El futuro de la Corte Constitucional en medio de la coyuntura nacional

Por: Natalia Reina - Investigadora Nacional

El 2025 es un año de relevos al interior de la Corte Constitucional, pues casi la mitad de la corporación será integrada por nuevos magistrados; de hecho, la semana pasada el presidente Petro presentó la terna para elegir a uno de los próximos relevos del órgano de justicia. Los nombres que abandonarán la Corte serán: Cristina Pardo, el 16 de mayo; Diana Fajardo, el 5 de junio; y José Fernando Reyes, el 4 de septiembre. La llegada de los nuevos magistrados supondrá una responsabilidad determinante en decisiones álgidas para el país, como el futuro de la Reforma Pensional y los decretos presidenciales expedidos en el marco del estado de conmoción interior a raíz de la situación en el Catatumbo. La lista de aspirantes inició con 89 nombres, hasta la fecha ha sido depurada a 18.

¿Quiénes son los magistrados que dejan la Corte?

La Corte Constitucional está integrada por nueve magistrados, quienes asumen el cargo por un periodo de ocho años, con fechas de inicio y terminación diferenciadas. Si bien es el Senado la corporación que toma la decisión definitiva de elegir cada nuevo magistrado, los nombres de los candidatos finales son resultado de las ternas presentadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, según el caso.

La próxima magistrada que abandonará el ente es Cristina Pardo, quien fue ternada por el expresidente Juan Manuel Santos en 2017. Pardo se caracterizó por ser una de las voces más conservadoras al interior de la Corte, evidencia de ello, su oposición a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ante cualquier escenario. Sin embargo, algunas de sus decisiones incidieron en el mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones vulnerables, por ejemplo, la Sentencia T-246 de 2020, que reiteró que personas extranjeras con permanencia irregular deben recibir atención básica si no cuentan con los recursos.

La segunda magistrada que será reemplazada en unos meses es Diana Fajardo, ternada por la Corte Suprema de Justicia y que llegó al ente en 2017. En su paso por la Corte fue reconocida desde diferentes sectores de mujeres como una aliada. Evidencia de ello fueron sus votos en un caso de estabilidad laboral de una mujer indígena, así como su postura a favor de la autonomía sobre los cuerpos feminizados, a través de la decisión histórica de despenalizar la IVE hasta la semana 24. Fajardo también tuvo un papel activo a favor de la eutanasia, siendo incluso ponente para su ampliación en pacientes no terminales, pero con enfermedades incurables.

El último nombre que abandonará la Corte en 2025 es Fernando Reyes, elegido en 2017 como resultado de una terna presentada por la Corte Suprema de Justicia. Como presidente de la Corte Constitucional ha sido enfático en que las “transformaciones sociales” (aludiendo a las acciones del gobierno Petro) deben tramitarse por los medios adecuados. Además, Reyes lideró providencias como la Línea Negra, que reconoce el derecho a la participación de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, así como la apertura de un desacato contra servidores públicos por incumplimiento en la creación de un mecanismo especial para superar el Estado de Cosas Inconstitucional para la niñez wayúu.

¿Cuál es el estado del proceso de elección de los nuevos integrantes?

La Corte Suprema de Justicia es la encargada de elegir la terna que reemplazará a Diana Fajardo y el proceso ya está en marcha. La convocatoria de postulación abrió el 2 de marzo de 2025 y fue cerrada el 21 de marzo del mismo año, dejando como resultado una larga lista de 89 aspirantes a ocupar el cargo de Fajardo. Tras el análisis de las postulaciones, la Corte Suprema de Justicia admitió únicamente 47, pues solo estas cumplían con los requisitos.

Pares revisó los perfiles de los 47 postulantes iniciales, de los cuales al menos cinco han tenido, en algún punto de sus trayectorias, cercanía o incidencia en asuntos políticos. A continuación, se presentan los nombres en cuestión:

Probablemente uno de los aspirantes a magistrado de la Corte Constitucional con mayor relevancia en el espectro político es Gabriel Ramón Jaimes Durán, pues en 2021, cuando ejercía como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, solicitó la preclusión del caso por manipulación de testigos en contra del expresidente —y hoy procesado— Álvaro Uribe Vélez. El mismo caso que actualmente tiene a Uribe en juicio, en el cual la defensa del acusado ha empleado una serie de maniobras que han dilatado la continuidad del proceso. De haber prosperado la solicitud de preclusión presentada por Jaimes, probablemente Uribe no estaría protagonizando uno de los juicios más importantes en la historia reciente del país.

