La Zona de Ubicación Temporal (ZUT) ¿Qué pasó con la apuesta para el proceso de pacificación en el Catatumbo?

Por: Redacción Pares

Foto de: Julian Rios

La ZUT surge en lo que llamaron, desde la mesa de diálogos de paz entre el Frente 33 (F33) del Estado Mayor del Bloque y Frente (EMBF) de las Disidencias de las FARC-EP y el Gobierno Nacional, como “El acuerdo del 3 de mayo de Catatumbo” y es la primera que se proyecta en el marco de la ley de Paz Total.

Para ese día de comienzos del mes de mayo de 2025, en algún lugar de está subregión de Norte de Santander, las conversaciones entre ambas delegaciones continuaban a pesar de la crisis humanitaria que se vive desde el mes de enero; y que deja más de sesenta mil personas desplazadas, miles de confinados y un camino sin respuestas para encontrarle fin a las confrontaciones armadas.

Allí se definió, mediante la resolución 161 de 2025, que la ZUT tendría una funcionalidad de siete meses, se ubicará en el área rural de Tibú siendo su delimitación geográfica de completa reserva por parte de las autoridades para la opinión pública.  Entre tanto, los miembros de ese frente (de acuerdo a información de la mesa de diálogos podrían ser alrededor de cien hombres) tendrían un plazo inicial de 45 días para movilizarse y comenzar con su proceso de pacificación orientado a desescalar el conflicto en el Catatumbo.

Frente a esta indicación, el tiempo se agotó y el manto de dudas cubre la proyección de la ZUT debido al poco avance que se conoce a nivel territorial. Al igual, que el traslado de más de cien familias que se asentaron en el refugio humanitario en la vereda Bertrania de Tibú (liderado por la delegación de paz del Gobierno Nacional en abril de 2025), las conversaciones no llegan al ámbito departamental y municipal, y todo parece desarrollarse bajo un hermetismo que depende de un nivel central.

Está barrera entre la Delegación de Paz y las autoridades a nivel territorial, podría dejar serias afectaciones, especialmente a la población civil, ante una posible lectura de incumplimiento (a pesar de la voluntad de paz que mantiene el Frente 33) de los puntos acordados que generaría el volcamiento de esta estructura armada a la lucha por el control territorial y de las economías ilegales que llevarían al aumento de las acciones armadas.

Un panorama nada alentador ante la realidad que aún se vive en la región del Catatumbo, debido a las confrontaciones entre el ELN y el Frente 33, que parece nublarse ante la conformación de la ZUT que no comienza a materializarse y se retrasa en medio del camino de la búsqueda de la paz total que se pierde en medio de las balas y las explosiones.

Por otro lado, la pérdida de la autonomía de las autoridades municipales y departamentales y la seguridad de quienes lleguen a la ZUT y de la población civil, son las principales incógnitas para las autoridades y para diferentes sectores sociales. 

Gloria Quiceno, delegada en la mesa de diálogos de paz con el F33 de las disidencias de las FARC-EP, señala que la seguridad de la zona estará a cargo de la autoridades locales, departamentales y nacionales, y permitirá que las funciones del Estado se mantengan a pesar del escepticismo, frente a estas medidas.

La resolución señala que se proyectaron tres efectos jurídicos que permitirán garantizar el estado de derecho en la región del Catatumbo y brindará las condiciones para que los miembros del F33 inicien su tránsito a la vida civil: 1) Suspensión de órdenes de captura a quienes ingresen en la ZUT, incluso las que tienen fines de extradición; 2) En el municipio de Tibú se mantienen funciones del Estado y autoridades civiles sin excepción; y 3) La ZUT no es una zona de despeje, el Estado de Derecho se mantiene plenamente vigente.

Entre tanto, a pesar de las garantías que se entregan en materia de autonomía y seguridad, diversas voces mantienen la distancia frente a las indicaciones que entrega el gobierno de Gustavo Petro. Diógenes Quintero, representante a la curul de paz por la región del Catatumbo, agregó que se está apelando a un recurso sin tener una base sólida en los avances de la mesa de diálogos de paz.

