La justicia precluye, el poder permanece: el caso de Dilian Francisca Toro y su círculo
- Natalia Reina
- hace 1 día
- 6 Min. de lectura
Por: Natalia Reina Villamil
Asistente de investigación de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
En el Valle del Cauca, la política no se gana solo en las urnas: se gana desde los contratos, las entidades públicas y las redes de favores. Dilian Francisca Toro ha sido la arquitecta de una maquinaria que, durante más de una década, presuntamente ha tejido complicidades entre el poder político, lo institucional y lo clientelar.
La reciente preclusión del proceso contra Toro por presunto constreñimiento al sufragante en hechos que involucrarían al ICBF regional Valle, trae a colación el nombre de Jhon Arley Murillo, una figura cercana a la gobernadora, exdirector del ICBF regional Valle, y también acusado -entre otros delitos- por constreñimiento al elector. La Fundación Paz y Reconciliación - Pares encontró coincidencias entre los políticos, las cuales conducen a preguntarse ¿Fue el ICBF regional Valle un instrumento electoral de la hoy gobernadora?
El pasado 20 de mayo de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió cerrar el proceso que se adelantaba en contra de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; esto por prescripción, que se traduce en falta de celeridad en el caso. A la mandataria se le acusaba de presuntamente haber incurrido en el delito de constreñimiento al elector, cuando aspiraba por primera vez al principal cargo del departamento, en el año 2015.
La apertura de la investigación se dio a raíz del señalamiento realizado por Ruvid Palacios Rivas, una trabajadora social que en 2015 fue vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional Valle del Cauca como contratista, y afirmó que, para dicha época, fue presionada a presentar un listado de 30 nombres que servirían como votantes de la entonces candidata a la Gobernación, Dilian Francisca Toro. Lo anterior, se habría planteado como una condición para mantener su cargo en la entidad.
Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que se presentan señalamientos de constreñimiento electoral a través de funcionarios del ICBF regional Valle; lo que, en últimas, terminaría siendo la instrumentalización de entidades públicas para el proselitismo político.
Las presuntas presiones a las cuales fue sometida Ruvid Palacios Rivas, para actuar en favor de la hoy gobernadora, se dieron en el año 2015, cuando el director de la entidad en dicho departamento era Jhon Arley Murillo Benítez, un abogado egresado de la Universidad Santiago de Cali y actual presidente del Partido Colombia Renaciente. Murillo fue director del ICBF regional Valle desde septiembre de 2008 hasta octubre de 2016, y en simultáneo ocupó este cargo en la regional Chocó. Tras su paso por el ICBF, fue elegido representante a la Cámara por la circunscripción especial afrodescendiente para el periodo 2018-2022.
En septiembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en su contra por los presuntos delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado, constreñimiento y corrupción al sufragante. Al parecer, Murillo no habría reportado al Consejo Nacional Electoral el ingreso de ciertos dineros para su campaña a la Cámara de Representantes en 2018.
La apertura del proceso se dio tras una denuncia recibida por la Corte, en la cual se afirmaba que Murillo, como director de la regional del Valle del ICBF, habría utilizado su cargo en la entidad para conseguir apoyos —económicos y de votos— a su campaña al Congreso de la República.
Según la revista Cambio, en agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento a dos empresas privadas. En medio de la inspección se identificaron cajas relacionadas con la campaña de Murillo a la Cámara de Representantes. En dichas cajas se encontraron discos duros y documentos de reuniones que se habrían realizado durante la campaña en 2017, presuntamente con personal del ICBF. Además, se obtuvieron insumos como listados de personas pertenecientes a la entidad, puestos de votación, fotos de certificados electorales, cronogramas de actividades e incluso cartas a madres comunitarias promocionando la candidatura de Murillo.
Adicionalmente, Pares evidenció que Murillo ha sido objeto de investigación disciplinaria por parte de la Oficina de Control Interno del ICBF en al menos dos ocasiones. La primera de ellas, radicado con número 0678-2016, tuvo como informante a la Contraloría General de la República, y cuenta con auto de cierre de investigación fechado en el año 2020. El segundo corresponde al proceso 0351-2018, siendo informante Flaminio Onogama Gutiérrez, líder indígena embera; dicho proceso también obtuvo un auto de cierre en julio de 2022. Pares desconoce los hechos que dieron lugar a la apertura y conclusión de las investigaciones.
