Por: Laura Cano, periodista Pares.
Es una noticia desalentadora: por motivos de violencia y ataques contra sus compañeros, 62 personas en proceso de reincorporación dejarán el ETC de Ituango, en Antioquia, y se desplazarán con sus familias a otros espacios, es decir, en total saldrán del espacio 110 personas.En el papel quedó constancia de lo firmado el 24 de noviembre de 2016 con el Acuerdo de Paz. Allí, uno de los puntos que daba eje a la consolidación de la democracia en el país era el segundo, el cual ponía sobre la mesa la participación política y en uno de sus apartes expresa textualmente que hay un “programa de protección especializada para las personas integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal que sea concertado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional”,
Además, en este se añadía que “la evaluación de riesgos será definida con presteza y estará a cargo de una instancia dentro del Sistema que proveerá los insumos para que el gobierno tome las medidas pertinentes. La instancia tendrá capacidades a nivel regional y local y contará con representación del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, con el cual se coordinarán las decisiones y las acciones”. A eso se le añadió que “el gobierno dispondrá de los recursos necesarios para proteger la integridad de dirigentes, hombres y mujeres, que participan en la actividad política atendiendo sus necesidades específicas”.
Todo esto, hasta el momento, parece que quedo allí: en el papel. Al día de hoy, las personas exintegrantes de la antigua guerrilla Farc, que dejaron las armas para reincorporarse a la vida civil en un ejercicio de participación política desde otros escenarios de participación, han sido el blanco de asesinatos sistemáticos, pues todas la garantías de seguridad que se planteaban en el Acuerdo han sido poco tratadas y ejecutadas en el gobierno actual.
Esto ha dejado un saldo de 178 excombatientes asesinados desde la firma y una notable inoperancia en la ejecución de proyectos que den vía a promover la vida digna de quienes se han comprometido con la construcción de paz en Colombia.
Alerta en el ETR de Ituango
Una radiografía de ello es lo que se vive en el municipio de Ituango, Antioquia. En esta zona del país se han registrado desde la fecha de la firma doce (12) asesinatos a personas en proceso de reincorporación. Siendo el municipio del país con el número más alto registrado y convirtiendo al departamento en el tercero con más casos.
Justamente, el pasado 28 de enero, cerca al ETCR Román Ruíz, ubicado en la vereda Santa Lucía, fue asesinado César Darío Herrera Gómez, quien se dirigía al espacio territorial. Nuestra fuente en terreno cuenta que, aunque “hay presencia de fuerza pública. El asesinato de Darío se dio a diez minutos de donde estaba el Ejército y él quedó agonizando ahí por dos horas. Lo recogieron en un esquema de seguridad, lo llevaron a la cabecera municipal y murió en el camino. La pregunta es: ¿los soldados no escucharon los disparos?, ¿por qué no fueron a auxiliarlo? Eso lo puede llevar a uno a generar ciertas conclusiones”.
Tras este acontecimiento integrantes del ETCR Román Ruíz realizaron una asamblea, el pasado 29 de enero, en donde se decidió que, por las pocas medidas para promover la seguridad y tranquilidad de la comunidad en la zona, 62 personas en proceso de reincorporación dejarán el territorio y se desplazarán con sus familias a otros espacios, es decir, en total saldrán del espacio 110 personas.
Lo anterior se dará a través de una ruta que se ejecutará en los próximos dos meses mientras se encuentran tierras en donde se pueda hacer la reubicación y donde también se puedan seguir los proyectos productivos que ya se venían realizando desde el ETCR.
En el plan de trabajo también se estableció que durante este desplazamiento cerca de 20 personas en proceso de reincorporación permanecerán en la zona para darle continuidad a lo que ya se había iniciado en el territorio y también a las actividades de Coopemprender, una cooperativa en la que excombatientes implementan proyectos económicos relacionados con ganadería e internet por fibra óptica.
¿Qué dice el gobierno?
