Por: Ghina Castrillón Torres
Politóloga feminista
El próximo 29 de octubre serán las elecciones locales y regionales, y quiero aprovechar este espacio para invitarles a dos cosas. La primera es que en la medida de lo posible salgan a votar de forma masiva, ojalá por los proyectos alternativos que priorizan apuestas por la diversidad, la protección de los derechos humanos y la lucha por la transparencia y la anticorrupción; y la segunda invitación es a rechazar y denunciar la compra de votos, respondiendo al sistema de recompensas anunciado por el Gobierno Nacional.
En referencia a la primera invitación, que es salir a votar masivamente, digo “en la medida de lo posible” reconociendo las preocupaciones existentes por riesgos electorales, como el constreñimiento ejercido por grupos armados ilegales que afectan el libre ejercicio del voto. Frente a esto, la Defensoría del Pueblo en la Alerta temprana N. 030-23 resalta que hay 676 municipios con riesgos para el proceso electoral, de los cuales 113 están en riesgo extremo y 286 en riesgo alto. Por ejemplo, para el caso del Valle del Cauca se encuentran tres municipios que están clasificados como de riesgo extremo, que son Buenaventura, Jamundí y Tuluá. Para esto, las fuerzas militares anunciaron un plan de seguridad, que esperamos que permita el desarrollo seguro de la jornada.
En referencia la segunda invitación, que es rechazar y denunciar la compra de votos, invitación en la que voy a profundizar a continuación, considero clave resaltar la apuesta del Gobierno Nacional con la estrategia de sistema de recompensas comunicada por el ministro Luis Fernando Velazco, quien anunció que la recompensa económica ofrecida será proporcional a la denuncia realizada. Anuncio confirmado por el presidente Petro en su cuenta de X: “se pagará al informante hasta el 10% del dinero destinado a la compra de votos que pueda ser decomisado por la Policía Nacional”.
Con esta estrategia se busca evitar que grupos criminales o políticos influyan en el voto de la ciudadanía mediante el pago de dinero o favores, y para esto se trabajará conjuntamente con la policía judicial y la Registraduría para verificar las denuncias y así poder sancionar a los responsables. Dado que uno de los problemas más graves que enfrenta el proceso electoral es la compra de votos, que es una práctica lamentable que ha sido normalizada en muchas regiones y esto lo debemos rechazar y apostar por un proceso electoral transparente.
Recordemos que, en democracia, cada voto cuenta y la participación es fundamental. La legitimidad de las decisiones tomadas en las elecciones depende en gran medida del grado de participación. Justamente, el año pasado, para la elección presidencial, se presentó una abstención del 41,8% de la población apta para votar; y en las pasadas elecciones regionales, en el 2019, la abstención fue del 39,3%.
Para la lucha anticorrupción y el fortalecimiento de la democracia, es realmente importante un voto informado y autónomo, que permita la elección de representantes que sean confiables. No se trata solo de ejercer un derecho, sino de hacerlo de manera responsable. Además, también es esencial que la ciudadanía no se abstenga, voten en blanco o anulen su voto, ya sea por desencanto o indiferencia. Si bien este tipo de votos no tiene ningún efecto real y es una representación de la molestia que se siente con el sistema electoral, esto termina favoreciendo a los partidos más votados.
En este contexto electoral decisivo, en el que la participación ciudadana y la integridad del proceso son fundamentales, quiero traerles el mensaje que nos compartió hace cuatro años el artista bonaverense de música urbana, El Teacher, en su canciónNi por plata ni por trago:
“Hay que tener mucha decisión y ponerse la mano en el corazón, si te ofrecen 50 por tu elección coge la plata y no votes por un ladrón… ¿los corruptos piensan que van a comprarnos?, no nos vendemos ni por plata ni por trago…”.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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