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El asesinato del líder social en Antioquia que podría enredar aún más a Álvaro Uribe

Por: Redacción Pares


Fotos tomadas de: Elespectador, GIDH y El Colombiano


La llegada de Salvatore Mancuso al país y su aceptación en la JEP sigue preocupando a más de uno. En declaración libre la JEP citó al ex comandante paramilitar para dar versión sobre las masacres de La Granja, ocurrida en 1996 y del Aro, horror que pasó un año después. Acá se le preguntará a Mancuso por la participación de la fuerza pública en ambas incursiones de las AUC. Este es el primer llamado de versión libre que le hace la JEP a Mancuso en donde inevitablemente se hablará de la creación de las CONVIVIR y su puesta en práctica entre los años 1995 y 1997 cuando Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia.


En la declaración de Mancuso inevitablemente saldrá el nombre de Jesús María Valle. Dos días antes de que fuera asesinado este abogado nacido en La Granja cumpliría 55 años. Lo mataron el 27 de febrero de 1998 en su oficina, al lado de su hermana Nelly y su colega Carlos Fernando Jaramillo. Los últimos días habían sido muy duros para él. Un año antes de que los paramilitares y las fuerzas oscuras del Estado lo mataran, el 25 de agosto de 1997, durante la conmemoración de los diez años del asesinato de Héctor Abad Gómez, dijo un discurso que terminó siendo su sentencia de muerte: “Paramilitares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan”. En ese momento era el presidente del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia, un oficio de alto riesgo.


En ese momento la arremetida paramilitar en Ituango era absoluta, brutal. Jesús María, cada vez podía, le advertía que los paramilitares planeaban una incursión armada contra La Granja. Históricamente allí se habían movido los frentes 5,36 y 18 de las FARC y los hombres de las AUC metían en un mismo saco a población civil y guerrilla. Todos eran culpables, todos tendrían que pagar. La incursión podría ocurrir en cualquier momento. En febrero de 1996 Valle le advirtió al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, que estaban documentados los acuerdos entre paras y Fuerza Pública para entrar con todo en la Granja. Uribe no sólo se hincó de hombres ante la advertencia de Valle sino que lo llamó públicamente un especialista en criticar a las Fuerzas Armadas.


El 11 de junio de 1996 30 integrantes de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá mataron a cinco personas del corregimiento de La Granja, municipio de Ituango, Antioquia. Según el relato del portal Rutas del Conflicto, la acción armada se dio de esta forma: “Los paramilitares recorrieron el casco urbano del caserío, cerraron los establecimientos, sacaron a los habitantes a las calles, los acusaron de ser supuestos auxiliadores de la guerrilla y los torturaron y asesinaron delante de sus vecinos y familiares”. Después de los hechos la Fiscalía investigó y descubrió que todos los asesinados no tenían nada que ver con las FARC.


A finales de 1996 le volvió a advertir al gobernador de Antioquia sobre otra masacre que se perpetraría, esta vez en el Aro. No lo escuchó y la masacre ocurrió. El 22 de octubre de 1997 el Bloque Mineros de las AUC asesinaron a 17 campesinos en la vereda de el Aro. Un paramilitar llamado Francisco Villalba, quien después fue asesinado, acusó directamente a Uribe como autor intelectual de la masacre. Mancuso dijo, en versión dada desde una celda en los Estados Unidos en el 2008, que Carlos Castaño se había reunido previamente con Pedro Juan Moreno -mano derecha de Uribe en la gobernación- para contarle los detalles de la masacre. Incluso se habló en su momento que dos helicópteros de la gobernación se habrían prestado para apoyar a los paras. Esto nunca pudo ser confirmado. Mancuso en sus primeras declaraciones ante la justicia incriminó también en la masacre al general del ejército Alfonso Manosalva.


Ante los dos avisos al gobernador sobre las masacres una investigadora norteamericana llamada María McFarland, llamó a Jesús María Valle “El Profeta” en su libro There Are No Dead Here: A Story of Murder and Denial in Colombia.


En su intervención durante el homenaje a Abad Gómez, Jesús María mostró que no le temblaba la voz ante ningún poder y señaló directamente al gobernador de Antioquia: "Yo siempre vi y así lo reflexioné que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el Gobernador Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país”. Tenía los días contados.


Jesús María empezó a denunciar no sólo a la gobernación sino a la Fuerza Pública por el evidente desgano con el que actuaba ante las masacres y los atropellos. La Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Ituango, permanecía de brazos cruzados. En otra de sus denuncias volvió a irse contra Uribe y su desgano a la hora de actuar “Por ello yo considero que el gobernador de Antioquia (Álvaro Uribe Vélez) ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el doctor Pedro Juan Moreno, en un comportamiento omisivo que raya en lo delictual”. Quería demandar a Uribe ante la Corte Suprema pero, en esa pelea, se ganó a enemigos poderosos como la Federación de Ganaderos de Antioquia, Fadegan, quienes vivían agradecidos con el gobernador porque gracias a las Convivir se habían quitado de encima, según ellos, la presión de las guerrillas. Lo cierto es que en 1997 fueron asesinadas 150 personas en Antioquia.


El cerco se fue cerrando sobre Jesús María Valle hasta que un sicario de la banda La Terraza, siguiendo órdenes de Carlos Castaño, lo asesinó tres días antes de su cumpleaños. El Estado en el 2018 declaró el Crimen de “Lesa humanidad” sin embargo la impunidad sobre este crimen impera. Las declaraciones de Mancuso en la JEP podrían revivir este caso en donde hay evidencia de que Álvaro Uribe pudo, en su potestad como gobernador, escuchar a un hombre que tenía información, documentos y pruebas que podrían haber evitado dos de las más terribles masacres paramilitares en Antioquia.

 

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