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  • Línea gobernabilidad y democracia

La ambición reformista de Petro: ¿se dinamitará la coalición de gobierno?

Por: Juan Alejandro Pérez, Asistente de Investigación

Línea Democracia y Gobernabilidad


Esta segunda etapa de la primera legislatura del Congreso de la República, que va hasta el 20 de junio, empieza recargada de reformas. El gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro ha ido anunciado en lo corrido de este año que presentará, al menos, 16 proyectos, entre los cuales se destacan la reforma a la salud, reforma laboral, reforma pensional, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Adición Presupuestal y la Ley de Sometimiento o ley de Aceptación y Responsabilidad Penal, entre otras. Estos proyectos clave se suman a aquellos que vienen del primer periodo de esta legislatura, que son, reforma política, reforma al Código Electoral, campesinado como sujeto de derecho y Jurisdicción Agraria.


La ambición del gobierno supera los 30 proyectos de ley entre aquellos que vienen ya discutiéndose y los que se presentarán. Por lo anterior, el ejecutivo llamará a sesiones extraordinarias a partir del 06 de febrero para la discusión de la reforma a la salud y el Plan Nacional de Desarrollo.


Ahora bien, surge la pregunta sobre si esta agenda tan ambiciosa de proyectos y reformas que plantea el gobierno para esta segunda etapa del primer periodo legislativo, la cual va hasta el 20 de junio de 2023, va a llegar a buen término, cambiarán su contenido en el camino o llegará a dinamitar la coalición de gobierno.


Conformación y logros de la coalición de gobierno


Debemos recordar que el gobierno de Gustavo Petro cuenta con unas mayorías aplastantes en el Congreso, pues en Senado 75 de los 107 actuales senadores y en Cámara 140 de los 186 representantes, hacen parte de la coalición de gobierno. Por un lado, la coalición está compuesta en Senado por 20 integrantes del Pacto Histórico, 15 del partido Conservador, 13 del partido Liberal, 10 del partido de La U, 8 del partido Alianza Verde, 5 del partido Comunes y 4 del partido ASI. Por otro lado, la coalición en Cámara está integrada por 33 liberales, 29 representantes del Pacto Histórico, 27 conservadores, los l6 representantes de las Curules de Paz, 15 representantes de la Alianza Verde, 15 representantes del partido de La U y 5 de Comunes.


Durante los primeros meses de gobierno, dicha coalición, liderada desde el legislativo por el presidente del Congreso, Roy Barreras, y desde el ejecutivo por el ministro del Interior, Alfonso Prada, ha logrado aprobarle al gobierno: el Acuerdo de Escazú, la reforma tributaria, el Presupuesto General de la Nación, la creación del Ministerio de la Igualdad, la reforma a la ley de Orden Público o ley 418, entre otros. También votó para la segunda ronda de debates de proyectos de acto legislativo como la reforma política, el campesinado como sujeto de derechos y la creación de la Jurisdicción Agraria. Además, esta coalición escogió de contralor general de la República a Carlos Hernán Rodríguez, la ficha del gobierno en la lista de aspirantes y quien a inicios de la discusión no figuraba como uno de los fuertes candidatos al cargo.


Vale aclarar que las aprobaciones de estas reformas por parte de partidos políticos tradicionales pertenecientes a la coalición de gobierno han podido estar sujetas tanto a la entrega de cargos en el gobierno, como a la aprobación de ciertos contenidos de la reforma política.


¿Las reformas en año de elecciones locales podrían poner en peligro a la coalición de gobierno y sus mayorías en el Congreso?


Ahora bien, dichas reformas y victorias del gobierno gracias a su mayoría legislativa no se dieron en año y calendario electoral. En cambio, este año está atravesado por las campañas electorales para la elección de las autoridades locales y departamentales, donde se ve el poder político de los partidos tradicionales. Partidos de la coalición como el Liberal, el Conservador y el partido de La U encuentran en las elecciones locales su mayor fortín político, pues es allí donde está gran parte de su poder real.


Es por esto que la mezcla de reformas tan polémicas con elecciones locales puede llegar a dinamitar la coalición de gobierno o cambiar el contenido de dichas reformas, hasta el punto de desnaturalizarlas. Los proyectos en los que se puede encontrar un peligro real para la coalición son la reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral y Ley de Sometimiento.


La oposición a la reforma a la salud, a la reforma pensional y la reforma laboral venía dándose desde 2022, incluso sin que se conocieran los textos. El panorama a inicios de este 2023 no cambia y de hecho varios medios de la opinión pública han ampliado el alcance de sus dudas y cuestionamientos a dichas reformas. Lo anterior ha causado un aumento en la expectativa respecto al conocimiento real del contenido de estas reformas, sin duda alguna crecerá la población que dude de la pertinencia de estas.


A este hecho se suma la presentación de la Ley de Sometimiento, la cual, al día de hoy, según documentos de gobierno, será socializada en febrero y radicada en el Congreso en marzo. Esta ley empezará a aclarar el panorama sobre con qué grupos el Gobierno Nacional negociará términos de sometimiento grupal a la justicia y con cuáles, si es el caso, iniciará diálogos de paz, dándoles así un reconocimiento político. Esta decisión también podría ser muy discutida y debatida por el conjunto de la sociedad colombiana.


Ahora, si sumamos que en su conjunto estas cuatro leyes (reformas laboral, pensional, salud y Ley de Sometimiento) no gustan en el electorado regional y en las bases de los partidos de La U, Liberal y Conservador, estas colectividades no tendrían más remedio que negociar con el gobierno cambios en el contenido de cada ley o, en su defecto, si el cambio no sucede, presionar al gobierno con su salida de la coalición. Si sumamos la presencia de estos partidos en Senado y en Cámara de Representantes, nos encontramos que cuentan con 38 y 75 congresistas respectivamente. Así que, si en su conjunto se retiran de la coalición de gobierno, Gustavo Petro perdería las mayorías en el legislativo.


El gobierno, en caso de que esto pase, para mantener su capital político en el Congreso, podría responder dando concesiones a cada uno de los partidos, ahora bien: ¿hasta qué punto estarían dispuestos estos partidos a aceptar estas concesiones, sabiendo que les puede costar credibilidad en su electorado de base?


La respuesta a la pregunta anterior no se tiene, ya que no hay total claridad sobre los diferentes articulados que presentará cada ley, por lo que no hay posturas claras ni de los partidos ni de la población. Lo que sí es claro es que partidos de la colación de gobierno como el Conservador, el Liberal y La U no sacrificarán su poder local. Además de ello, el Pacto Histórico sabe que necesita de dichos partidos para las elecciones locales, en especial en los territorios donde no son fuertes y La U, el Conservador y el Liberal, sí lo son. También el gobierno debe tener claro cuáles peleas dar y cuáles no, para así no desgastar mucho su capital político. Siguiendo esta lógica, el ejecutivo nacional debe preguntarse si es prudente y estratégico invitar a discutir sus reformas en las calles el próximo 14 de febrero.

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