Por: Giorgio Londoño Medina, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto
La cifra de líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 noviembre de 2016, no para de aumentar y el 2019 arrancó con una vertiginosa disparada de la tasa acumulada que ya llega a, aproximadamente, un homicidio cada tres días. Desde la Fundación Paz y Reconciliación ya se cuentan en 211 homicidios y, tan solo entre el 1 y el 11 de enero, 9 muertes parecen acercarnos a la cifra de un asesinato diario.
Sumado a esto, la deuda histórica de implementar soluciones pertinentes sigue en vilo. Si el año pasado había cerrado con una cifra alarmante de 87 asesinados, el trágico arranque del presente año es un llamado urgente a impulsar acercamientos que contemplen necesidades diferenciales, colectivas y que, en últimas, se ajusten a contextos complejos, yendo más allá del estrecho enfoque en protección física y material que ha sido promovido una y otra vez desde distintas instituciones del Estado sin mayores resultados.
Además, en el panorama actual parece haber claves que permiten entrever que la situación, ya de por sí crítica, puede no haber tocado fondo: por una parte, de acuerdo con investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, entre los perfiles de víctimas predominan ampliamente los líderes y lideresas que son: (1) reclamantes de tierras y Verdad, (2) participan de procesos políticos, (3) miembros de JAC (Juntas de Acción Comunal) que se oponen a economías ilegales de distinto tipo y (4) defensores y defensoras de derechos colectivos ligados a comunidades negras e indígenas.
Por otra parte, los agentes involucrados en los hechos en mayor medida son actores no identificados que suman más del 70%, seguidos por el Clan del Golfo, los Grupos Armados PostFARC y, en menor medida, el ELN. Esta tendencia podría apuntar a vínculos estrechos con actores legales e intereses económicos que han tendido más y más a contratar sicarios. Frente a esta situación, de hecho, no es poco común que los mismos sicarios desconozcan quién los contrató.
¿Qué ha sucedió en el plano de la acción estatal?
En línea con los devenires de la política del “espejo retrovisor” que ha predominado en el gobierno Duque, el propio presidente lanzó a finales del año pasado el PAO (Plan de Acción Oportuna), que busca crear una acción articulada y coordinada entre actores e instancias para definir políticas frente al creciente fenómeno de homicidios y victimizaciones. Durante el lanzamiento de esta iniciativa la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que su finalidad última sería “encontrar una visión común de las entidades del Estado y definir acciones concretas en el territorio”.
Sin embargo, los reparos al PAO no se hicieron esperar. Desde distintos sectores se llamó la atención acerca de su composición, que priorizó la presencia de funcionarios de alto gobierno pero que excluyó a la sociedad civil. A la par, distintas organizaciones también denunciaron su visión reduccionista, que reproducía varios errores cometidos en pasadas ocasiones, principalmente, en relación con una idea de seguridad ceñida a la presencia de fuerza pública y a la protección.
Asimismo, el protagonismo de personajes ajenos y adversos a los movimientos sociales no fue vista con buenos ojos y el PAO ha sido criticado por simplificar y duplicar otras estructuras ya contempladas en otras instancias, especialmente en el caso de la Comisión de Garantías de Seguridad contenida en el punto 3 del Acuerdo de Paz. Así las cosas, la medida parece tanto el resultado improvisado de la presión ejercida desde las organizaciones nacionales e internacionales, como una movida mediática para responder de alguna manera a la imagen presidencial que va en picada.
A lo anterior, se suma el hecho de que, a pesar de múltiples denuncias y evidencias, solo hasta ahora se reconoce un cierto grado de sistematicidad por parte del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez -hecho que sucedió precisamente el día en que se llevaron a cabo movilizaciones masivas reclamando su renuncia-. Todo, además, en el marco de los riesgos que representa un escenario electoral regional próximo, de la incertidumbre sobre los efectos reactivos de distintos actores que se sienten amenazados por los procesos de reconstrucción de Verdad e implementación del Acuerdo de Paz y de los prácticamente nulos avances en la identificación de autores intelectuales.
Frente a esta coyuntura hay que decir que muchos de los líderes en riesgo participarán en contiendas electorales o impulsarán candidaturas alternativas y hay que tener en cuenta el precedente de casos como el del asesinato de Jesús Adir Perafán, de Caicedonia, Valle, fundador de “Coraje Caicedonia”, y quien aspiraba a ser concejal en las próximas elecciones; o el de Ana María cortés, en el bajo Cauca antioqueño, que fue la coordinadora de municipal de la Colombia Humana. Todo indica que la violencia contra líderes arreciará y que las medidas institucionales serán insuficientes para frenar la ocurrencia de estos casos.
En este sentido, el avance de la Comisión de la Verdad también es una variable a la cual deberá prestarse atención. Probablemente, en este ámbito se generarán resistencias que pueden poner en peligro a algunos liderazgos, tanto por su propio potencial de denuncia como porque, a medida que distintos actores cuenten cuáles fueron sus roles en distintas dinámicas de violencia e ilegalidad, los perpetradores se verán más contra las cuerdas. Frente a esto es importante recordar que, por ejemplo, los reclamantes de tierras se cuentan dentro las víctimas más comunes, con casi el 5% del total de casos de homicidio selectivo.
En últimas, lo que está sobre la mesa es la manera de abordar la idea de seguridad, que hasta el momento parece reducirse a visiones individuales, pasajeras y policiales, amalgamadas bajo la vieja fórmula de “hacer llegar el Estado” desde arriba. Son apremiantes los enfoques que den prelación a las particularidades territoriales, reconociendo lo que ya está en marcha y los riesgos latentes; a ampliar la cabida de las medidas colectivas y a la identificación de más autores intelectuales. En un contexto como este es necesario, además, que urgentemente se dejen atrás las medidas ineficientes cargadas de vicios mediáticos y las recetas reactivas fallidas.