Por: Laura Cano Periodista – Pares
Tras actividades lideradas por la Fiscalía General de la Nación, se conoció recientemente que en el Cementerio San Antonio del Barrio P-5, ubicado al sur de Montería, se habrían encontrado 35 cuerpos de personas desaparecidas en la masacre de Puerto Bello, en Turbo, Antioquia. Esta acción armada, ejecutada por grupos paramilitares, ocurrió el 14 de enero de 1990 y dejó un saldo de 43 personas desaparecidas. Con este hallazgo realizado en el Cementerio San Antonio, 35 de estos cuerpos finalmente podrían ser recuperados.
Según lo revelado por La W Radio, a través de una orden judicial, la Fiscalía «ordenó una prospección de un terreno de 310 metros cuadrados que están actualmente ocupados por el lado C del cementerio, línea 5, 6, 7 y 8. Estas líneas están ocupadas con bóvedas y nichos, y necesariamente se requiere hacer exhumaciones de los cuerpos que están ahí inhumados, trasladarlos a unos depósitos temporales para poder entrar a demoler esa zona y empezar a hacer la prospección”.
Por su parte, a través de la fiscal 105 Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos (DECVDH), ha adelantado acciones en la capital de Córdoba, donde, por ejemplo, citó a los dueños de las bóvedas de las zonas que se intervinieron para poner en común las acciones que se iban a realizar. Al respecto, hay que señalar que en febrero de 2020 hubo una primera reunión, pero debido a la pandemia las actividades relacionadas con el tema fueron suspendidas.
Una masacre con un camino largo por reparar
Leonel Escobar Elide Ricardo Pérez Raúl Pérez César Augusto Espinosa Wilson Fuentes Urías Barrero Orozco Víctor Ángel Hernández Miguel López Juan Mesa Serrano Miguel Pérez Luis Carlos Ricardo Juan Luis Escobar Juan Cruz Ovidio Suárez José Barrera Orozco (menor de edad) Carmelo Guerra Pestaña Benito Pérez Pedrosa Diomedes Barrera Orozco Manuel Montes Martínez (menor de edad) Ariel Díaz Luis Miguel Salgado Cristóbal Arroyo Blanco Lucio Miguel Ursola Celino Urrutia Pedro Mercado Andrés Barba Andrés Jiménez Fermín Romero Genaro Calderón Manuel González Jorge David Martínez Jorge Castro Jenor Arrieta Lora José del Carmen Álvarez Santiago González Jorge Fermín Calde H. Andrés Flórez Altamira Miguel Gutiérrez Arrieta Ricardo Bohórquez José Petro Hernández Carlos Pérez
Según la información de Rutas del Conflicto, estos son los 43 nombres de las personas que Fidel Castaño, comandante de ‘Los Tangueros’, un cuartel de 60 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), decidió desaparecer, torturar y asesinar. Estas personas habrían sido retenidas como represalia por un supuesto robo de 43 reses, pues Castaño afirmaba que los habitantes de Puerto Bello habían sido cómplices de este hurto.
Varios cuerpos fueron hallados en la finca Las Tangas, en la finca Jaraguay (ambas propiedad de los Castaño) y en la vía que conduce de Arboletes a Montería. Sin embargo, todavía son 35 los cadáveres que siguen desaparecidos, y que podrían ser los recientemente encontrados en el Cementerio San Antonio de Montería.
Hay que recordar que, sobre estos hechos ocurridos hace 31 años, desde la investigación realizada por Rutas del Conflicto, se ha señalado que, aunque cerca había un retén militar del Batallón de Infantería No. 32 Francisco de Paula Vélez, los integrantes del Ejército no detuvieron la masacre. Acción de omisión que, con el esclarecimiento que se ha dado sobre otras masacres, ha quedado evidenciada como un comportamiento sistemático por parte de miembros del Ejército Nacional, quienes muchas veces actuaron coordinadamente para llevar a cabo este tipo de violencias en las que, como en este caso, las principales víctimas hacían parte de la población civil (Te podría interesar: “Ejército pedirá perdón por masacre cometida en Montebello, Antioquia”).
Asimismo, es importante señalar que, en el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la falta de presencia estatal en la zona, condenó al Estado colombiano y le ordenó pedir perdón público e indemnizar con 12.500 millones de pesos a las familias de las personas desparecidas en la masacre de Pueblo Bello.
Frente a la responsabilidad del Estado en estos hechos, en uno de los puntos de la sentencia de la CIDH se afirmaba: «La Corte observa que si bien la masacre de Pueblo Bello ocurrida en enero de 1990 fue organizada y perpetrada por miembros de grupos paramilitares, aquélla no habría podido ejecutarse si hubiere existido protección efectiva de la población civil en una situación de riesgo razonablemente previsible por parte de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad del Estado. Ciertamente no existen pruebas ante este Tribunal que demuestren que el Estado dirigiera directamente la ejecución de la masacre o que existiese un nexo entre miembros del Ejército y los grupos paramilitares o una delegación de funciones públicas de aquél a éstos. No obstante, la responsabilidad por los actos de los miembros del grupo paramilitar en este caso en particular es atribuible al Estado en la medida en que éste no adoptó diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil en función de las circunstancias descritas».
Hoy, más de 30 años después de ocurrida esta masacre, la posibilidad de encontrar estos cuerpos para muchos será una esperanza, mientras que para otros seguramente abra, de nuevo, una de las tantas heridas que dejó el conflicto armado en Colombia. No obstante, estas acciones son necesarias para el esclarecimiento y la reparación de los hechos ocurrido en los años más violentos en el país.