Hace poco más de un mes, previo a la apertura de la convocatoria de magistrados para la Corte Constitucional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias ante la Fiscalía para que investigue a Jaimes por presuntas irregularidades relacionadas con un proceso cuando fue procurador en 2010.

Al parecer, el fiscal delegado—y aspirante a integrar la Corte— habría firmado un documento en el que sostenía la ausencia de impedimentos por parte de Guiomar Patricia Riveros, una contratista que pretendía ser beneficiaria de un contrato adelantado por el Hospital Militar, pese a que Riveros contaba con una condena a sus espaldas desde 2009 y, en consecuencia, sí estaba inhabilitada. El “aval” de Jaimes habría facilitado la adjudicación del contrato en favor de Riveros. En ese sentido, los cuestionamientos que rondan a Jaimes corresponden a la extralimitación de funciones en asuntos que no eran de su competencia, especialmente al realizar afirmaciones que presuntamente no apelaban a la verdad.

Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en contra de Guiomar Patricia Riveros. Foto: Cambio

Jaimes es de tradición conservadora y, según medios como La Silla Vacía, ha sido cercano a figuras como el exprocurador Alejandro Ordóñez, el mismo que afirmaba la existencia de la “ideología de género” en el Acuerdo de Paz con las FARC, y que en su juventud quemaba libros de Gabriel García Márquez. La cercanía de Jaimes con Ordóñez es tal que el primero fue su padrino de matrimonio. Adicional a ello, cuando Ordóñez resultó elegido como procurador general, lo nombró procurador Delegado para Asuntos Penales.

Otro postulante que llama la atención es Andrés Felipe Arbeláez Vargas, abogado de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido muy cercano al Partido Mira, del cual ha ocupado cargos relevantes como director nacional del Centro de Estudios Políticos y Sociales; incluso en 2011, tras la renuncia del entonces concejal Humberto Quijano, Arbeláez asumió su escaño en el Concejo de Bogotá avalado por dicha agrupación política. Adicionalmente, ha trabajado en la Gobernación de Caquetá, la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, la Contraloría de Bogotá y organizaciones de carácter religioso afines al Partido Mira.

Un tercer caso es el de Germán Calderón España, quien recientemente y en medio de la licitación de los pasaportes fungió, hasta diciembre de 2023, como abogado del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la conciliación con la multinacional Thomas Greg and Sons. Según el periódico El Tiempo, Calderón y el excanciller Álvaro Leyva eran muy cercanos previo a las tensiones generadas en el marco de dicha licitación. Calderón sostenía que era necesario conciliar para dar trámite a la situación; no obstante, Leyva se oponía a ello.

El cuarto nombre es el de Fabio Yezid Castellanos Herrera, abogado de la Universidad de Cartagena. Fue personero distrital, secretario de Gobierno durante la administración del exgobernador de Bolívar, Joaco Berrío, y asesor legislativo de la Comisión Primera del Senado. Al parecer, ha sido cercano al exsenador de Cambio Radical, Javier Cáceres, quien fue condenado por hechos asociados a la parapolítica. Castellanos también se desempeñó como procurador delegado para la Moralidad Pública.

Jorge Eliécer Laverde Vargas, desde el año 2015, se ha desempeñado como secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República —la misma corporación que elegirá al próximo magistrado—. En 2023, la senadora María José Pizarro hizo público un informe referente a casos de acoso sexual y laboral que se han presentado en el Congreso; en el documento se incluía el audio de una mujer afirmando que había sido acosada sexualmente por Laverde, quien negó los hechos.

Adicionalmente, Laverde ha sido concejal del municipio La Dorada y diputado de Caldas en dos periodos por el Partido Liberal. Ha sido cuestionado por su presunta cercanía con el fallecido exsenador liberal Mario Castaño, quien fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y tentativa de peculado por apropiación. De hecho, Castaño fue el protagonista del caso de corrupción denominado “Las Marionetas”, en el cual se desviaron recursos del OCAD-Paz.

