• Laura Natali Cano Murillo

Menores de edad y el flagelo de las minas antipersonal

Por: Laura Cano. Periodista Pares.


Desde el pasado 11 de febrero varios sectores y organizaciones han venido alertando del riesgo en el que están las comunidades indígenas Río Murindó y Río Chageradó, donde cerca de 2000 familias habían denunciado estar confinadas a causa de amenazas que habían recibido de no poder transitar, puesto que en el camino que conecta a ambas comunidades grupos armados ilegales habían puesto minas antipersonales.


Solo algunos días antes desde la Organización Indígena de Antioquia –OIA- publicó un comunicado en el que se instaba al Gobierno Nacional y Departamental para que se convocara a una misión de acompañamiento permanente y de carácter civil que atendiera la situación, pues además del riesgo a la vida e integridad física de estas comunidades, también había alerta por un posible desplazamiento masivo forzado y de desabastecimiento, pues las minas estaban –están- siendo instaladas cerca de cultivos.


Pues bien, aunque desde la Gobernación de Antioquia se ha informado que se han adelantado acciones como misiones de verificación en Murindó para constatar los riesgos existentes, en la que participó la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal y de la que surgieron acciones a corto plazo relacionadas con alimentación, atención en salud y educación en el riesgo, y a pesar que además se comunicó que el Ejército que ha venido adelantando labores de desminado militar en áreas de la zona, este fin de semana quedó en evidencia la gravedad de los hechos que se han venido alertando, y de la poco que han mitigado los riesgos las acciones institucionalmente tomadas.


Este domingo desde la OIA se denunció que el menor de edad Plinio Dogaría Eyábida de 13 años, cayó en una de las minas que han sido instaladas en los resguardos Río Murindó y Río Chageradó. Plinio Dogaría Eyábida, quien pertenece a la comunidad Isla, iba en compañía de uno de los docentes del resguardo cuando se registró el hecho.


Hasta allí llegó la Guardia Indígena y los/as familiares de estas dos personas que quedaron afectadas por el impacto, quienes los trasladaron hasta el hospital del municipio, sin embargo, el menor tuvo que ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad, donde permanece, y desde donde se ha dado a conocer que Plinio Dogaría Eyábida perdió una de sus piernas.


Con esto desde la OIA asegura que la mina de la que fue víctima Plinio y su docente “agrava la situación que vienen denunciando”, con lo que reiteraron que es necesario hacer un desminado humanitario de forma urgente.


Solicitudes y alertas no escuchadas


Justamente en relación con lo anterior hay que decir que desde 2019 se viene alertando que esta situación no es nueva, pues autoridades indígenas vienen denunciando que grupos armados están intentando “romper el proceso organizativo de las comunidades” desde mediados de dicho año. Situación que también se presenta en los municipios de Dabeiba, Urrao, Frontino y Vigía del Fuerte.


Por otra parte, en abril de 2020 desde la Defensoría del Pueblo se emitió la Alerta Temprana 014 “debido al elevado riesgo que afrontan las once comunidades indígenas de los resguardos Río Murindó y Río Chageradó en el municipio Murindó, Antioquia, ocasionado por la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el grupo armado posdesmovilización de las AUC autodenominado AGC, y la contaminación de sus territorios con MAP/MUSE/AEI”. – Artefacto Explosivo Improvisado (AEI), Mina antipersonal (MAP), Munición sin explotar (MUSE)-.


Hay que nombrar que Murindó –donde los recientes hechos se le atribuyen al ELN- , es un municipio ribereño del río Atrato, el cual limita al norte con el Carmen del Darién, Chocó; por el oriente con Dabeiba y Frontino, Antioquia; y por el occidente con Vigía del Fuerte, Antioquia. Además, la mayoría de su territorio está altamente poblado por comunidades indígenas y afrodescendientes (97.7%), pertenecientes a los resguardos Río Murindó, Río Chageradó y de los Consejos Comunitarios COCOMACIA y PDI.


Hechos constantes


Iniciando 2020, el 24 de febrero, se denunció un ataque con explosivos a miembros del Ejército Nacional que se encontraban patrullando en la vereda Turriquitadó al sur de Murindó. En este caso, en el que fue implicado el ELN, tres soldados resultaron heridos, quienes posteriormente fueron trasladados para las respectivas atenciones. Hay que señalar que pocos días antes, en el Resguardo Río Murindó fue asesinado Otoniel Cuñapa Domingo, un joven de 17 años que pertenecía a la comunidad de Alto Guayabal del Resguardo Indígena Urada Jiguamiandó, jurisdicción del municipio de Carmen del Darién, Chocó.


En marzo se intensificaron los combates entre las AGC y el ELN en el resguardo Río Murindó , en los que se le impidió a la comunidad salir de sus casas, se detonaron artefactos explosivos, igualmente, a la población civil se le señalaba por ambos grupos de ser colaboradora del bando contrario, generando situaciones de zozobra y peligro inminente.


En ese mismo mes dos menores de 12 y 17 años fallecieron tras ser víctimas de una mina antipersonal, en hechos ocurridos en el resguardo indígena Murrí Pantano del municipio de Frontino.