Ante la situación en la zona, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, asistió al zona en compañía de integrantes del Ejército Nacional y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Asimismo, se informó que, durante el día de hoy el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, se reunirá junto con el Consejo Nacional de Reincorporación y también se espera la presencia de integrantes del ETCR Román Ruíz.
A pesar de esto, antes del anterior anunció, Archila hizo referencia que desde el organismo al que él pertenece, ya se había informado sobre la situación de seguridad de la zona y que habían sugerido el traslado de esta. Sin embargo, pareciera que más allá del anuncio no se priorizaron medidas que garantizaran las condiciones para proteger a los excombatientes, además, en relación con esto, desde el gobierno nacional se aseguró que antes de siete meses era difícil volver a reubicar el espacio en otra zona.
Una fuente de Pares en territorio afirma que a pesar de que “hay un esquema colectivo de la Unidad Nacional de Protección, este no ofrece garantías de seguridad porque lo que hay una presencia muy fuerte de múltiples actores y también una pasividad de la Fuerza Pública que lleva a no tener confianza en esa forma de asumir la seguridad”.
¿Quiénes se disputan el control en Ituango?
Es importante situar de los actores armados que operan en el municipio de Ituango para hacer un mapeo de la situación que se vive en esta zona.
Desde la firma del Acuerdo, los frentes 36 y 18 Farc dejaron esta zona del país para iniciar su proceso de reincorporación. Ante este panorama miembros del Clan del Golfo fueron ocupando algunos puntos de este municipio, lo cual generó un disparo en el número de desplazamientos, el cual había disminuido hacia el 2014.
Hoy por hoy, este grupo es uno de los principales actores armados, quienes tienen un fuerte mando en el corredor entre los municipios de Tarazá, el Bajo Cauca y Peque, por donde es popular la actividad de tráfico de droga.
Por otra parte, las disidencias de los Frentes 36 y 18 han tomado mucha fuerza desde el pasado mes de mayo de 2019. En ese orden, según una fuente en región, “el frente 18 tiene una alianza con los Caparros, una estructura que opera principalmente en el Bajo Cauca y que está en una confrontación con el Clan del Golfo. Así, hay unas tensiones muy fuertes entre las disidencias y el AGC. Sin embargo, cerca al ETCR no se han dado enfrentamientos, ni eso ha generado a que haya un desplazamiento del espacio de reincorporación”.
En este contexto, el papel que está ejerciendo los actores armados, van enmarcadas contra la población civil desde el pago de “vacunas” de quienes figuran en la economía local, “homicidios selectivos, extorsiones a pobladores y comerciantes, incursiones armadas a diferentes poblados, señalamientos a pobladores como ‘colaboradores de la disidencia’; restricciones a la movilidad, irrupción en viviendas, cometiendo hurtos y otros actos intimidatorios”, según lo informado en la Alerta Temprana 004, emitida el pasado 24 de enero por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
Por otra parte, referente con el desplazamiento que se dará del ETCR Román Ruíz, explica nuestra fuente en región que “hay amenazas directas, hay intimidaciones y declaraciones de objetivos militar, se presume que son las disidencias de exguerrilleros que operan en la zona. Todo esto ha afectado el proceso de reincorporación porque hay mucho temor. En los últimos dos meses han asesinado a dos exguerrilleros. En diciembre asesinaron a un muchacho que era el hijo de Elmer Arrieta, quien era el comandante del Frente 18, se cree que este fue un mensaje que se le quiso mandar a él desde el Frente de Ituango”.
Igualmente, el partido de las Farc, comunicó que “hay en ejecución de un plan de exterminio contra exguerrilleros en proceso de reincorporación en el municipio de Ituango. Se trata de un plan sistemático contra el Proceso de Paz”.
Ariel Ávila, subdirector de Pares, concluye que: “esa fue una de las zonas más pacíficas después de la firma del Acuerdo de Paz, los homicidios cayeron prácticamente a cero en 2016 y 2017, y luego como el Estado no tuvo ninguna estrategia de copamiento territorial, eso volvió a dispararse. Hoy es una bomba de tiempo que hasta los propios excombatientes tuvieron que salir de la zona”.
«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»