Incertidumbre con el futuro del programa “Jóvenes en Paz”: La crónica de una muerte anunciada

Por: Sebastian Solano - Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil

El programa bandera del Ministerio de Igualdad y Equidad, Jóvenes en Paz, ha sido blanco de múltiples cuestionamientos en las últimas semanas. Las críticas se han centrado principalmente en inconsistencias en los pagos, una ampliación cuestionada del universo de beneficiarios y una ejecución presupuestal que aún se percibe como baja, pese a los esfuerzos institucionales. Aunque el Gobierno ha anunciado una etapa de transición para garantizar su sostenibilidad, persisten las dudas sobre su capacidad operativa y de respuesta en el corto plazo.

Lea también: Entre la baja ejecución presupuestal y las críticas vacías: así va Jóvenes en Paz Entre la baja ejecución presupuestal y las críticas vacías: así va Jóvenes en Paz 

Desde su implementación, el programa ha vinculado a más de 28.886 jóvenes en 73 municipios de diez departamentos del país, con el objetivo de ofrecer alternativas concretas frente a contextos de violencia, exclusión y falta de oportunidades (Presidencia, 2025). Para muchos de los participantes, la asignación mensual cercana al millón de pesos ha representado no solo un alivio económico, sino también una puerta de entrada a procesos educativos y de servicio social que antes eran inaccesibles. En un país donde la juventud ha sido históricamente marginalizada en zonas de conflicto, esta apuesta por el acompañamiento integral fue, en su lanzamiento, una promesa de transformación.

En al menos 20 municipios, el programa ha alcanzado más del 80 % de la meta de vinculación, un indicador que no puede pasarse por alto y que da cuenta del potencial que tiene esta política pública para generar impacto en territorios con altos niveles de vulnerabilidad (Infobae, 2025). La cobertura regional incluye departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Cesar y Valle del Cauca, muchos de ellos históricamente marcados por la violencia armada y las economías ilegales.

Sin embargo, las denuncias recientes ponen en evidencia falencias importantes en su implementación. El 19 de febrero de 2025, la representante a la Cámara Carolina Arbeláez reveló que al menos 209 personas con edades de 29 y 30 años —por fuera del rango permitido— habrían recibido transferencias económicas por un monto cercano a los $740 millones de pesos. Esta situación contraviene lo establecido en el Decreto 1649 de 2023, que delimita la edad de los beneficiarios entre los 14 y los 28 años (Infobae, 2025). El hecho, además de ser jurídicamente problemático, refleja debilidades en los mecanismos de control y verificación, generando legítimas inquietudes sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Las tensiones no se han limitado al plano institucional. Durante el lanzamiento del programa Servicio Social para la Paz, el 29 de enero de 2025 en el Centro Nacional de las Artes, varios jóvenes participantes de Jóvenes en Paz interrumpieron el evento con una protesta contundente. Exigían cumplimiento en los desembolsos y reclamaban coherencia entre el discurso gubernamental y la realidad de sus territorios. Con pancartas que decían “SOS Jóvenes en Paz” y al grito de “¡No hay paz con hambre!”, hicieron visible una inconformidad que, aunque silenciosa para muchos, ha venido creciendo entre los beneficiarios. Este episodio evidencia la necesidad de un diálogo más directo y transparente con la juventud, así como una mayor capacidad de respuesta por parte del Estado ante los compromisos adquiridos.

Linda Posso, Coordinadora Territorial de la Oficina Pacífico de PARES, sugiere que el futuro del programa Jóvenes en Paz en Buenaventura se debate entre logros parciales y profundas incertidumbres. En 2024 desde Fundación Paz y Reconciliación alertamos sobre el escaso avance del programa en el territorio, hoy se reconoce una mejora significativa en el pago de incentivos a los jóvenes beneficiarios. Sin embargo, esta aparente consolidación contrasta con la crítica situación que enfrenta el equipo territorial: a la fecha no han recibido salario desde abril, no cuentan con claridad sobre sus liquidaciones contractuales, y denuncian graves fallas del operador, no solo en los pagos sino también en la capacidad logística para garantizar las actividades previstas.

La llegada de Carlos Rosero al Ministerio de Igualdad y Equidad, hijo de Buenaventura, ha despertado esperanza en el territorio, su liderazgo puede ser determinante para corregir el rumbo del programa. El equipo territorial de Buenaventura se ha movilizado de manera pacífica para exigir mejores garantías, y recientemente mediante un pronunciamiento público el 15 de mayo de 2025, ha solicitado con urgencia una ruta de transición clara que dignifique su labor y garantice condiciones laborales justas.

Transición hacia un nuevo modelo de operación

Ante las múltiples alertas surgidas tanto desde las comunidades beneficiarias como desde el personal operativo del programa, el Ministerio de Igualdad y Equidad anunció, el 15 de mayo de 2025, el inicio de una etapa de transición para Jóvenes en Paz. Esta decisión busca corregir los errores detectados en la fase de implementación y asegurar la continuidad de una iniciativa que, pese a sus problemas, ha generado expectativas significativas en los territorios (MinIgualdad, 2025).

