¿Qué ha hecho Petro con el cannabis, la coca y la cocaína?

Por: Lucas Marín Llanes* -Experto de la semana

El gobierno del presidente Petro empezó con un aire esperanzador para la reforma a la política de drogas. En sus primeros meses, durante la primera intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario pronunció un elocuente y audaz discurso sobre la necesidad de terminar la guerra contra las drogas. Algunos sentimos ilusión.

Algunas organizaciones de la sociedad civil, reconociendo las barreras para reformar la política de drogas y la necesidad de mostrar resultados en el corto plazo, realizaron un memorando con recomendaciones para estructurar estratégicamente las acciones necesarias en el corto, mediano y largo plazo. Era un momento único, histórico, donde no se podía desperdiciar la oportunidad de implementar medidas orientadas a la regulación de estas economías y a mejorarar las condiciones materiales de las comunidades y personas históricamente criminalizadas por “la guerra contra las drogas”. Ahora, después de 32 meses, es momento de empezar a hacer un balance de los resultados de la política de drogas del gobierno de Gustavo Petro.

El presidente, tanto en campaña como durante los primeros meses de gobierno, prometió la gradualidad en la transformación económica de las regiones productoras de cultivos de uso ilícito, no erradicar estas matas, especialmente con glifosato y, por último, la regulación del mercado de cannabis para uso adulto y los usos industriales de la hoja de coca. ¿Qué ha pasado desde agosto del 2022?

Desafortunadamente, los resultados no son positivos e, incluso, podrán ser perjudiciales para los futuros intentos de reforma a la política de drogas. Me concentraré en el eslabón de producción de cannabis y coca para la producción de cocaína. Si bien el consumo, la reducción de riesgos y daños y la salud pública son temas importantes en la política de drogas, en el caso colombiano no deberíamos alejar nuestra atención, ni los recursos, de los primeros eslabones de la cadena de producción puesto que, precisamente, es ahí donde se concentra la mayor represión, la mayor violencia y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

El presidente y su equipo empezaron criticando acertadamente el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) por sus errores de diseño e implementación. Durante este gobierno, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) e Ipsos hicieron la evaluación institucional y de resultados del programa para el Departamento Nacional de Planeación (DNP). En la mayoría de recomendaciones, tanto el gobierno como la evaluación del DNP estaban alineados. Por ejemplo, para los siguientes programas de transformación territorial se recomendaba incluir la gradualidad y así se comprometió a hacerlo el presidente en El Tarra en diciembre del 2022. Adicionalmente, en octubre del 2023 se publicó la política decenal de drogas y en esta se incluyó un lenguaje orientado a la transformación territorial, alejándose, aunque fuera poco, de los programas tradicionales de sustitución como el PNIS.

La primera tarea que debía lograr el gobierno Petro era terminar de implementar los componentes individuales del PNIS y esto, a abril del 2025, no ha ocurrido. Ocho años después de firmar los acuerdos y de que las personas confiaran en la palabra del Estado, los hogares no han recibido los proyectos productivos que debieron haber recibido en 24 meses. Adicionalmente, las iniciativas que se están desarrollando actualmente en el Cauca y en el Catatumbo no solo repiten las mismas falencias del PNIS, sino que cuentan con aún menos recursos para promover la transición a economías legales. El PNIS, con todos sus errores, presupuestó al rededor de 88 millones de pesos por hectárea sustituida en los componentes individuales mientras que en el Catatumbo esta cifra no supera los 14 millones. Por supuesto, en estas nuevas iniciativas, la gradualidad, prometida por el presidente en el Catatumbo en el 2022, está completamente ausente mientras que el fantasma de la erradicación forzada vuelve a asomarse.

Recientemente, se conoció en la opinión pública un proceso licitatorio para comprar glifosato y usarlo en la erradicación terrestre de los cultivos de uso ilícito. Si bien esta estrategia no ha sido suspendida, uno de los acuerdos políticos del presidente y del gobierno fue detener cualquier tipo de erradicación. Aunque no haya habido procesos administrativos, los datos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional muestran que efectivamente ha habido una reducción significativa en el uso de esta estrategia. Mientras que en los últimos dos años del gobierno Duque se erradicaron terrestremente 60,044 y 43,430 hectáreas, de las cuales 71% y 62%, respectivamente, se hizo con glifosato, en el 2024 se erradicaron 9,403 hectáreas y ninguna fue erradicada con esta sustancia. Este había sido un logro del Gobierno para cumplir con las obligaciones adquiridas con las comunidades cocaleras, exponerlas a menos violencia, igual que a los miembros de la fuerza pública, y para reducir el gasto ineficiente de recursos públicos.

