Qué esperar del Espacio de Conversación con el Clan del Golfo

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

Dos días antes de llegar a la mitad del gobierno actual, el presidente Petro sorprendió al país con la publicación de la Resolución Ejecutiva 257 del 8 de julio de 2024. Allí informó, que se creará, a partir de agosto de este año, un nuevo “Espacio de Conversación Sociojurídico” (art. 1) con el Clan del Golfo o la autodenominada organización armada Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Según la Resolución, el objetivo de este Espacio será “verificar la voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho” de esta organización criminal, al tiempo que logre “fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la Ley” (art. 1).

Para lograr avanzar en este objetivo, el Gobierno puso al frente al politólogo Álvaro Jiménez Millán, quien fuera el director de la Campaña Colombiana Contra Minas Antipersonal (CCCM) y quien será, a partir de ahora, el coordinador de los representantes del Gobierno nacional en este nuevo proceso de paz (art. 2). Además, en la disposición presidencial, aparecen los nombres de otras personas, como la de María Gaitán Valencia, quien es la nieta del líder caudillo Jorge Eliecer Gaitán y actual directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); y el de Armando Custodio Wouriyu, quien es el representante de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia (ONIC) (art. 3).

Está es una muy positiva noticia para el país, a pesar de las críticas que se le puedan hacer. Son varios los factores que permiten ver como un acierto el hecho de que el Gobierno haya decidido conformar este espacio de conversación, que se le une a los tres ya creados en Itagüí, Buenaventura y Quibdó, para un fin similar. Lo más destacable de este nuevo proceso es que involucra en las dinámicas de la política pública de la Paz Total al grupo armado ilegal más grande y poderoso del país, además el que ejerce mayor violencia en más territorios de Colombia.

En el informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), “¿Plomo es lo que viene?” nos informa que según inteligencia del Estado, los integrantes del Clan del Golfo son más de cinco mil; pero también se habla de datos que elevan a nueve mil su red criminal. En todo caso, el Clan del Golfo está por encima del número de personas que integran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que son alrededor de cuatro mil, y del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), que son alrededor de dos mil quinientos.

En cuanto a la presencia del actor armado en los territorios, en el mismo informe de Pares se calcula que este grupo armado se encuentra en la actualidad ejerciendo control criminal en 316 municipios, distribuidos en 24 departamentos del país. Destacándose la expansión que ha tenido en el último año, donde se observa un crecimiento del 17%, al pasar de 270 municipios en 2023 a la cifra actual.

Este crecimiento tanto en número de hombres y mujeres como presencia territorial le ha permitido a la organización criminal incursionar y desarrollar negocios ilícitos de toda clase. Hoy se puede decir que no hay negocio ilícito en Colombia donde el Clan del Golfo no tenga las manos metidas. A este grupo delincuencial se le encuentra cometiendo delitos como masacres y asesinatos, confinamientos y reclutamiento de menores, extorsiones y el desplazamiento forzado, control de minería ilegal y tráfico de migrantes.

Su red criminal es tan basta que se le haya realizado negocios en tráfico de estupefacientes y de armas con los grandes carteles internacionales. También, construyendo alianzas, vendiendo servicios o asesorando a pequeños grupos criminales en localidades alejadas en departamentos como Tolima o el Huila. Incluso, presionando a gobernantes locales y regionales para que contrate con ellos o les entregue recursos públicos.

En síntesis, el Clan del Golfo se presenta como la principal amenaza para la paz del país. Actúan como un gran “holding empresarial criminal”, que tiene relaciones con buena parte de la delincuencia del país. Una empresa criminal que se encuentra en expansión territorial, que viene ejerciendo control social y que tiene la estructura criminal más poderosa de Colombia.

De allí entonces que queda claro para el Estado y debe quedar justificado también para la sociedad que es necesario buscar sacar a este actor de la guerra. Ya sea usando la fuerza —mediante la captura de sus hombres y confiscando sus bienes para debilitar sus finanzas— o proponiéndoles el sometimiento a la justicia como lo hace la política de Paz Total.

Frente al nuevo Espacio de Conversación son muchas las expectativas que se tienen. Para el Gobierno, por ejemplo, que el Clan del Golfo permita en poco tiempo evidenciar su disposición a acogerse a la ley y aportar a la construcción de la paz; y que el Congreso de la República se comprometa con desempolvar y discutir  el proyecto de ley de sometimiento.

Sin embargo, en este texto quiero resaltar una que como analista me interesa explicitar. Espero que por fin, con este nuevo frente de diálogo, se logre avanzar en la propuesta de Paz Urbana con las estructuras criminales organizadas. Desde hace un año, en agosto de 2023, desde múltiples lugares se viene insistiendo en la necesidad de avanzar en los diálogos socio jurídicos que se abrieron en Itagüí —el 2 de junio de 2023—, en Buenaventura —el 18 de julio— y en Quibdó —el 18 de agosto del mismo año —.

En los tres Espacios se tiene abierto el diálogo con, por lo menos, 17 grupos organizados. En el Valle de Aburrá son 14, entre los que están las estructuras armadas: El Mesa, Pachelly, Los Pesebreros, Los Triana, Chatas, Niquia, Camacol y La Terraza. En Buenaventura, dos: Los Shottas y Los Espartanos. Y en Quibdó, son tres: Los RPS, Los Locos Yam y Los Mexicanos. Que en su conjunto superan en número, presencia y poder a cualquiera de los grupos con que hoy se negocia la paz en el país, incluido el Clan del Golfo.

De allí la esperanza que se tiene de que con la entrada de este “gran actor” a la Paz Total se logre dinamizar los otros Espacios de Conversación que se han instalado desde hace más de un año. Y que, por fin, la Oficina del Alto Comisionado de Paz se mueva a atender el componente olvidado de su política de paz. Pues, el gran tamaño del Clan del Golfo, el poder que tienen en el país y la importancia para la construcción de la paz obliga al Gobierno a no equivocarse en esta nueva apuesta.

* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.