Abril llegó con el confinamiento de 475 familias, aproximadamente 2.129 personas, pertenecientes a la comunidad indígena en Murindó; esto tras la amenaza y alerta de artefactos explosivos en el territorio. Poco después, también en esta zona, una joven indígena de 16 años fue reclutada por el ELN y obligada a instalar una mina antipersonal que le detonó en las manos.


Desde agosto, – cuando parte de una familia Embera cayó en un campo minado en zona rural del municipio de Dabeiba, causando la muerte del padre y heridas graves a su esposa e hija-, y hasta noviembre, fueron constantes los confinamientos en las zonas aledañas a Murindó, además en esos meses se continuaron registrando personas heridas a causa de detonaciones.


El riesgo inminente de las comunidades indígenas


Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- se advirtió que junto a otras organizaciones de carácter territorial, solo en el último mes se han emitido al menos 15 denuncias y alertas tempranas advirtiendo sobre los hechos victimizantes que viene sufriendo la población indígena.

Aunque se identifican varios hechos en distintos departamentos, sobre lo ocurrido recientemente vale la pena traer a colación lo referente a Antioquia, donde el 29 de enero en el municipio Cáceres, se presentaron enfrentamientos armados que pusieron en riesgo la vida y la integridad de la población perteneciente al pueblo Senú.


La situación de riesgo se ha extendido a las comunidades José de los Santos, Isla de la Dulzura, Guarumo Balay, Puerto Santo Manantial y Jardín La Esperanza que se encuentran confinadas y sin poder solventar necesidades básicas, pues los grupos armados al margen de la ley han impuesto restricciones a la movilidad y toques de queda que impiden las labores de cultivo y pesca. A esto se suma que desde septiembre de 2020, 59 familias de Isla la Dulzura están en situación de desplazamiento en la comunidad Guarumo; a la fecha son 231 familias en situación de confinamiento y desabastecimiento.


Asimismo, que el pasado 17 de febrero la población del Resguardo Jaidukamá del pueblo Embera Eyábida fue víctima de un desplazamiento forzado de carácter masivo hacia el corregimiento La Granja en el municipio de Ituango. Esto luego de un enfrentamiento armado entre las AGC y disidencias de las FARC en el marco de la disputa por el control territorial del Nudo del Paramillo que se viene desarrollando desde hace seis meses aproximadamente.


Adicionalmente, en dicho documento que fue publicado desde la ONIC el 25 de febrero se seguía insistiendo en la situación de los resguardos de Río Murindó y Río Chageradó. Señalaban que: “la situación no es, en ningún caso, nueva; desde el año 2019 la OIA viene advirtiendo sobre la presencia de actores armados en los resguardos de Murindó, Urrao, Dabeiba, Frontino, Vigía del Fuerte y en el Bajo Cauca. La nula acción del Estado ante las reiteradas alertas llevó a las comunidades del pueblo Embera Eyábida a declararse en Minga Permanente”.


Con lo anterior hay que recordar que durante el 11 y 16 de febrero las comunidades indígenas de Guagua, Isla, Coredó, Bachidubi, Ñarangue, Chageradó, Turriquitado Llano, Turriquitado Bajo, Turriquitado Alto, Chibugadó y Chimiadó del pueblo Embera Eyábida, se declararon en minga permanente para exigir la armonización territorial, y continuar su lucha por el derecho a la vida y el respeto a sus territorios y costumbres.


Lo anterior también atravesado con que a pesar que desde las comunidades indígenas se ha insistido en no permitir la presencia de actores armados de todo orden, legales e ilegales, pues como se aseveró, estas acciones están lejos de la armonización y respeto del territorio, por lo que se sigue insistiendo en un desminado humanitario, institucionalmente se dice que la posibilidad por el momento es el desminado militar, esto argumentándose en la presencia de estructuras armadas ilegales en la zona.


El horror para los/as menores con las minas antipersonal


Por otra parte, vale la pena mencionar que siguiendo datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios durante el 2021 se han reportado 47 hechos relacionados con Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), Minas antipersonal (MAP), Municiones sin explotar (MUSE).

Esto se han registrado en Antioquia (5 casos), Arauca (5), Cauca (18), Chocó (3), Córdoba (3), Nariño (4), Norte de Santander (2), Putumayo (1), y Valle del Cauca (6). En estos casos, al menos, 10 menores de edad, como Plinio Dogaría Eyábida, han sido víctimas de este tipo de estos hechos.


Uno de los casos se presentó el 11 de enero en zona rural del municipio de Policarpa, al norte de Nariño. Allí dos niños de 14 años perdieron la vida luego de manipular y activar de forma involuntaria un artefacto explosivo que estaba abandonado en un camino veredal. Por otra parte, iniciando febrero se denunció que un artefacto cayó cerca de una vivienda en la vereda El Damián, Resguardo de Tacueyó, en el municipio de Toribío. En este hecho, Mabel Alejandra Ipia Noscué de 7 años sufrió una herida en su pierna derecha.


Más recientemente las autoridades en Buenaventura confirmaron que seis menores de edad resultaron heridos tras la explosión de un elemento en ese distrito. El artefacto fue hallado por los niños en zona boscosa de Bajamar, lo recogieron y llevaron hacia sus viviendas. Minutos después salieron a jugar con él y cuando lo arrojaron, se registró la explosión.