Petro y la paz urbana de Medellín
- Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave
- hace 2 días
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“Medellín está bajo extorsión generalizada. Medellín no es libre mientras exista extorsión para ricos y para pobres” — Presidente Gustavo Petro
Por: Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave[1]
Una jornada ciudadana
El sábado 21 de junio viví una jornada consciente como ciudadano de a pie, en lo que me he convertido con el paso del tiempo. Producto de ese anarquista que he cultivado sin saberlo durante años, pues rechazo cualquier forma de autoritarismo y lucho por una sociedad libre, basada en la cooperación, la voluntariedad y la autogestión.
Debo decir que me sentí en mi lugar, cómodo, aunque estuve horas de pie, inmóvil, en la plazoleta de La Alpujarra, en el centro administrativo de Medellín, completamente abarrotada. Se sentía la respiración de quienes estaban adelante, atrás y a los lados. Esta se aceleraba a medida que se anunciaba la llegada del invitado. De repente, el piso pareció avanzar por sí mismo, como si fuésemos arrastrados por una banda elástica: ya había llegado. Pero no era Maluma, ni Karol G, ni J Balvin, Feid, Blessd, ni Ryan Castro. Era el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, como lo anunció el presentador del evento.
Confieso que los asistentes seguían cada palabra con atención, gestos, miradas y la boca entreabierta. Incluso lo corregían o reprendían, como cuando un familiar se le corrige si yerra, se le aplaude si acierta.
Cuando Petro dijo que la Estatua de la Libertad fue hecha por un italiano, alguien a mi lado, algo apenado, murmuró: “Petro, no fue un italiano, fue un francés”. Y Petro, como si lo hubiera escuchado, corrigió segundos después.
Al confundir al ministro de Defensa con el de Educación, una persona exclamó: “Petro, ese es el de Defensa, no el de Educación”. Nuevamente, corrigió tras una larga explicación.
Cuando subieron a la tarima jefes de estructuras criminales encarcelados en Itagüí, un joven indignado dijo: “¡Petro, ahí le diste el titular de mañana a El Colombiano!”.
Ante los rumores de una supuesta relación con la ministra de Cultura, una señora frunció el ceño y dijo: “Petro, eso no se dice”.
Y cuando empezó a llover y Petro se quejó, los campesinos de Jericó comenzaron a corear: “¡Agua sí, mina no! ¡Agua sí, mina no!”, reafirmando su posición ambientalista.
Todo esto evidenció una conexión entre los miles de asistentes y el Presidente. Había “química”, un “clic” que sincronizaba el momento. Y lo más importante: empatía recíproca, esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro.
Durante el discurso, se generó una relación dialógica potente. Me refiero a la dialéctica en sentido socrático, kantiano y hegeliano, pues las personas —hombres, mujeres, jóvenes y adultos— dialogaban desde sus saberes territoriales como forma de poder. Al ver su pasión al escuchar y cantar, recordé la frase de Hegel: “Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión”. Y allí había pasión, esperanza y una confianza que disipa el miedo.
La paz urbana: ausencias, errores y dudas
Pero vayamos al punto que me dejó más inquieto: la paz urbana.
El tema fue abordado por personas e instituciones con trayectoria en este proceso: una senadora delegada por el Presidente, representantes de Aulas en Paz, del Comité de Impulso y de estructuras criminales. Su misión: informar sobre avances, errores y retos.
Sin embargo, las intervenciones fueron improvisadas, politizadas; algunas demasiado extensas, mal leídas y poco concretas. En un evento con el Presidente presente, el momento exigía claridad y contundencia. El mensaje no llegó al público —al menos no donde yo estaba— ni a Petro, quien respondió más desde su agenda propia que en reacción a lo expuesto en la tarima.
Petro inició desde el lugar correcto de todo negociador: la duda. Nada debe asumirse como cierto a la primera. Llamó a los interlocutores por su nombre: delincuentes, y les exigió seriedad. Esto marca una diferencia importante: no se está negociando con actores políticos —casi extintos—, sino con estructuras de delincuencia común organizada.
En esencia, dijo:
Debe haber un cese total de la violencia: abandono de armas, asesinatos, reclutamiento de jóvenes, extorsión y tráfico de drogas.
A cambio, los visitará en la cárcel de Itagüí junto con la Fiscal General, para evaluar posibles beneficios jurídicos conforme a la ley.
Propuso una ley especial que habilite esos beneficios, dado que el fenómeno se repite en varias regiones.
Y, como recurso final, invocó su carta más controversial: la “presión popular”.
Lo preocupante
Al exigir el cese de delitos a los jefes criminales en Itagüí, el Presidente reconoce que, durante dos años de proceso, han seguido delinquiendo desde prisión. Además, les otorga el poder de frenar la criminalidad en Medellín. ¿Y qué? de la Policía, la Fiscalía, el INPEC, las alcaldías.
Tampoco se mencionaron en qué van las fases fundamentales de un proceso de paz: reconocimiento del daño, reparación, garantías de no repetición y encuentros restaurativos con las víctimas. Eso, señor Presidente, se llama Justicia Restaurativa, y fue la gran ausente.
Inexplicable resulta el anuncio de visitar a los jefes criminales con la Fiscal General. La Fiscalía se ocupa de sindicados, no de condenados. Además, este tipo de procesos no son del resorte de la justicia ordinaria, que ya los condenó, sino del legislativo, lo cual escapa a las competencias de la Fiscalía. Preocupa que el Ministro de Justicia, presente en el evento, no evitara esa imprecisión.
El tiempo corre. El Gobierno ya tiene el sol en la espalda, sin mayoría en el Congreso, y la agenda legislativa apunta a otras prioridades. Es poco probable que haya una ley de paz urbana durante este mandato.
