La oposición venezolana llega dividida a las “megaelecciones” del 25 de mayo

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad

En algún momento se ha dicho que la oposición venezolana tiene momentos cíclicos, en los que la coyuntura política los une y los disgrega cada cierto tiempo. De esa última disgregación que se tiene noticia (con la formación de los bloques que apoyaban a Juan Guaidó y al gobierno interino y los que estaban en contra del mismo) se conoce que hubo negociaciones para acabar con aquel experimento, luego de las acusaciones de corrupción sobre Guaidó y otros funcionarios, y posteriormente un diálogo con el oficialismo que llevó a los Acuerdos de Barbados, de octubre de 2023, y a la proposición de María Corina Machado como futura candidata de una oposición que parecía haber resuelto sus diferencias.

Luego, vino un bloqueo total por parte del gobierno oficialista que impidieron la participación de Machado y de su sucesora, Corina Yoris, que terminaron con una inscripción de último minuto de Edmundo González por la boleta de la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y al mismo tiempo con la inscripción de Manuel Rosales por el partido Un Nuevo Tiempo como los candidatos de aquel bloque para las presidenciales del 28 de julio de 2024.

La inscripción de Rosales (no acordada con el resto de los partidos de la oposición, según Machado) dejó entrever las primeras grietas de esta nueva oposición post-Guaidó, que a la final se resolvieron bajo conversaciones y en las que Rosales decidió desistir de su candidatura y sumarse a la de González.

Tras ello, vinieron las elecciones el 28 de julio. La oposición hizo auditoría de las actas de escrutinio y proclamó a González ganador, mientras que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela hizo silencio, demoró los resultados hasta bien entrada la madrugada, para proclamar a Nicolás Maduro como presidente en su tercera ocasión.

Los llamados de fraude llevaron a una reacción social espontánea que terminó con un saldo de 25 muertos, según Human Rights Watch; y 2229 personas detenidas, según las cifras de la Fiscalía General de Venezuela, de las cuales 23 luego fueron reportadas como desaparecidas, según la ONG Foro Penal.

De aquellas detenciones, el mismo Ministerio Público señaló que más de 2000 personas ya fueron liberadas, aunque algunas de estas denunciaron que fueron obligadas a firmar documentos donde tiene prohibido revelar información de su tiempo detenidos, y obligadas a grabar vídeos señalando que les fueron respetados sus derechos humanos.

Sin embargo, desde el día después de conocerse los resultados electorales, ya al interior de la oposición se estaban discutiendo los siguientes pasos a seguir tras la derrota. En medio de este interregno, Edmundo González se vio obligado a salir del país luego de que una jueza ordenara su captura por corrupción y usurpación de funciones, que terminaron llevando a la salida del líder opositor hacia España, como lo reseñamos en este artículo que analiza esta época, en septiembre de 2024.

González, en ese momento, comenzó una campaña de presión internacional que giraba alrededor de su potencial regreso a Caracas para posesionarse el 10 de enero como presidente, que al final no se cumplió por los riesgos de seguridad y por la recompensa de 100.000 dólares que Maduro había puesto por dar con su paradero para aquellos días.

Del mismo modo, el llamado “método venezolano” (que ya explicamos aquí en varios análisis desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad) ha seguido funcionando con la retención de varios líderes opositores, entre ellos María Corina Machado —retenida y liberada el 9 de enero de 2025—, Freddy Superlano, Américo De Grazia y Enrique Márquez, excandidato presidencial de 2024.

Es en este escenario donde la discusión por participar en las llamadas “megaelecciones” regionales, locales y parlamentarias nacionales de Venezuela el próximo 25 de mayo de 2025 ha vuelto a disgregar a una oposición bastante golpeada tanto por la represión del gobierno oficialista, como por su propia tendencia faccionalista interna. El liderazgo de María Corina Machado, que en octubre de 2023 se hacía incuestionable, ahora mismo no termina de aglutinar a varias de las figuras históricas de la oposición, que han decidió participar en estos comicios.

Las acusaciones de traición, oportunismo y radicalismo entre ambos bandos han terminado por romper el ciclo que desde 2021 se venía consolidando, y abren a un nuevo momento de incertidumbre, en el que las próximas elecciones pueden terminar de dar la puntada final para consolidar el viraje que el régimen ha querido dar hacia un gobierno de partido hegemónico, como ha buscado desde mediados de 2015, cuando el último triunfo electoral de la oposición llevó a Maduro a desconocer a la Asamblea Nacional.