Por lo tanto, la compra y potencial uso del glifosato nuevamente incumple los compromisos hechos por el presidente y puede ser un factor adicional de desestabilización y aumento de la violencia en las regiones del país en las que se implemente. Desafortunadamente, volvimos a esta discusión por la ausencia de un cambio en las condiciones materiales de las regiones cocaleras, la inexistencia de una nueva política de drogas y por la incapacidad administrativa de lograr pequeñas victorias como la derogación de la Resolución 1 del Consejo Nacional de Estupefacientes del 2017 que autoriza la erradicación terrestre con glifosato o el Decreto 380 del 2021 que pretendía regular el control de los riesgos a la salud y el medio ambiente para retomar la aspersión aérea[1]. 

Por otro lado, en un reciente Consejo de Ministros, el presidente se refirió a la regulación del mercado de cannabis de uso adulto e invitó al Congreso de la República a aprobar la reforma constitucional que la permite. Sin embargo, en junio del 2023, teniendo el capital político suficiente y a un voto de aprobar esta reforma durante el primer año de Gobierno, el ejecutivo abandonó esta iniciativa y por la ausencia de uno de sus senadores el proyecto no fue aprobado. Este pudo ser el logro más importante y de corto plazo del Gobierno Petro en la política de drogas y lo dejó pasar. Algo similar ha ocurrido con la normatividad necesaria para avanzar en la regulación de los usos industriales de la hoja de coca puesto que el decreto para comentarios fue publicado a finales del 2023 y, hasta el momento, el Gobierno Nacional no lo ha firmado.

Estos hechos muestran que el balance de la reforma a la política de drogas durante el Gobierno Petro es negativo y, en mi opinión, la falta de compromiso del gobierno con este tema ha llevado a que nuevamente tengamos la presión de la descertificación por parte de Estados Unidos. Si bien este proceso tiene consecuencias económicas, comerciales y sociales importantes, en este momento está en juego la soberanía del país además de las posibles conflictividades que se pueden desatar en algunas regiones si la respuesta del Gobierno son las medidas represivas que se han hecho en las administraciones pasadas para cumplir con las metas impuestas desde Washington. 

Este Gobierno ha mostrado que es insuficiente creer y estar convencido que el prohibicionismo es un fracaso. El Presidente Petro lo tiene claro e, incluso, conoce las medidas necesarias para avanzar en una política de drogas que se enfoque en proteger la vida y no aumentar la violencia. Sin embargo, además de creer en la regulación como una alternativa de política pública, falta que el Gobierno Nacional materialice acciones concretas que permitan, efectivamente, avanzar en esa dirección. La reforma a la política de drogas tiene que lograr resultados de corto, mediano y largo plazo, no quedarse en las vaguedades de la articulación institucional ni en textos pretenciosos que no mejoran las condiciones socioeconómicas de los hogares ni reducen la violencia que enfrentan.

La política de drogas y las economías ilegales en Colombia son temas fundamentales que el presidente y su Gobierno, así como los anteriores, no han querido asumir con realismo y seriedad. La reforma a la política de drogas requiere un gobierno y un liderazgo que se tome en serio las complejidades de las economías de la coca, la cocaína y el cannabis. Estas reformas no se logran con respuestas de corto plazo a partir de presiones políticas y diplomáticas, y sin una planeación estratégica de un equipo calificado para materializar los cambios que demanda el país. La reforma a la política de drogas requiere capital y compromiso político del Presidente, y Petro no lo tuvo.

Por último, este balance negativo de la política de drogas del Gobierno Petro puede tener costos políticos importantes que sigan alejandonos de la regulación. Desafortunadamente, la ausencia de una reforma y de su implementación puede ser explotada por los sectores políticos que se aferran a la prohibición para mostrar que es la única alternativa posible. Lo cierto es que no hubo reforma, no se materializó ningún cambio en la política de drogas ni en las condiciones materiales de las comunidades, estamos volviendo a estrategias represivas e ineficientes, y la política de drogas de Petro puede ser una de las banderas de la derecha para intentar volver al poder en el 2026.

*Estudiante doctoral en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern. Economista con maestría en Economía de la Universidad de los Andes. Director de Desarrollo y Relaciones Institucionales de la Red de Estudios sobre Drogas en América Latina (REDESDAL) e investigador afiliado al Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED). Su investigación se centra en el rol de la economía cocalera, la evaluación de políticas de drogas y seguridad, la regulación de las economías ilegales, así como en el análisis de políticas públicas en territorios afectados por el conflicto armado.

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[1] Para consultar la evolución normativa del uso del glifosato en Colombia, el lector puede referirse a esta línea de tiempo realizada por Dejusticia.