Una de las primeras medidas anunciadas fue el inicio del trámite para declarar el incumplimiento del Convenio 062 de 2024, instrumento jurídico que regula la ejecución del programa. La decisión responde a la identificación de varias irregularidades por parte del operador designado, que habrían afectado directamente el funcionamiento general de la estrategia. De acuerdo con el Ministerio, estas fallas han comprometido aspectos clave del proceso, lo que obliga a adoptar correctivos de fondo para recuperar el rumbo y reconstruir la confianza perdida.

En ese marco, uno de los compromisos prioritarios será exigirle a la Unión Temporal Territorio y Paz —encargada de la ejecución operativa— que responda por las obligaciones laborales que contrajo con su equipo de trabajo. La situación ha generado preocupación entre quienes han sostenido el programa en campo, en muchos casos sin las garantías mínimas que exige el empleo digno.

El viceministro de Juventud, Pablo Mateo Zabala, aseguró que la entidad está actuando con celeridad, transparencia y sentido de responsabilidad frente a las afectaciones generadas. Según sus declaraciones, el objetivo central es proteger los derechos del personal involucrado y evitar que la iniciativa se deteriore aún más por falta de gestión o voluntad institucional.

Además, el Ministerio anunció la activación de rutas institucionales para garantizar condiciones laborales adecuadas a quienes continúan vinculados al programa, reafirmando que el compromiso sigue siendo con las juventudes del país, pero también con la legalidad y el respeto a quienes hacen posible la política pública desde lo cotidiano.

“Actuamos con compromiso para garantizar la continuidad del programa y el respeto a quienes trabajan con dedicación por las juventudes de Colombia” —Ministerio de Igualdad, comunicado del 15 de mayo de 2025.

Reconocimiento de errores y ajustes institucionales

En entrevista con Cambio Colombia el 16 de mayo de 2025, el viceministro de Juventud, Pablo Mateo Zabala, reconoció públicamente las múltiples dificultades que han atravesado la implementación del programa Jóvenes en Paz. Entre los problemas señalados mencionó fallas administrativas, deficiencias tecnológicas y una débil articulación interinstitucional que ha afectado tanto la operatividad como los resultados esperados.

Zabala sostuvo que la llegada de Carlos Rosero a la dirección del Ministerio marcó un punto de inflexión. A partir de su liderazgo, se impulsó una renovación en los equipos de trabajo y se priorizó el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en un intento por enderezar el rumbo de una política que había arrancado sin una estructura robusta.

Uno de los reconocimientos más relevantes fue la necesidad de ajustar la meta inicial del programa. Aunque en un principio se planteó vincular a 100.000 jóvenes durante el cuatrienio, hoy esa cifra parece inalcanzable con el presupuesto disponible. La proyección más realista, según explicó Zabala, es de 65.000 beneficiarios, una reducción significativa que responde tanto a los límites fiscales como a las lecciones aprendidas en el proceso.

El viceministro también confirmó que se identificaron registros irregulares entre los potenciales beneficiarios, incluyendo casos extremos como personas mayores de 90 años. Aunque estos fueron corregidos y puestos en conocimiento de los entes de control, los hechos evidencian graves fallas en los mecanismos de validación de datos. De hecho, al momento en que el nuevo equipo asumió funciones, en noviembre de 2024, el convenio suscrito con la Unión Temporal Territorio y Paz apenas mostraba un avance del 5 %. No había jóvenes vinculados, ni personal contratado, ni siquiera espacios habilitados para operar, lo que complica seriamente la asignación de responsabilidades sobre los atrasos.

Otro obstáculo crítico ha sido la falta de una coordinación efectiva entre los distintos ministerios involucrados —Educación, Interior, Prosperidad Social y el propio Ministerio de Igualdad—. Esta fragmentación ha dificultado consolidar una respuesta integral. Como medida correctiva, se anunció la convocatoria a una próxima sesión del Consejo Directivo del programa, en la cual se espera aprobar un nuevo manual operativo que permita mejorar la articulación y orientar de forma más clara la acción institucional.

En cuanto a los pagos, Zabala fue claro: la responsabilidad recae sobre la Unión Temporal, a la cual ya se le han transferido $54.000 millones. Advirtió que no se girarán más recursos hasta que se entreguen productos contractuales que cumplan con los requisitos estipulados. Aunque en febrero se registraron retrasos importantes, al 16 de mayo de 2025, según el funcionario, las transferencias se encontraban al día.

De cara al futuro, el viceministro fue cauto. Señaló que la continuidad del programa dependerá de la voluntad del próximo gobierno. No obstante, desde el Ministerio se trabaja en dejar una base sólida mediante la formulación de un documento CONPES, con el objetivo de institucionalizar Jóvenes en Paz como política pública. Aun así, reconoció que dicha formalización no garantiza su implementación efectiva en el mediano plazo.