¿Participar o no participar? He ahí el dilema

Fuente: Nueva Sociedad

Tras la posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025, el discurso de la oposición sobre el fraude se ha ido diluyendo en la opinión pública. Aunque sigue siendo la narrativa fundamental con la que la oposición sigue manteniendo vivos los apoyos que posee a nivel territorial (manifestados sobre la cantidad de movilización social que María Corina Machado logró durante su campaña y la de Edmundo González a la presidencia entre octubre de 2023 y julio de 2024), no ha sido suficiente para canalizar a una sociedad que ya no observa el panorama en su país como en 2014, cuando sucedieron las manifestaciones en el marco de “La Salida”, que terminaron con el arresto de Leopoldo López y una cruenta represión en el país vecino.

La legitimidad de Edmundo González en el exterior no se ha terminado de canalizar en el interior del país. Aunque la mayoría de los miembros de la OEA estuvieron de acuerdo con reconocer los resultados presentados por la auditoría de la oposición, la situación de Venezuela frente a sus vecinos sigue siendo, en el mayor de los casos, similar a los momentos previos a las elecciones.

México, Colombia y Brasil intentaron a través de una “trilateral” negociar los términos para que hubiera nuevas negociaciones entre la oposición y el oficialismo luego del 28J, pero tampoco avanzaron en un mayor diálogo, más allá de que ambas partes tenían como líneas rojas el reconocimiento de los resultados por parte de sus contrincantes.

Colombia desistió y decidió no reconocer a ninguno de los dos gobiernos —aunque envió a su embajador en ese país, Milton Rengifo, al evento de la posesión de Maduro—, misma postura que tiene el gobierno brasileño. Por su parte México desistió de intervenir y envió también a su delegación diplomática, y decidió no tomar postura, aunque reconoció “de facto” al gobierno oficialista.

En este escenario, el 27 de enero el presidente del CNE, Elvis Amoroso, publicó el calendario electoral que había programado inicialmente las elecciones para el 27 de abril de 2025. Luego, tras varias solicitudes de algunos partidos, el 19 de febrero, Amoroso corrió la fecha de los comicios hasta el 25 de mayo.

Antes de que se publicara el calendario electoral, María Corina Machado ya había salido a declarar el 19 de enero que no participaría de ningún otro proceso electoral en el país hasta que el gobierno oficialista no reconociera los resultados donde Edmundo González fue ganador, y señaló que respetaría la voluntad de la gente llamado a la abstención. En ese mismo sentido, el 19 de febrero, el Partido Comunista de Venezuela, antiguo aliado del oficialismo y hoy en la independencia, señaló que tampoco participarían por falta de garantías.

Del mismo modo, los dos partidos opositores más grandes del país, Voluntad Popular y Primero Justicia, señalaron hacia finales de febrero que tampoco participarían de los comicios de mayo, y que tomarían duras medidas contra cualquier miembro de aquellos partidos que decidieran participar, amenazándolos con la expulsión automática de sus colectividades.

De aquí se ha venido configurando la posición mayoritaria de la oposición, que gira alrededor de no participar de las elecciones y llamar a la abstención. No obstante, las declaraciones de Machado terminaron por desatar una guerra abierta interna al interior de la Plataforma Unitaria Democrática (PUEDE) que ha terminado con la salida de varios líderes opositores, pero también con la sensación de que dentro del bloque no existe democracia interna.

De hecho, estas denuncias ya venían escuchándose en el panorama político venezolano en las elecciones de 2024 —recogidas en varios análisis desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad—, cuando varios candidatos independientes acusaron a la PUEDE de estar cooptada bajo el llamado bloque de los 4 grandes (Alianza Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y —recientemente— Vente Venezuela), lo que terminaba por asfixiar a los partidos minoritarios que componen a la coalición.

Los cuatro escenarios de la nueva ruptura de la oposición venezolana

Fuente: Crisis Group

Esta guerra ha tenido varios escenarios. El primero emergió a mediados de febrero de 2025, cuando varios líderes regionales y locales del partido Primero Justicia cuestionaron a su partido por haber suscrito las declaraciones de abstención de María Corina Machado, al señalar que al interior del partido no se habían discutido en ningún momento y tacharon la decisión de antidemocrática.

