Plan de concentración: ¿una buena estrategia en medio del conflicto en el Catatumbo?

Por: Katerin Erazo, Periodista

El Gobierno y el frente 33 de las disidencias de las FARC han puesto en marcha un plan estratégico para la concentración de los miembros de esta estructura ilegal, en un esfuerzo por avanzar en el proceso de paz en medio de la grave crisis de seguridad que afecta a la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

La iniciativa surge en un contexto de fuertes enfrentamientos entre este grupo armado y la guerrilla del ELN, que ya superan los 50 días de hostilidades. Según fuentes oficiales, el plan contempla una fase inicial de preconcentración, en la que los combatientes del frente 33 mantendrán sus armas debido a la necesidad de garantizar su seguridad ante los ataques del ELN.

Posteriormente, cuando se establezca un espacio seguro protegido por las Fuerzas Militares, se procederá a la concentración definitiva sin armas, marcando así el primer paso hacia la desmovilización y reincorporación de los integrantes de este grupo insurgente a la vida civil.

El presidente Gustavo Petro hizo referencia a este proceso durante un Consejo de Ministros transmitido el pasado 3 de marzo, en el que destacó la importancia del diálogo con este grupo armado. Según el mandatario, el frente 33 ha sido una de las principales víctimas de la incursión del ELN en la zona, pero ha mantenido su voluntad de avanzar en un acuerdo de paz con el Estado. La ejecución del plan estará a cargo de Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con grupos armados.

La crisis humanitaria en el Catatumbo ha sido un factor determinante en la puesta en marcha de esta estrategia. Los enfrentamientos entre disidencias y ELN han dejado un saldo alarmante de más de 55.000 personas desplazadas y 25.000 confinadas en sus viviendas, además de al menos 70 muertos en las últimas semanas. La escalada de violencia ha obligado al Ejecutivo a priorizar la seguridad de los combatientes y de la población civil como una condición indispensable para la implementación del proceso de paz.

El plan diseñado por el Gobierno también busca evitar errores de procesos anteriores, donde la falta de garantías de seguridad derivó en el rearme de grupos desmovilizados. Como parte de la estrategia, se prevé la entrega progresiva de las armas y la incorporación de los excombatientes en proyectos de transformación territorial, incluyendo la sustitución de cultivos de uso ilícito. Hasta la fecha, 126 miembros del frente 33 han iniciado voluntariamente su proceso de reincorporación a la legalidad.

Según Paola Marín de la Línea Paz, Seguridad y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la estrategia planteada parece favorecer en gran medida al Gobierno Nacional, considerando la actual situación del Frente 33. Este grupo se encuentra prácticamente derrotado por el ELN, con varios de sus miembros desmovilizados, entregados al Ejército o incluso con la rendición de algunos de sus comandantes. En este escenario, según Marín, resulta evidente que no están en condiciones de enfrentar a su principal adversario, que en este momento es el ELN.

Desde otra perspectiva, esta estrategia puede ser favorable para el Gobierno en la medida en que existen ciertos condicionantes en el proceso o plan de concentración. El más relevante de ellos es la entrega de armas, un punto que históricamente había sido ambiguo y confuso, especialmente porque en varias ocasiones este grupo había manifestado su negativa a desarmarse. En este sentido, la balanza parece inclinarse a favor del Gobierno Nacional, ya que este proceso podría derivar en una desmovilización efectiva de este frente o de una parte del Estado Mayor de los bloques.

Sin embargo, desde una perspectiva de largo plazo, surgen serios interrogantes sobre el proceso de reinserción o reincorporación de estas personas. En el contexto actual, marcado por el avance territorial del ELN, se han registrado situaciones preocupantes, como la persecución y el asesinato de integrantes de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Esta situación ha generado estigmatización y represalias, lo que plantea la necesidad de evaluar cuáles serán las garantías de seguridad para quienes se acojan a esta fase de desmovilización.

Además, un aspecto clave que señala la investigadora de Pares es el arraigo territorial de los integrantes del Frente 33. Lo ideal sería que su proceso de reinserción se desarrollara en su territorio de origen, pero la presencia y expansión del ELN en la zona representa un desafío considerable. Ante un eventual éxito en la desmovilización, el Gobierno Nacional deberá definir mecanismos concretos para garantizar la seguridad de estos excombatientes y evitar que el país caiga nuevamente en un ciclo de violencia y reciclaje de conflictos.