Por: Laura Vanesa Prieto Pinto
Investigadora Nacional - Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana
El miércoles 6 de abril, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, quien fue el máximo cabecilla de la organización denominada ‘Clan del Golfo’. Los delitos que se le sindican son el tráfico de drogas y armas, los cuales son motivo suficiente para ser requerido por una Corte del Distrito Sur de Florida (EE.UU.).
‘Otoniel’ fue capturado el pasado 23 de octubre de 2021 en el Cerro El Yoki, entre las veredas El Totumo y Birri Birri del departamento de Antioquia. Si bien el gobierno de Iván Duque presentó esta captura como un logro de la política de seguridad, las imágenes del operativo (en el que se le ve sonriendo) y su posterior declaración ante la JEP sugieren que en realidad este se entregó.
Es necesario resaltar que el ‘Clan del Golfo’ tiene presencia en 213 municipios de 22 departamentos del país, en los que -de acuerdo al seguimiento realizado por Pares- se lucra de las rentas derivadas de los mercados ilegales de drogas, armas y extorsión. Adicionalmente, tiene el control de rutas de narcotráfico en países de Europa y Norteamérica, así como de tráfico de migrantes provenientes de Asia, África y Venezuela que buscan llegar a Estados Unidos; estas rutas se encuentran en Ipiales, Cali, Medellín, Necoclí y Panamá.
Esta organización tiene una estructura compleja que se apoya en redes delincuenciales de dos tipos: En primer lugar, las que operan en zonas urbanas y que tienen una presencia traslocal en las conurbaciones de las ciudades principales del país, donde se desarrollan acciones de subcontratación a bandas locales de delincuencia común con el objetivo de garantizar la cooptación de las rentas del microtráfico, el menudeo de armas y la explotación sexual de mujeres, niños y niñas (nacionales y migrantes). Estas dinámicas implican la ejecución de repertorios de violencia como mecanismo de control territorial y la generación de cadenas criminales en las que se transfiere el riesgo a los eslabones más pequeños[1].
En segundo lugar, las que operan en zonas rurales y que se caracterizan por tener capacidad militar, estas son facciones con presencia en varios departamentos que controlan la producción de drogas y el tráfico hacia el exterior. También hacen uso de la violencia como mecanismo de control y se disputan las rentas del narcotráfico, así como el tráfico de armas y de migrantes con otras organizaciones de las mismas características (denominadas Grupos Armados Organizados - GAO por el Ministerio de Defensa y Grupos Armados Ilegales - GAI por la Defensoría del Pueblo). En el marco de dichas dinámicas la estructura se divide en mandos regionales o subregionales.
Debido al contexto en el que surgió el ‘Clan del Golfo’ y a que su comandante perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC, este se considera un actor que incide dentro del conflicto armado, aun cuando sus actividades no son beligerantes y se centralizan en economías ilegales. En consecuencia, en el marco del Caso 03 -conocido como el de los falsos positivos- de la Jurisdicción Especial de Paz - JEP, el pasado 23 de marzo se adelantó la diligencia de declaración de alias ‘Otoniel’ ante las magistradas.
En dichas declaraciones, señala nexos entre altos mandos del ejército de las fuerzas armadas y el Bloque Centauros de las AUC entre 2005 y 2008; periodo en el que se consolidó el control de dicha organización en el departamento del Casanare y en el que se llevaron a cabo masacres a campesinos y ejecuciones extrajudiciales. Sindica al general en retiro Leonardo Barrero Gordillo de consolidar las alianzas entre el Ejército Nacional y las AUC, mientras era comandante en esa zona.
Otro caso que pone en evidencia dichos nexos es el de alias ‘Matamba’ (actualmente prófugo) y este mismo coronel(r) que, según la Fiscalía General de la Nación, favoreció a la organización denominada ‘La Cordillera’ (filial del Clan del Golfo en el sur de Nariño y parte del Cauca) con información de inteligencia militar desde Bogotá. La relación consistía en suministrar datos sobre la presencia del ELN en la región y montar operativos falsos contra ‘Matamba’, con el objetivo de que este último obtuviera el monopolio de la ruta de tráfico en Tumaco.
Teniendo en cuenta este escenario, ¿qué significa la extradición de ‘Otoniel’ a Estados Unidos? Por un lado, la pérdida de una fuente de información valiosa que permita esclarecer los casos de violaciones de derechos humanos ante la JEP, y las responsabilidades de miembros de las fuerzas armadas frente a estos crímenes. Además, de los nexos entre comandantes del Ejército y organizaciones dedicadas al narcotráfico que se beneficiaron de dichas rentas ilegales a través de la corrupción.
Por otro lado, el reordenamiento de la estructura interna del ‘Clan del Golfo’ que, ante esta contracción criminal, puede derivar disputas y hechos violentos por la competencia de las rentas ilícitas. Si bien se sabe que esta organización cuenta con mandos medios, es probable que la extradición de ‘Otoniel’ provoque una competencia entre los miembros de la organización o atomización de la misma en varias organizaciones más pequeñas. A pesar de que las redes criminales están parcialmente consolidadas, la competencia por los mercados ilegales puede generar disputas nuevas.
Vale la pena preguntarse si con esta extradición se está garantizando un proceso judicial efectivo que permita que ‘Otoniel’ pague una condena por los delitos que ha cometido, o si simplemente es una medida de disuasión ante la verdad del conflicto armado y la corrupción de las instituciones del Estado por medio de las rentas ilícitas. Esto, recordando el caso de Salvatore Mancuso, quien fue extraditado a los Estados Unidos, y quien tiene pendiente un proceso judicial en Colombia por más de 1.720 crímenes cometidos entre 1994 y 2004, periodo en el que fue comandante del Bloque Córdoba de las AUC.
[1] La transferencia del riesgo hace referencia a las acciones de disuasión de la investigación criminal de las autoridades (Fiscalía y Policía), de manera que, cuando se desarrollen operativos de captura y desmantelamiento, se afecten a las estructuras más pequeñas y no a las redes delincuenciales y sus principales proveedores.