Decisión judicial modifica los criterios del programa

El 30 de octubre de 2024, el Consejo de Estado suspendió parcialmente disposiciones clave del decreto 1649 de 2023, tras una demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia. El tribunal estableció que solo podrán ser beneficiarios los jóvenes entre 14 y 28 años en situación de “extrema pobreza”, excluyendo a quienes se encuentren en condiciones de pobreza moderada o vulnerabilidad económica (Consejo de Estado, 2024).

Desafíos estructurales y perspectivas a futuro

Pese a los anuncios oficiales y a los correctivos en curso, la sostenibilidad real del programa Jóvenes en Paz sigue estando condicionada a transformaciones concretas. No bastan los compromisos discursivos: se requieren ajustes administrativos efectivos, cumplimiento estricto en los pagos, mecanismos de vigilancia más robustos y, sobre todo, una implementación territorial que incorpore enfoques diferenciales, en particular de género y juventud.

Una de las apuestas estratégicas del programa consiste en levantar información detallada a nivel local para adaptar su ejecución a las realidades específicas de cada territorio. Este proceso contempla la caracterización de actores clave, la identificación de vocaciones económicas y el reconocimiento de las principales necesidades comunitarias. Con ello, se busca articular de manera más coherente la oferta institucional con las dinámicas sociales y productivas de cada región.

Además, el programa ha priorizado una búsqueda activa de jóvenes en situación de riesgo, articulándose con organizaciones sociales, colectivos comunitarios y gobiernos locales. En este marco, se realiza una caracterización integral de los participantes, que contempla dimensiones psicoemocionales, contextos familiares y condiciones socioeconómicas. Este enfoque busca no solo diagnosticar, sino también intervenir desde una perspectiva de derechos.

Uno de los pilares más exigentes del programa es el compromiso que asumen los beneficiarios con su desvinculación de economías ilegales y estructuras violentas. Implica, además, el rechazo al consumo de sustancias psicoactivas y la participación en procesos de formación ciudadana y transformación social. El objetivo no es menor: proteger la vida de las juventudes, su integridad y su proyecto de vida, mientras se siembran condiciones mínimas para construir paz desde los territorios.

La meta actual del Gobierno es vincular a 49.920 jóvenes en 99 municipios de 17 departamentos. Sin embargo, más allá de las cifras, el verdadero reto consiste en recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y demostrar, con resultados concretos, que Jóvenes en Paz puede consolidarse como una política pública sostenible y transformadora.

Desde el Ministerio de Igualdad se ha hecho un reconocimiento explícito al equipo humano que ha sostenido el programa en medio de múltiples dificultades. Su labor ha sido fundamental para mantener viva una apuesta que, en muchas comunidades, representa la única posibilidad real de romper los ciclos históricos de exclusión, estigmatización y violencia estructural que enfrentan las juventudes.

Frente a la proliferación de versiones no oficiales sobre la situación del programa, la entidad reiteró que toda información oficial será difundida exclusivamente por sus canales institucionales. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia en la gestión pública y con la garantía de condiciones laborales y humanas dignas para quienes trabajan día a día por las juventudes de Colombia.

Estela de disputas: $175.000 millones en riesgo

A esta situación se suma una crisis institucional profunda. De acuerdo con información publicada el 20 de mayo de 2025 en varios medios nacionales, el presidente Gustavo Petro calificó el programa como un “fracaso” al reconocer públicamente que no se alcanzó ni la mitad de la meta inicial de cubrir a 100.000 jóvenes.

En medio de esa declaración, trascendió que la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTYP), actual operadora del programa, cesará operaciones el próximo 31 de mayo, tras un conflicto de alto nivel con el Ministerio de Igualdad. El convenio, por un valor total de $175.311 millones, se encuentra en disputa debido a alegatos de incumplimientos contractuales y denuncias elevadas a entes de control.

Según reportes, unos $83.000 millones aún no han sido desembolsados, lo que representa un riesgo financiero mayúsculo tanto para el cumplimiento de las obligaciones como para la continuidad de los beneficios para más de 28.000 jóvenes.

Este conflicto ocurre en medio de tensiones internas dentro del gobierno, marcadas por el distanciamiento entre la vicepresidenta Francia Márquez y el actual ministro de Igualdad Carlos Rosero, quienes en el pasado trabajaron juntos y hoy se enfrentan en medio de responsabilidades cruzadas por la fallida implementación del programa.

Plantones, paros del personal territorial, jornadas extendidas hasta la madrugada y la intervención de múltiples organismos reflejan la zozobra institucional que acompaña el cierre de la primera etapa del programa y la urgencia de una reestructuración que devuelva la viabilidad política, operativa y presupuestal a Jóvenes en Paz.