De estas declaraciones se hizo vocero Henrique Capriles Radonski, viejo líder opositor y uno de los más importantes del país, quien señaló que participaría en las elecciones de mayo junto con otros liderazgos de su partido, entre ellos Tomás Guanipa, Juan Requesens y Ángel Medina. La respuesta de Primero Justicia llegó a mediados de abril, cuando su mesa directiva, en cabeza de su presidenta, María Beatriz Martínez, tomó la decisión de expulsar a Capriles y a otros 5 líderes opositores del partido.

La respuesta de Capriles fue acusar al bloque de Julio Borges de generar un golpe interno dentro de su partido, y señalar que respetaba la decisión del resto de la oposición de abstenerse, pero que esta estrategia terminaba por hacerle juego a la lógica Nicolás Maduro de mantenerse en el poder.

El segundo surgió en marzo de 2025, cuando el secretario ejecutivo de la PUEDE, Omar Barboza, renunció a su cargo, luego de que señalara que al interior de la colectividad opositora no existe claridad frente a las filtraciones de información, así como a la falta de unidad en el bloque.

El tercero surgió con el llamado de varios dirigentes abstencionistas, entre ellos Andrés Velásquez, de La Causa Radical, de expulsar a los partidos Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela de la plataforma PUEDE, tras también haber postulado candidatos a las elecciones. La respuesta de la dirigencia opositora fue, en palabras de Roberto Enríquez, su actual secretario ejecutivo, indicar que su estatus dentro de la plataforma era incierto y que desde las disputas de marzo y abril de 2024 entre Manuel Rosales y María Corina Machado, no acompañaban la mayoría de las decisiones de la plataforma.

La cuarta devino de la construcción de otra coalición opositora, llamada “Red de Defensa Ciudadana de la Democracia (DECIDE)” por parte de Henri Falcón, Henrique Capriles y otros líderes expulsados de Primero Justicia, con la finalidad de llamar al voto sin desconocer la ilegalidad de las elecciones de 2024 y el reclamo de desconocer sus resultados. La estrategia es tratar de concentrarse en canalizar el voto descontento y opositor de 2024, antes que darle primacía a la estrategia de presión internacional en la que se ha concentrado María Corina Machado.

La respuesta de Machado y de PUEDE fue enfática, y ese mismo día llamaron al boycott electoral, a la abstención y no “votar a ciegas”. El discurso al interior del bloque es que cualquier participación es legitimar al régimen y hacerse partícipe del mismo, narrativa que desde DECIDE y la Alianza Democrática (la coalición de partidos opositores intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela) rechazan de manera vehemente. Además, desde la Plataforma PUEDE acusan a los “traidores” de negociar con Maduro su participación en estos comicios.

En todos estos casos, Machado acusa de traición a sus antiguos compañeros. Borges, por su lado, señala que Capriles ha querido cooptar el proceso, y ha buscado las maneras de sabotear el liderazgo de Machado, desde antes de las elecciones presidenciales de 2024. Barboza, por otro lado, tiene esperanzas que tras los comicios del 25 de mayo la oposición tienda a volver a reagruparse, señalando este ciclo de rupturas y reacomodos existente dentro de ese bloque.

A modo de cierre: el petróleo condiciona el ambiente electoral

Fuente: El País, España

La gravedad de esta ruptura y de estas nuevas elecciones en Venezuela giran alrededor de las tensas relaciones que el vecino país sostiene ahora mismo con el gobierno de Donald Trump. Aunque el presidente de los Estados Unidos se ha abstenido de reconocer a Nicolás Maduro y ha tendido puentes con Edmundo González, algunos miembros de la oposición en Venezuela lo observan como una figura mucho más pasiva y pragmática con el gobierno oficialista que el de su antecesor.

No obstante, Trump decidió revocar la renovación de la licencia a Chevron, que explotaba petróleo venezolano tras un relajamiento de las sanciones posterior a 2022, lo que ha puesto en alerta a la maltrecha economía venezolana, que puede volver a caer en recesión en los próximos meses.

En este sentido, la presión por potenciales nuevas sanciones contamina el debate sobre participar o no hacerlo. Las sanciones, que llevan impuestas desde 2014, no han generado el esperado giro político en Venezuela ni una revuelta social de gran envergadura que reviente al gobierno oficialista, tampoco ha movilizado al ejército a volcarse hacia la oposición, por lo que las posturas a favor de una salida electoral han tomado fuerza en un escenario donde no existen mayores salidas. Sin embargo, también la mayoría opositora ha salido a afirmar que igual no existen condiciones dadas para participar en elecciones, y que esta participación tampoco supondrá ningún viraje en el vecino país.