El viacrucis de las trochas: La Guajira y el Zulia, Norte de Santander y Táchira
Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad y Pares
Una crisis histórica
La frontera entre Colombia y Venezuela tiene un tramo de 2.219 kilómetros. Allí se han dado dinámicas históricas de ausencia estatal y una alta militarización como respuesta de ambos Estados para hacer presencia institucional; pero, sobre todo, una porosidad criminal persistente.
Se cumplen 5 años del inicio de la migración masiva desde Venezuela hacia Colombia. Las causas responden a diferentes factores sociales, económicos y, principalmente, políticos. Colombia ha sido el país que ha recibido la mayor cantidad de migrantes venezolanos, tanto regulares registrados por Migración Colombia, como irregulares por trochas.
Estos hechos se agravaron con mayor intensidad en el marco de la pandemia del Covid-19. De acuerdo con la investigación en desarrollo por parte de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), a continuación, se presenta una radiografía sobre las problemáticas más complejas, desde la visión fronteriza de los departamentos colombianos de La Guajira y Norte de Santander con los estados del Zulia y el Táchira, respectivamente.
Entre las principales problemáticas relacionadas con el Covid-19 y las fronteras hay seis aspectos específicos: i) La crisis migratoria; ii) La crisis institucional en Venezuela; iii) La situación de seguridad; iv) La corrupción; v) El déficit sanitario y; vi) La ruptura diplomática y de relaciones bilaterales.
La pandemia y la crisis migratoria
La declaración de la cuarentena nacional en Colombia, y la dependencia de los mercados informales por parte de la población migrante venezolana, ha incentivado el masivo retorno de estos al Zulia y el Táchira, generando problemas sanitarios en los municipios fronterizos de Maicao, La Guajira; y, a su vez, en Cúcuta y Puerto Santander, Norte de Santander.
Esto se refleja en las paupérrimas condiciones del agua potable y saneamiento básico, con una alta exposición al contagio.
En esta situación alrededor de 130.000 venezolanos retornaron a su país desde el inicio de la pandemia, de acuerdo con informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONG Human Rights Watch.
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Independientemente de la manera de retorno, los migrantes venezolanos han sido expuestos a una estigmatización por parte del régimen de Nicolás Maduro, asegurando que son “esclavos y mendigos”. A lo que se suma una persecución judicial por ser los supuestos responsables del aumento de casos de Covid en Venezuela, los cuales llegan a 186.745 casos y 1965 muertes al 21 de abril de 2021 según el mapa COVID-19 del centro de recursos sobre el coronavirus de la Universidad John Hopkins. Las cifras del gobierno son de 185.786 contagios, de los cuales 169.685 se han recuperado y 1944 han fallecido.
Al 21 de abril de 2021 en los estados Zulia y Táchira hay 15.774 y 10.976 contagios, respectivamente, desde que comenzó la pandemia. Zulia cuenta con 163 fallecidos por Covid-19, representando esta cifra el 8,29% de los muertos a nivel nacional. En cuanto a Táchira no hay consenso frente al número de fallecidos, el Gobierno Nacional reportó únicamente 139 decesos para el 19 de marzo de 2021, sin embargo, el alcalde de San Cristóbal afirmó que las cifras ascienden a 839 fallecidos.
Adicionalmente, Pares ha identificado gran opacidad en la información reportada por el Gobierno de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta la posible falta de transparencia en los reportes de casos. Esto ha ambientado la discriminación del gobierno venezolano, estableciendo que el virus proveniente de Colombia es mayormente peligroso y tiene como propósito desestabilizar el Estado Venezolano, señalando a retornantes como “armas biológicas”.
La situación humanitaria en cifras
La llegada del Covid-19 en marzo de 2020 generó un cierre de las fronteras y de todo el flujo migratorio regular por cualquier medio de transporte. Esto como medida de autoprotección contra la entrada del virus, lo que también impulsó a las autoridades a aplicar cuarentenas.
Estas medidas tuvieron dos consecuencias sobre los migrantes venezolanos: por un lado, la disolución de sus formas de subsistencia económica en Colombia, en su mayoría a través del trabajo informal. Y, por otra parte, la decisión de una minoría de regresar a su país de origen, donde encontraría en su familia un apoyo para superar la pandemia.
Este cambio en la dinámica de la migración se vio reflejado en las cifras de recepción y salida de todos los puestos migratorios entre Colombia y Venezuela. En el Puesto Migratorio de Paraguachón, corregimiento del municipio de Maicao, y que conecta el departamento de La Guajira con el estado de Zulia, las entradas de ciudadanos venezolanos en 2020 se redujeron en un 87,5 %, mientras que las salidas se redujeron el un 75,3 %, ambas cifras en comparación con 2019.
Por su parte, en el Puesto Migratorio La Unión, ubicado en Puerto Santander, Norte de Santander, municipio que colinda con el estado del Táchira en Venezuela, las cifras de flujo migratorio del primer trimestre de 2019 y 2020 presentaron una reducción en las entradas de migrantes venezolanos del 52,7%, junto con una reducción en las salidas de la misma población de un 25%. (Debido a que los datos oficiales del 2020 solo comprenden el primer trimestre del año no se puede realizar una comparación anual).
