Durante todo el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha especulado sobre los supuestos amoríos extramatrimoniales que ha tenido, cosa que hace parte de su vida privada pero que se ha convertido en alimento para el morbo mediático que desplaza el debate sobre asuntos importantes de Estado y descalifica a todas las mujeres cercanas a él convirtiéndolas en sospechosas de ser su “moza”. Especulaciones que van y vienen pero que volvieron a coger fuerza tras la entrevista dada por la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez.
Hemos escuchado mil bochinches sobre la existencia de las tales mozas, que si la excanciller Laura Sarabia, o la polémica excoordinadora del gabinete del Ministerio del Interior Juliana Guerrero, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes Yannai Kadamani Fonrodona, entre otras, quienes han tenido que soportar comentarios que reducen su presencia en la esfera pública a un supuesto intercambio de favores sexuales, invisibilizando sus capacidades profesionales, que, para este caso, no voy a entrar a calificar.
Históricamente cuando una mujer asciende a posiciones de poder, sus competencias se ponen en duda. Desde la derecha hasta la izquierda recurren a la misma estrategia de descalificación y de sospecha sobre nuestra sexualidad como estrategia para el acceso al poder, que deslegitiman nuestra presencia y liderazgo y son profundamente irrespetuosas, reforzando la idea de que una mujer nosotras no llegamos a dichos escenarios por méritos profesionales.
El problema con esta dinámica es que desvía la atención del debate sobre la gestión pública hacia chismes moralistas que poco aportan a la deliberación y profundiza el marco patriarcal en el que la vida sexual de las mujeres se convierte en un argumento para fiscalizar nuestros logros. Y no se trata solo de Petro y los supuestos amoríos, que acaba de salir a desmentir, esta estrategia se reproduce contra cualquier mujer que habita es escenario público, de cualquier ideología, lo cual es inaceptable.
Lo que debería alarmarnos es que estos señalamientos afectan los esfuerzos por alcanzar la paridad y fortalecer el liderazgo femenino. Las cifras muestran que, en Colombia, aun cuando las mujeres somos el 52% de la población, ocupamos menos del 30% del Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales, sin contar las cifras sobre cargos directivos. Y si ya es difícil llegar a esos lugares, el costo es mayor cuando para mantenerse en un cargo se está acompañadas de rumores sexuales.
Esto sucede porque, a causa del patriarcado, persiste la idea de que el cuerpo femenino es nuestra única “herramienta” para el ascenso. Además, este desmérito es un castigo para las mujeres que rompemos roles tradicionales y nos proyectamos con independencia, por eso, a través de acusaciones que ponen en duda nuestras capacidades profesionales, buscan disciplinarnos públicamente y enviar un mensaje que reprime a otras mujeres que aspiren a lo mismo.
En este contexto, ese moralismo funciona como un mecanismo de control que nos afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Esta vigilancia sobre nuestros cuerpos y sexualidad se sustenta en un aparente debate ético pero el mensaje es que si eres mujer y destacas pues eso responde a la instrumentalización de tu cuerpo. Adicionalmente, si se reduce a las mujeres en política al papel de “mozas”, perdemos referentes femeninos en los espacios de toma de decisiones, afectando la posibilidad de centrar la discusión en lo que, como mujeres, podemos aportar.
Claramente los entes responsables deben investigar, pero, aparte de esto, con todas las denuncias que rodean a algunas mujeres del gobierno hoy, el debate debería ser sobre por qué seguimos aceptando que sea parte del debate con quiénes se tiene sexo y no sobre cuántas o quiénes son las “mozas” del presidente. Si no cuestionamos esos códigos, la próxima generación de mujeres lideresas tendrá que seguir enfrentando techos de cristal todavía muy sólidos, pues mientras nos distraemos con bochinches, el patriarcado sigue ganando.
