Por: Katerin Erazo, Periodista
En la encrucijada de la inversión pública, el Gobierno se enfrenta a la difícil decisión de elegir entre priorizar la educación y la salud o dirigir sus recursos hacia la expansión de la infraestructura de vías 4G. Este debate trasciende lo financiero y plantea interrogantes fundamentales sobre las prioridades nacionales y el desarrollo a largo plazo.
La educación se presenta como un pilar fundamental en la construcción del progreso de una sociedad. Más allá de ser una mera inversión, representa la clave para desbloquear el potencial humano y fomentar la equidad social. Invertir en educación no solo promueve la capacitación de una fuerza laboral competente, sino que también sienta las bases para una sociedad más justa e inclusiva.
De manera similar, la salud emerge como un componente esencial del bienestar humano. La inversión en sistemas de salud sólidos no solo prolonga la esperanza de vida y reduce la carga de enfermedades, sino que también garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a la atención médica que merecen.
Sin embargo, la expansión de la infraestructura de vías 4G representa una oportunidad para el desarrollo económico y la conectividad nacional. Estas inversiones pueden estimular el comercio, mejorar la movilidad y generar nuevas oportunidades de empleo y crecimiento en diversas regiones del país.
En países en desarrollo, este dilema adquiere una dimensión aún más compleja. La inversión en educación y salud se convierte en un medio para romper el ciclo de pobreza y desigualdad, mientras que las obras de infraestructura pueden ser la clave para desbloquear el potencial económico de la nación.
Para resolver este dilema, es esencial que el Gobierno realice un análisis exhaustivo de las necesidades y prioridades del país. La participación ciudadana y la consulta pública pueden enriquecer este proceso, asegurando que las decisiones reflejen verdaderamente los intereses y aspiraciones de la población en general.
En última instancia, la clave para tomar una decisión informada reside en comprender que la inversión en educación, salud, programas sociales y grandes obras de infraestructura no son opciones excluyentes, sino complementarias. Un enfoque integral que aborde todas estas áreas puede sentar las bases para un futuro próspero y equitativo para todos los ciudadanos.
En el caso de Colombia, el país tiene la capacidad de aplicar estas estrategias para equilibrar la asignación de recursos entre educación, salud, asuntos sociales e infraestructura. En los últimos años, Colombia ha avanzado significativamente en áreas como la reducción de la pobreza, la mejora de la educación y la atención médica, y el fortalecimiento de la infraestructura.
Para lograr un equilibrio adecuado, Colombia puede considerar acciones como realizar evaluaciones periódicas de las necesidades del país en cada una de estas áreas, involucrar a la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones, priorizar inversiones sostenibles a largo plazo, buscar cooperación internacional y establecer mecanismos efectivos de monitoreo y evaluación.
Según Diana Herrera, Líder del equipo de Tecnologías de la Información de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), existen posiciones totalmente contradictorias a la afirmación del Gobierno. En realidad, nos encontramos en un país donde se respetan los rubros presupuestales y las obras en marcha.
Herrera explicó que el Gobierno se enfrenta a una difícil decisión: elegir entre invertir en educación y salud o destinar recursos a las vías 4G. Esto ocurre en un contexto en el que ya se ha asignado un presupuesto para salud y educación. Sin embargo ese presupuesto aún no es suficiente para responder a las necesidades de la población y responder a las demandas de la sociedad. Esta disyuntiva subraya la necesidad de encontrar un equilibrio financiero que permita satisfacer las demandas de infraestructura sin descuidar aspectos fundamentales como la salud y la educación de la población.
También mencionó que es crucial que Colombia realice un análisis exhaustivo de sus necesidades en cada una de estas áreas para poder asignar los recursos de manera efectiva y equitativa. Esto implica evaluar periódicamente las demandas y prioridades del país, utilizando esta información como guía para la toma de decisiones en materia de inversión.
La participación ciudadana también desempeña un papel fundamental en este proceso. Involucrar a la sociedad civil y a las comunidades locales en la toma de decisiones garantiza que las inversiones se alineen con las necesidades reales de la población. Además, es necesario priorizar inversiones sostenibles a largo plazo, considerando no solo los costos inmediatos, sino también los beneficios a largo plazo para la sociedad y el medio ambiente.
En este sentido, la cooperación internacional puede ser clave para complementar los recursos nacionales y apoyar iniciativas clave en áreas prioritarias. Además, establecer mecanismos efectivos de monitoreo y evaluación es fundamental para seguir de cerca el progreso y ajustar las estrategias según sea necesario, garantizando así que se logren los objetivos establecidos en cada una de estas áreas.