Por: Guillermo Lineros
En Colombia, en cuanto a cómo se administra y cómo debe ser el talante social y humano del estado, estamos acostumbrados a mirar sólo a los presidentes. Desconocemos que estos, además de obedecer a las masas populares que los eligieron para realizar unas específicas tareas, deben adaptarse a una fuerza que está por encima de ellos, la llamada norma de normas, la Constitución Política.
La constitución impone a los presidentes el seguimiento de unos preceptos bien determinados. En el preámbulo de la nuestra, por ejemplo, se habla de asegurarles a los colombianos la vida y la convivencia, una tarea que se concreta en la creación de fuentes de trabajo, en la eficaz aplicación de la justicia, en la igualdad de oportunidades, en la provisión de conocimiento, y en la promoción de la libertad y la paz. Todo dentro de un marco jurídico democrático y participativo para garantizar un orden político, económico y social, justo. Y en su artículo 1, la constitución advierte que Colombia es una república democrática; es decir, participativa y pluralista; pero, sobre todo, respetuosa de la dignidad humana. En fin, dos apartados –preámbulo y artículo 1-, que en una coincidencia plena con la principal bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, ordenan al pueblo colombiano y a sus gobernantes, trabajar y comportarse socialmente en pro de una paz total.
Pese a ello, muchos ciudadanos se preguntan ¿por qué en la realidad no ocurre así, tan fantásticamente? y se cuestionan porque desconocen que los presidentes y el pueblo, deben adaptarse a otra fuerza que está por encima de ellos y de la constitución política, me refiero al llamado régimen (“poder sobre la organización” le denominaba Max Weber), cuya fuerza parece estar por encima de la constitución y de los gobiernos. Una suerte de anomalía del contrato social que aparta a los mandatarios de los principios constitucionales y les conmina al seguimiento de otras conductas morales, políticas y sociales, que entre más alejadas estén de la constitución se tornan menos nobles y hasta salvajes.
Históricamente, los gobernantes colombianos, antes que medir sus fuerzas con semejante poder, optaban por entregárseles desde el momento de sus candidaturas (lealtad de partido). Algunos lo hicieron por oportunismo, y otros por sumisión o cobardía. Quienes lo hicieron por oportunismo y guardaron obediencia al régimen, saldaron sus preocupaciones económicas para siempre (pienso en César Gaviria); quienes lo hicieron por sumisión, por su excesiva obediencia, fueron utilizados tal marionetas y luego, aunque hubieran saldado sus preocupaciones económicas, fueron señalados y olvidados (pienso en Iván Duque) y, finalmente; hubo quienes se entregaron por cobardía, pues temieron un golpe militar (pienso en Belisario Betancur) callaron y se enriquecieron.
Bajo este contexto, es claro que todos los mandatarios anteriores al presidente Gustavo Petro, terminaron administrando el estado al margen de los preceptos de la constitución, que es la matriz del mandato popular, y se plegaron a los dictámenes del régimen o, lo que es igual, a los caprichos de los grupos de poder económicos. En efecto, favorecieron, indistintamente de su legalidad, a industrias y empresas sanas, o de su ilegalidad, a clanes políticos corruptos, a bandas organizadas de narcotráfico y, entre otros varios, a todos los carteles, desde el cartel de los pañales hasta el cartel de la toga.
No obstante, si bien la constitución colombiana tiene su origen en las decisiones de un pueblo que en 1991 discutió y decidió con votos la manera en cómo debemos comportarnos en calidad de miembros del estado, vale preguntarse ¿cuál es el origen de esa fuerza de muchas cabezas, de esa otra Hidra de Lerna, denominada régimen?
El régimen, en el contexto académico de las ciencias políticas, es el ordenamiento político establecido en una sociedad por los poderes constitucionales y por el conjunto de autoridades políticas del estado; es decir, su origen está en las mismas constituciones. A pesar de ello, en los últimos gobiernos, y por cuenta de las autoridades políticas, la voluntad del régimen tomó tanta fuerza que hoy semeja una suerte de constitución paralela, invisible y cargada de normas y reglas, contrarias al sentido común y a las buenas costumbres. Una fuerza política que vigila a los presidentes cuidándose de que estos no gobiernen a su medida. “Foucault se refiere a una vigilancia jerárquica, continua y funcional, que hace del poder disciplinario un poder múltiple, anónimo y automático, dado que funciona como una maquinaria en un sistema de relaciones de tipo reticular”[1].
De esa red del régimen, hacen parte: la fiscalía, la procuraduría, los grandes medios de comunicación, los partidos políticos maculados, los empresarios e industriales injustos con sus empleados, las empresas y ciudadanos que se las arreglan para no pagar impuestos, los militares destituidos y, entre otros, los narcotraficantes perseguidos. Una tira de gremios non sancta que hoy está padeciendo la angustia que le produce al régimen el gobierno del presidente Gustavo Petro. Todo porque visualizan en él, que no es oportunista, ni sumiso ni cobarde, sino un presidente que para derrocarlo es necesario un golpe blando o fuerte; pero, también saben –y de ahí la angustia a la cual me refiero- que al presidente Petro, en cualquiera de esos eventos negativos, el pueblo lo defendería a capa y espada.
[1] El concepto de poder en las organizaciones: bases analíticas Juan Manuel Dávila Ocampo. https://core.ac.uk/download/pdf/47242233.pdf