Sumado a ello, en agosto de 2014 el Juzgado Sexto Administrativo de Cali emitió una sentencia en la que reconoce que hubo un “claro acoso laboral” contra Ángela Soledad Jaramillo, coordinadora del Grupo Jurídico del ICBF, cuando Murillo ejercía como director. Según el órgano de justicia, Murillo “se dedicó a crearle un ambiente de trabajo hostil, saturarla de funciones, obligarla a realizar tareas represadas por años en poco tiempo, le proporcionó un trato discriminatorio, grosero, desobligante, no resolvió sus solicitudes de reintegrarla a su cargo en propiedad, todo lo cual con el fin de desmotivarla y propiciar su renuncia, como efectivamente ocurrió”. La sentencia también ordenó al ICBF el pago de $167.146.041 a la víctima.
A raíz de dicho proceso, en febrero de 2023, el ICBF demandó a Murillo, solicitando que se le reconociera como responsable del pago en el que incurrió la entidad por la condena impuesta por el Juzgado Sexto Administrativo de Cali. Además, la entidad pública exige que Murillo realice el pago del mismo monto de dinero que el ICBF tuvo que desembolsar como sanción. La demanda sigue en curso.
Ahora bien, la investigación de la Corte Suprema de Justicia en contra de Murillo continúa, y algunos de los señalamientos que lo involucran—como el constreñimiento al sufragante— coinciden con los tiempos y los mecanismos que se habrían utilizado en los presuntos delitos de los cuales se acusaba a la gobernadora Dilian Francisca Toro. Y es que la relación entre los dos políticos no es nueva. De hecho, la llegada de Murillo a la Cámara de Representantes fue interpretada como una ficha de la baronesa del Valle. En febrero de 2025, Murillo, en calidad de presidente del Partido Colombia Renaciente, expresó su “firme compromiso y apoyo” a Dilian Francisca Toro, tras una revocatoria de mandato presentada en su contra, interpuesta, curiosamente, por un exmilitante y excandidato avalado por la misma agrupación política que representa Murillo.
Las trayectorias políticas de la gobernadora y el exdirector del ICBF Valle han coincidido en múltiples ocasiones. El partido político presidido por Murillo apoyó la campaña a la Gobernación de Clara Luz Roldán en 2019, y en 2023 nuevamente hizo lo propio con la candidatura de Dilian Francisca Toro.
Adicionalmente, el actual gabinete departamental de Dilian Francisca Toro cuenta con figuras cercanas a Murillo. Este es el caso de Ángela Reyes Becerra, secretaria de Agricultura del Valle, quien fue directora del Partido Colombia Renaciente en 2019. Según la página de Función Pública, desde 2008 hasta 2016 estuvo vinculada al ICBF regional Valle, asumiendo el cargo de asesora de dirección; coincidiendo con el mismo periodo en que Murillo estuvo al frente de la entidad. Sumado a ello, Reyes hizo parte de la UTL de Murillo en 2020, cuando este se desempeñaba como representante a la Cámara.
De manera que, Dilian Francisca Toro y Jhon Arley Murillo tienen una cosa en común: la acusación por presuntamente haber cometido el delito de constreñimiento al sufragante, a través de mecanismos que involucrarían al ICBF regional Valle. La diferencia es que la investigación de Murillo continúa en curso, mientras que, para fortuna de Toro, su investigación fue precluida, en tanto que la Fiscalía Once Delegada ante la Corte determinó que ya había prescrito la acusación, dado que la pena máxima correspondiente a dicho delito es de nueve años. No obstante, estos hechos habrían sucedido en 2015, y en consecuencia, en 2024 se venció el plazo para imponer sanción.
Cabe mencionar que la preclusión de la investigación no implica la absolución o ausencia de responsabilidad de Toro. Contrario a ello, la decisión de la Corte significa la imposibilidad de continuar con el proceso debido a la falta de celeridad, que, a su vez, conduce a la prescripción del delito. La coincidencia en las acusaciones de los políticos en cuestión y la similitud en los hechos denunciados podría suponer la opacidad en la que confluyen redes de poder político y entidades estatales, usadas presuntamente como plataformas de proselitismo.