Gestión territorial de la seguridad en tiempos de Covid-19

Por: Jaime Palma. Investigador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen organizado.


El pasado 30 de abril se cumplió el plazo para que las entidades territoriales hicieran entrega de sus planes de desarrollo departamentales, municipales y distritales para su respectivo debate en concejos y asambleas. Tales documentos han sido objeto de ajustes significativos en las metas programadas, aunque la magnitud de las modificaciones varía en función de las visiones de desarrollo de los alcaldes y gobernadores y de las capacidades presupuestales y financieras de las entidades. De cualquier forma, todos parecen converger en la necesidad de un mayor fortalecimiento del sector salud para lidiar con los efectos de la pandemia. Surtida la fase de debate, se conocerán los impactos definitivos en los presupuestos territoriales.


En materia de seguridad, la emergencia sanitaria también ha traído consigo una serie de transformaciones en su esencia y en el ejercicio de planificación que habrán de ser observadas dentro de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). Sin embargo, en cumplimiento de artículo 205 de la ley 1801 de 2016, la aprobación de los Planes por parte de los Comités Territoriales de Orden Público no podrá superar los primeros seis meses del primer año de gobierno. La emergencia no justifica ampliación de plazos.


Seguridad y convivencia en tiempos de pandemia


Las visiones de la seguridad y convivencia ciudadana cambiaron radicalmente para este cuatrienio y la cuarentena ha permitido vislumbrar ciertos