Foto: Twitter Mario Castaño

El sexto nombre en la lista de inscritos para ocupar un lugar en la Corte es Myriam Carolina Martínez Cárdenas, cercana al Partido Centro Democrático. Fue directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) durante el gobierno de Iván Duque. En 2019, en medio de una reunión política en Manizales, el expresidente Álvaro Uribe se comunicó con Martínez a través de una llamada telefónica puesta en altavoz y ante micrófonos. El exmandatario dio a entender que comunidades indígenas estaban desalojando a dueños de tierras en Riosucio, Caldas; por lo que el motivo de la llamada era solicitar a la funcionaria tomar medidas en favor de los propietarios. A lo largo de la conversación, Martínez se mostró muy diligente y dispuesta ante la petición de Uribe; incluso finalizó la comunicación diciendo: “Bueno, presidente. Presidente, ¿usted me da dos minutos fuera de micrófono? Es que necesito comentarle un tema”, como si se tratara de una relación de subordinación.

Cabe mencionar que, posterior a la llamada en cuestión, el senador Wilson Arias radicó ante la Procuraduría una queja disciplinaria en contra de la candidata a magistrada de la Corte Constitucional, por presuntamente participar en política y por una posible intromisión de los intereses del Centro Democrático en las orientaciones de una entidad estatal.

Otro candidato a magistrado es Jorge Fernando Perdomo, llegó al sector público a través de Juan Carlos Esguerra, exministro de Justicia del gobierno Santos. Puntualmente, Perdomo fue su viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa. Adicionalmente, en 2012, el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, lo nombró vicefiscal, con quien fue cercano. Perdomo también fue defensor del exsenador liberal Julián Bedoya, el congresista que está siendo investigado por presuntamente haber cometido fraude para obtener su título como abogado. De hecho, en marzo de 2025, el Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente el acta de grado y el diploma de Bedoya.

El último nombre rastreado por Pares es Carmen Inés Vásquez Camacho, quien ha sido cercana al Partido Liberal. Fue ministra de Cultura durante el gobierno Duque y viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior durante la administración Santos. En 2014, cuando se desempeñaba como viceministra, Vásquez tuvo que hacer frente a las exigencias de más de 50 mujeres del norte del Cauca que emprendieron la denominada “Marcha de los Turbantes” desde Suárez (Cauca) hasta Bogotá, exigiendo acciones por parte del gobierno para mitigar la situación de hostigamientos e intimidación por parte de grupos armados, y la inacción estatal frente al cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional sobre minería ilegal en el territorio.

Frente a tal escenario, la viceministra —y hoy aspirante a magistrada de la Corte Constitucional— fue cuestionada por la Asociación Minga, porque al parecer no permitió que se les llevaran a las mujeres cobijas para abrigarse en medio de las complejas condiciones climáticas de la fría capital. Cabe mencionar que la hoy vicepresidenta, Francia Márquez, hizo parte de la comitiva que marchó hasta Bogotá.

El desafío de la independencia judicial en tiempos decisivos

En Colombia, el sistema de pesos y contrapesos se materializa a través de la división de los poderes en las tres ramas del poder público. Para 2025, la Corte Constitucional asumirá un papel relevante; si bien las decisiones emitidas por el órgano no son políticas, muchas de ellas sí terminan incidiendo en contextos políticos. De hecho, el año en curso servirá como antesala a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

En manos de la Corte Constitucional estarán decisiones determinantes para el país, como la constitucionalidad de los decretos expedidos en el Catatumbo en medio de la declaratoria de emergencia, así como su concepto en el trámite de la ya aprobada Reforma Pensional. Por lo tanto, la llegada de los nuevos magistrados y la independencia de estos será clave para garantizar la autonomía del organismo. ¿En caso de ser elegido alguno de los nombres presentados anteriormente por Pares, habría lugar a posibles conflictos de intereses o injerencia de sus cercanías políticas en la emisión de decisiones con impacto en la esfera política?

Por lo pronto, corresponde esperar a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. El pasado 24 de abril, la Corte filtró nuevamente la lista, reduciéndola a 18, entre los cuales se encuentran: el secretario de la Comisión Sexta del Senado, Jorge Eliecer Laverde, y la exministra, Carmen Inés Vásquez. Aún no se define la fecha en la cual la Corte entregaría la terna al Senado, corporación que tomará la decisión final.