Por: Laura Cano, periodista Pares.
Hace poco menos de dos meses Leyner Palacios había enviado una carta dirigida al actual presidente solicitando, entre otras cosas, garantías de seguridad para los habitantes del Chocó y todo el Litoral Pacífico. En ese documento, Palacios retomaba otra comunicación que había tenido con Duque el 17 de noviembre de 2019 durante el sepelio colectivo de las víctimas de Bojayá:
“Ya han transcurrido 15 años y esta situación se repite, con la variante de que , gracias al Acuerdo de Paz, hoy las FARC – EP han salido del territorio, pero ante la falta de la implementación del mismo, el ELN ha copado estos espacios, se ha fortalecido militarmente y ha incrementado sus agresiones a la población civil. De la misma manera, el Gobierno no ha sido efectivo en combatir las nuevas formas de paramilitarismo y bandas criminales, quienes hoy han incrementado su accionar al interior de los territorios étnicos”.
Leyner Palacios se ha convertido en una de las voces de quienes fueron víctimas de la Masacre de Bojayá ocurrida el 02 de mayo de 2002, durante enfrentamientos entre la antigua guerrilla Farc-ep y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Palacios fue uno de los habitantes que se protegieron en el templo católico del municipio cuando cayó el cilindro bomba que lanzaron las Farc, para luego convertirse en una de las piezas claves para, 17 años después, reconocer a algunas de las personas que habían desaparecido y muerto durante la masacre.
Un líder que han querido silenciar
Desde el 2014 Leyner ha representado a las víctimas en varios espacios públicos. Uno de estos fue durante los diálogos que se adelantaban en La Habana, Cuba, entre las Farc y el Gobierno Nacional para lo que sería el Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016.
También ha participado dentro de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP) como secretario general y defensor de derechos humanos. Además, en 2017 ganó el premio Pluralismo Global, reconociéndose su trabajo a nivel nacional e internacional.
Tras su labor como líder, y como una radiografía de lo que ocurre en el país con quienes defienden la paz, la vida digna y la seguridad en los territorios, Leyner ha sido amenazado por grupos armados, especialmente por las AUC y el Clan del Golfo, situación que hace un mes lo llevó a salirse del Chocó y radicarse en Cali.
Justamente en esta ciudad fue donde se registró el asesinato de uno de sus escoltas, Arley Enrique Chalar Rentería. Esto mientras en Ginebra, Suiza Michel Forst, presentaba el más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en el país realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y publicado la semana pasada, donde se alertaba del ambiente poco seguro para los líderes y las lideresas.
Chalar hacia parte del esquema de seguridad de Leyner, sin embargo, para el momento del asesinato él no se encontraba con Palacios. El atentado se registró en horas de la tarde en el barrio La Selva, al nororiente de Cali. Aún no hay responsables, mientras que el alcalde de esta ciudad, Jorge Iván Ospina ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por la captura de los sicarios.
“Tenemos mucho dolor ante el brutal asesinato del que fue víctima Arley Hernán Chalá, uno de mis escoltas, 18 impactos de bala lo acallaron. En mi mente él y su familia. No me es fácil dar declaraciones, agradezco la comprensión y solidaridad”, afirmó Leyner a través de Twitter.
Aunque no está oficialmente confirmado que el atentado haya sido o no destinado a Palacios, la realidad es que día a día los lideres y lideresas del país viven con la zozobra de que en cualquier momento pueden ser asesinados.
Esto, mientras el gobierno nacional no da alguna solución efectiva y mientras las cifras de muertos siguen aumentando, porque en este país defender los derechos humanos es un peligro diario, un peligro del que pareciera no enterarse la institucional, en donde se pronuncia que “mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos» o que se “debería revisar la relación de Colombia con ONU y cerrar esa oficina de la Comisionada de DD.HH., convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional”.