Por: Guillermo Linero
Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda
Durante la campaña a la presidencia, al conocer que Gustavo Petro y Francia Márquez tenían en sus planes de gobierno constituir el Ministerio de la Igualdad, me pareció la mejor noticia; porque, desde que nuestros padres de la patria eligieron como bandera política los mismos principios de la Revolución Francesa –libertad, igualdad y fraternidad–, nunca los gobernantes, al menos con respecto a la igualdad, tuvieron la menor intención de conseguirla completa.
Mientras que la igualdad es –tal y como la define la Real Academia Española– “el principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones”, en Colombia, en los últimos cien años de gobiernos, apenas se había logrado el voto de la mujer –que es igualdad en derechos políticos– y la creación del Sisbén –que buscaba la igualdad en salud–.
Sin embargo, al saber que el presidente Petro –ya bajo la responsabilidad de administrador del gobierno– dijo que el Ministerio de la Igualdad sería para “lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer”, que sería para “reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión y para proporcionar un ingreso vital, consistente en medio salario mínimo a las madres cabeza de familia”; y cuando supe que la vicepresidenta Francia Márquez había dicho que iba a trabajar por la igualdad de las mujeres de Colombia: "queremos que las mujeres tengan autonomía económica, que las mujeres tengan empoderamiento político, que las mujeres tengan garantías de derechos. Queremos igualdad y oportunidades para la juventud”; concluí que se iba a implementar –no importa si con otro nombre– más que el Ministerio de la igualdad, el Ministerio de la Mujer.
Lo cierto es que, sin descontar mi interés porque las mujeres reciban el mismo trato que los hombres y se les dé igual oportunidades en todos los campos de la actividad social, extrañé que el presidente y la vicepresidenta no incluyeran a las comunidades étnicas en el amparo de ese nuevo Ministerio, puesto que, a lo largo de la historia política nacional, estas comunidades han sido tan maltratadas como las mujeres, en términos de igualdad completa.
Sin embargo, mis críticas acerca de las funciones del Ministerio de la Igualdad quedaron contenidas, luego de que el presidente Gustavo Petro, a través del Dapre, le precisara funciones a la vicepresidenta Francia Márquez –en una suerte de ministerio invisible– justamente en tareas que saldan lo excluido en los discursos sobre la misión del nuevo Ministerio: la equidad étnica.
En efecto, el presidente le confió a la vicepresidenta Francia Márquez la coordinación interinstitucional e intersectorial –aquí sobrescribo el texto del decreto– para que contribuya al desarrollo, a la ejecución e implementación de políticas públicas que garanticen el goce efectivo del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; y para que garanticen la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de los grupos discriminados o marginados.
Con todo, y quizás también lo mejor, es que las expectativas acerca de la inclusión de las comunidades étnicas no terminarían ahí. Con la reciente visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken, y su encuentro y firma de convenios con la vicepresidenta Francia Márquez, se garantizará el respeto a los derechos individuales –los llamados derechos de primera generación– y el respeto a los derechos colectivos de los grupos étnicos –los llamados derechos de segunda generación–.
Quizás porque Rousseau en su tiempo atribuía la desigualdad a la civilización, a lo largo de la historia los gobernantes y poderosos han culpado de su existencia a la naturaleza y han educado a las sociedades para que así lo entiendan. De ahí surgiría la teoría de la denominada desigualdad adquirida, el criterio acerca de la imposibilidad de alcanzar la igualdad, y de ahí surgiría también el perverso criterio de que es inútil educar para profesarla. Hoy, en el siglo XXI, se sabe que la desigualdad –contrario a lo que pensaba el autor de El Contrato Social– es característica de la falta de civilización.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.