A diferencia de las otras periodicidades, el análisis Migración Colombia no tiene información pública sobre el flujo migratorio en el puesto de Puerto Santander para el resto de 2020, ni para 2021.
En el puesto migratorio que conecta la ciudad de Cúcuta con San Cristóbal, el Puente Internacional Simón Bolívar, la tendencia negativa es la misma. Las entradas de ciudadanos venezolanos al país durante el 2020 disminuyeron en un 88,2 %, mientras que las salidas disminuyeron en un 71,6% en comparación con 2019. Las grandes variaciones negativas en el flujo migratorio se producen después de marzo del 2020, puesto que las entradas y salidas entre enero y marzo del año pasado representaron el 99,4% de todo el flujo migratorio.
Los migrantes residentes en los municipios fronterizos
Según cifras oficiales de Migración Colombia, residen en territorio colombiano alrededor de un millón 742 mil 927 migrantes venezolanos, de los cuales cerca del 54% se encuentra en condición irregular. De acuerdo con esta entidad, en los últimos dos meses de 2020, y aunque los pasos fronterizos legales se encuentran cerrados, se identificaron más de 18 mil migrantes venezolanos en carreteras del país.
Para enero de 2021 Migración Colombia señala que, del total de migrantes venezolanos en Colombia, un 10,73% de dicha población se ubica en Norte de Santander (187.121) y un 8,65% en La Guajira (150.806). Siendo Cúcuta el tercer municipio con mayor número de migrantes en el país, al registrar 94.847, mientras en Puerto Santander se reporta la presencia de 2.186 ciudadanos venezolanos y de 51.361 en Maicao (séptimo municipio).
La respuesta institucional
La estrategia de Maduro para contener a los migrantes ha sido la creación de los Puestos de Atención Integral (Pasi), lugares donde estos sufren de maltratos, desabastecimiento de agua potable y racionamiento de comida, mientras se encuentran en confinamiento por parte de la Guardia Nacional. La denuncia de estos abusos contra la población migrante ha desencadenado una serie de amenazas, desapariciones forzadas y abusos por parte de la Guardia Nacional hacia los periodistas, de acuerdo con la investigación de Pares.
A pesar de que algunos casos de Covid son de origen importado, no se puede asegurar que la ola de propagación tenga preponderante y exclusivamente este origen. La gravedad del contagio se encuentra relacionada estrictamente con una crisis hídrica existente desde hace una década en algunos estados fronterizos, que ha generado deplorables condiciones de agua potable para una parte de la población que no tiene acceso a esta como servicio domiciliario.
La cuestión de los servicios domiciliarios está profundamente ligada a la seguridad y soberanía alimentaria de las personas. De acuerdo con una investigación de la Ucab, el 79,3% de los venezolanos no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos, lo que ha generado que muchas familias de diversos municipios fronterizos deban adoptar estrategias de sobrevivencia de manera colectiva.
Se trata del intercambio de alimentos, la cocina colectiva y caminatas por alimentos. Estas prácticas en plena pandemia son altamente riesgosas porque no permiten el distanciamiento social necesario para la prevención. En especial, hacen disfuncionales las medidas de cuarentena estricta en las fronteras.
Por su parte, las medidas del Gobierno venezolano y estadales se han centrado en la provisión de alimentos casa por casa a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Sin embargo, no existen las condiciones básicas de sanidad para la disposición de estos alimentos. Insight Crime y Armando Info han señalado a la empresa Salvad Foods, encargada de los empaquetados, por no cumplir con las medidas de bioseguridad, y se le atribuye un foco de contagio, además de las investigaciones sobre sus relaciones con Alex Saab y el lavado de activos.
La Guajira y El Zulia: un desierto para los Derechos Humanos
En 2021 Pares realizó diversos viajes a las fronteras de La Guajira y Norte de Santander con el Zulia y Táchira, en donde hizo entrevistas, talleres, grupos focales y una profunda investigación donde se pudo identificar las consecuencias de estos cierres y de la situación humanitaria que afrontan los migrantes.
En primer lugar, el cierre de pasos regulares como barrera contra el virus no fue eficaz y terminó por fortalecer el control e interés de grupos criminales y bandas por las trochas o pasos ilegales en La Guajira, así como un aumento del número de personas que las utilizan para pasar sin ningún tipo de control epidemiológico.
Según un mapeo realizado por el Ejército en 2019, y que fue presentado a las distintas organizaciones de cooperación internacional con presencia en Maicao, se habían identificado 216 trochas en toda la frontera del departamento de La Guajira, un número que claramente excedía la capacidad de control de la Fuerza Pública.
#OjoAlDato
El número de trochas aumenta porque la cantidad de migrantes que pasan estas, contrario a lo que se esperaba al inicio de la pandemia, aumentó. La explicación se fundamenta en los motivos de migración. Anteriormente, el fenómeno en Maicao era de migración pendular, es decir, un integrante de un núcleo familiar migraba para conseguir un trabajo temporal en Colombia u otros países latinoamericanos, enviaba remesas desde allí a Venezuela y después de cierto tiempo volvía a su país.
