respeto a la diversidad.
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