“Estamos ante un abandono de las autoridades a nivel nacional, con la ZUT no va a pasar nada, no va a ver ZUT, estamos ante una nueva improvisación en su política de paz total, no hay decisiones contundentes, no hay seriedad y las autoridades locales no han sido escuchadas…. Nos toca a nosotros unirnos y salir adelante, exigir a que el gobierno atienda de manera concreta a la región del Catatumbo”, precisó Quintero.

Lo que considera como un abandono por parte del Estado Colombiano podría repercutir en un aumento del riesgo, de la población civil, de ser víctimas de las confrontaciones armadas. Si no hay una garantía de seguridad en el Catatumbo, por parte de la fuerza pública, la Zona de Ubicación Temporal sería un blanco perfecto para que el ELN pueda atacar a los integrantes del Frente 33 que lleguen a adelantar su proceso, lo que fracturaría y retrasaría aún más los avances en la mesa de diálogo de paz. 

No obstante, otra de las incógnitas que se presenta para las autoridades y que mantiene entre la expectativa a la ciudadanía es el destino de las armas de quienes lleguen a adelantar el proceso en la ZUT; lo que debe ser un acto de voluntad de paz se nubla con el pasar de los días y con la persistencia de las confrontaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) la incertidumbre se mantiene ante un posible aumento de las acciones armadas en territorio.   

Para esto, uno de los compromisos que se definieron es que, cuando lleguen a la Zona de Ubicación Temporal, se fijará un acuerdo para definir las condiciones, responsabilidades y modalidad para la disposición del material de guerra. “Por ahora no les podemos decir qué pasará con las armas, porque será algo que se definirá una vez lleguen a la zona”, indicó Quiceno, en uno de los encuentros de socialización de los compromisos que se desarrollaron en Cúcuta y Tibú.

Entre los compromisos que se acordaron en la Resolución 161 de 2025 se encuentran:

• Elaborar y ejecutar un plan de acción y atención integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

• Establecer garantías de seguridad jurídica dentro del componente de justicia, orientadas a su protección y en su tránsito a un estado de ciudadanía plena en el marco del Estado Social de Derecho.

• Implementar un plan de transformación territorial que facilite la sustitución de economías ilícitas y el aumento de la producción alimentaria.

• Desarrollar con las coordinaciones institucionales para garantizar el tránsito hacia una ciudadanía plena de los miembros del Frente 33.

• Aportar en la elaboración de un plan de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado.

• Ejecutar acciones de satisfacción de los derechos de las víctimas que lleven a su reparación; y Contribuir en programas de desminado humanitario para proteger la vida de la población civil, la fuerza pública y los miembros del Frente 33.

Por ahora, la búsqueda de la paz en Norte de Santander (especialmente en el Catatumbo) y el proceso de pacificación que se presenta con el Frente 33 del Estado Mayor del Bloque y Frente (EMBF) de las Disidencias de las FARC-EP, no es claro. Las mismas necesidades históricas de la región mantienen en un círculo de guerra a miles de personas que anhelan que la paz de su territorio se pueda dar ante tantos amagues de conversaciones.

La instalación de la ZUT en Catatumbo espera ser la herramienta para que la historia le pueda decir a Colombia que el diálogo y el fin del conflicto son los caminos para que los territorios olvidados por la inversión social puedan salir de la espiral de violencia que los marginó.

Hasta el momento, los esfuerzos seguirán enfocados en los avances de las conversaciones que puedan traer el cambio social para la región y convertirla en un modelo de paz para el país, que aún no comienza a desarrollarse y que espera porque las disposiciones del Gobierno Nacional se materialicen en territorio. 

Disposiciones que no solo lleguen a cumplirse como órdenes de superiores a subalternos, sino que puedan construirse e involucren las voces de quienes conocen la realidad de la región y viven las consecuencias. Solo así, el cambio del paradigma de la guerra podrá transformarse en una mirada que vislumbre las transformaciones que necesita el Catatumbo; un camino que necesita ser transitado con el relato de la ciudadanía y que rompa con el centralismo que maneja, históricamente, el país.