Ahora los migrantes que han llegado a Paraguachón, y posteriormente al casco urbano de Maicao, no vienen con la intención de regresar a Venezuela, ni siquiera piensan en utilizar el municipio como un sitio de paso para llegar a las grandes urbes.
Por el contrario, familias enteras se han dado a la titánica tarea de pasar por las trochas para establecerse permanentemente. Según estimaciones de Pastoral Social, entre Riohacha y Maicao se podría contar un censo de 100.000 migrantes, más del 50 % en el municipio fronterizo. Muestra de estas aproximaciones son los casi 50 asentamientos informales en las periferias del municipio.
Los asentamientos cuentan con una organización particular. Los terrenos son, presuntamente, propiedad de indígenas Wayuú, quienes los parcelan y luego venden a familias de migrantes. Los lotes no cuentan con acceso a servicios públicos y su valor varía desde dos millones de pesos por un terreno vacío hasta 3 millones por una parcela más grande de 7x14m y con una modesta construcción. Adicionalmente, los dueños garantizan seguridad privada a todo el predio.
Cada lote se separa en manzanas y en cada una de ellas se elige un líder o representante que aboga por las distintas necesidades de la manzana. Este tipo de asociación de migrantes es característica única de la frontera con Venezuela en Maicao.
No obstante, este carácter de permanencia que asumen los migrantes en Maicao aumenta sus riesgos. Familias enteras se ven más afectadas por el uso masivo de trochas. Se enfrentan a los riesgos epidemiológicos de la pandemia en asentamientos que no cuentan con acceso a servicios básicos como agua o a la reducción de atención primaria en albergues operados por organizaciones internacionales. Adicionalmente, la xenofobia de la que son víctimas desde que empezó la migración por su asociación con eventos de inseguridad o por la misma recepción de subsidios y ayudas.
Entre la inseguridad y la ausencia estatal
El 15 de diciembre de 2020 Pares publicó el informe “Seguridad y Migración en la frontera Colombia-Venezuela, donde documentó las principales problemáticas en materia de seguridad -presencia de grupos armados y economías ilegales-, que vivían los principales puntos de paso entre ambos países.
Para el caso de la frontera entre La Guajira y el Zulia, a diferencia de puntos como Norte de Santander y Táchira o Arauca y Apure, la situación no era tan alarmante en temas de enfrentamientos y desplazamientos por parte de grupos armados ilegales y Fuerza Pública. Sin embargo, tanto en La Guajira como en el Zulia se pudo establecer la presencia de grupos criminales que controlan los pasos ilegales, y ejercen varios tipos de violencia contra quienes allí transitan.
Pares realizó una serie de entrevistas a actores claves y a migrantes que cruzaron de manera irregular hacia Colombia para identificar los principales puntos de acceso a este municipio. A raíz de esta indagación, se pudo constatar que los pasos se ubican en los corregimientos de Paraguachón, La Majayura y Carraipía.
En el Puesto de Control Migratorio, localizado en el corregimiento de Paraguachón, es donde se encuentran las autoridades migratorias y donde hay constante presencia de Fuerza Pública; pese a eso, a 100 metros de este puesto se encuentra la trocha ´La Cortica´, que si bien fue “clausurada” en 2019 por autoridades colombianas, varias fuentes en territorio confirmaron que esta sigue siendo una de las más transitadas por migrantes.
De acuerdo con la información recogida en el territorio, en esta trocha ejerce control la banda criminal conocida como “La Zona”, al mando de Douglas Chacón, hermano del exalcalde del municipio de La Guajira (Zulia), Hebert Chacón.
La trocha conocida como “La 80” también se encuentra en el corregimiento de Paraguachón y, de acuerdo con la información dada por migrantes que han utilizado este paso, se les conoce así debido a los 80 peajes ilegales que hay que pagar durante el trayecto. Varias de las personas entrevistadas manifestaron que en esa trocha ejerce control un grupo armado que tendría nexos con el gobernador del Zulia Omar Prieto, a quien portales como TalCual Digital en Venezuela, han señalado de al parecer tener conocimiento de la creación de grupos armados en la frontera.
Otro punto de acceso es por el corregimiento La Majayura. Este es uno de los pasos más complejos para ingresar, no solo porque la vegetación es más agreste, sino también por la presencia de actores armados. Según las entrevistas realizadas a los migrantes que por allí entraron, e incluso con información de Pastoral Social, se coincidió en que en este lugar transitan varios grupos criminales, de las cuales se ha podido identificar solamente a miembros del ELN.
En el corregimiento Carraipía, en el caserío Garrapatero y hacia la reserva natural Montes de Oca, también hay fuerte presencia de grupos criminales. Estas zonas, según la información recolectada por Pares, están siendo usadas como lugar de alistamiento y entrenamiento de personas que han llegado a ser reclutadas por estas estructuras criminales.