Y sobre la “presión popular”: ¿implica movilizaciones?, ¿una consulta?, ¿se incluirá en la reforma constitucional?
Ausencias notorias
Faltaron los alcaldes del Área Metropolitana. Aunque alguno pudo haber asistido, no se les vio ni se les mencionó. Un proceso de paz sin mandatarios locales es inviable.
Tampoco estuvieron los comandantes de Policía, quienes saludaron al Presidente antes del acto en solemne parada militar. Ellos enfrentan la violencia a diario y debieron ser empoderados frente a los representantes de las estructuras criminales y ante el público asistente.
También brillaron por su ausencia los voceros de estructuras en libertad como La Terraza, Robledo, los Triana, Caicedo, los Chatas, Pachelly, La Oficina de Envigado y El Mesa. Esta última incluso tiene un gestor de paz. Se envía así un mensaje equívoco: que el proceso solo incluye y beneficia a quienes están presos.
Además, incluir a 2.000 niños en programas culturales es parte de las funciones del Ministerio de Educación; no es un logro nuevo del proceso.
Un acto innecesario, provocador y revictimizante
Grave fue que el Gobierno subiera a la tarima a los representantes de estructuras criminales sacados de la cárcel de Itagüí, para leer un comunicado y regalarle una gorra al Presidente, quien la usó públicamente. Esto ya había sido denunciado antes, sin respuesta del Gobierno. Fue un acto innecesario, provocador y profundamente revictimizante hacia las víctimas y comunidades.
Hechos como estos le hacen un flaco favor al proceso, pues provocan reacciones negativas que polarizan a la sociedad y radicalizan a los opositores, en lugar de construir los consensos que se recomiendan en temas de paz.
Este proceso no puede replicarse en otras ciudades sin mostrar resultados reales y verificables en Medellín y su Área Metropolitana, y sin el respaldo de todos los actores, especialmente las víctimas.
Reflexión final
Confieso que mis acompañantes se sintieron conectados con el Presidente, pero guardaron un respetuoso silencio cuando habló de paz urbana. Esto indica que esperaban más sobre la reforma laboral, el tema ambiental de Jericó y otras iniciativas, donde sí percibí compromiso.
Preguntas clave para el futuro de la paz urbana
¿Cómo se medirá el cese de actividades delictivas de las estructuras criminales? ¿Por la falta de denuncias? ¿Porque la Fiscalía no investigue? ¿Porque los jueces no juzguen?
¿Quién verificará el cumplimiento del cese de la criminalidad? ¿La Policía? ¿La Fiscalía? ¿La Secretaría de Seguridad? ¿La Defensoría? ¿La MAPP/OEA? ¿Las comunidades? o/y ¿las víctimas?
¿Cuál es el cronograma del cese? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Antes de elecciones?
¿Cómo y cuándo será el desarme de las estructuras criminales? ¿Qué estructuras se desarmarán? ¿La Terraza, Robledo, Triana, Caicedo, Chatas, Pachelly, El Mesa y La Oficina de Envigado? ¿A quién entregarán las armas?
¿Cuándo renunciarán públicamente a esas estructuras criminales? ¿Desaparecerán?
¿Cómo repararán a las víctimas y comunidades? ¿Entregarán a las alcaldías los barrios periféricos que controlan ilegalmente? ¿Harán trabajo comunitario en quebradas, escuelas y parques? ¿Durante cuántos años?
¿Entregarán sus fortunas ilegales para apoyar programas de prevención de la drogadicción?
¿El Estado les ofrecerá todo lo necesario para su seguridad y reintegración familiar y social?
Recomendación respetuosa
El Gobierno debe aclarar su política de paz total en Medellín, especialmente el papel de los jefes criminales presos en Itagüí y de las estructuras criminales que hacen parte del proceso.
Se requiere una evaluación objetiva sobre la autonomía de víctimas y comunidades.
Urge un marco jurídico claro: ¿sometimiento o acogimiento?
Dar a conocer el programa de justicia restaurativa que guía al espacio socio jurídico, pues ésta es la justicia de las víctimas, es la otra cara de la justicia retributiva, que es la de los victimarios.
Finalmente, dar respuestas concretas a las preguntas anteriores.
De no hacerlo, tendremos una “paz urbana” sin base social empoderada y fortalecida, construida desde el miedo, lo que impedirá la emancipación de nuevas generaciones y nos condenará, como dijo usted, señor Presidente, a otros “cien años de soledad”.
Adenda
El Presidente sorprendió al contar que, poco antes del evento, se reunió con un joven que lo había amenazado de muerte por redes sociales. El muchacho, de 20 años, no sabe leer ni escribir. Al preguntarle por qué quería matarlo, el joven —casi llorando— pidió perdón, diciendo que tenía problemas. Petro lo abrazó y lo perdonó.
Todos esperábamos que ordenara su inclusión en un programa educativo o en el SENA. Pero no dijo nada. Luego vimos al joven en redes, claramente identificado.
Eso no se hace. Ese chico quedó marcado para siempre: como el que amenazó al Presidente. ¿Quién lo ayudará ahora? Nadie, salvo las bandas criminales que se especializan en captar jóvenes así. Como ya ocurrió con el concejal asesinado en San José de Cuerquia y el atentado contra Miguel Uribe, la historia se repite.
[1] Sepúlveda Arroyave, fue reconocido por la OEA como generador de Confianza en América latina. Es el creador de la fundación Colombia Restaurativa WWW.colombiarestaurativa.com y de Justicia Penal Reintegradora juanguillermo.sepulveda@gmail.com
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