Del Vaticano y la Sierra Nevada al Catatumbo. Pares advierte una posible nueva oleada de violencia en el Catatumbo

Por: Oficina Oriente

La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, continúa atrapada en una espiral de violencia que parece no tener fin. Desde el inicio de la confrontación armada, los hechos victimizantes han aumentado de manera considerable. Entre el 16 y el 30 de enero se registraron 80 homicidios —aunque se presume un subregistro superior a la cifra oficial— y más de 52.000 personas fueron desplazadas. En febrero, las confrontaciones persistieron, intensificando las afectaciones a la población civil: para entonces, ya se contabilizaban más de 53.000 personas desplazadas y más de 15.000 confinadas. La desaparición de cinco firmantes del acuerdo de paz, el uso de minas antipersonal y el bloqueo de vías con “cilindros bomba” son evidencia clara del escalamiento del conflicto armado.

Desde que comenzó la guerra entre el ELN y el Frente 33 del Estado Mayor Central (EMC), se han registrado 66.498 personas desplazadas y 11.490 confinadas. De forma especialmente preocupante, se han documentado 130 homicidios, entre ellos seis firmantes del acuerdo de paz, cinco menores de edad y tres líderes sociales. El conflicto entre el ELN y el Frente 33 ha dejado un saldo devastador en las comunidades del Catatumbo. En los últimos días, los enfrentamientos han cobrado la vida de dos menores de edad, víctimas de explosiones causadas por drones cargados con explosivos. En el primer hecho, un niño de 12 años murió, y su madre, junto a 11 personas más, resultaron heridas; en un segundo caso, un menor de 17 años murió, y dos personas más salieron heridas. Estos ataques, atribuidos a la guerra entre el Frente 33 y el ELN, reflejan la crudeza de un conflicto que no distingue entre combatientes y civiles, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.

Tal como lo advertimos desde la Fundación PARES desde el año 2024, la agresión contra la población civil alcanzó un nuevo pico el 18 de mayo de 2025, con la masacre ocurrida en el barrio Los Almendros, en el municipio de Ocaña. Tres hombres fueron asesinados a sangre fría, en un hecho que ha generado conmoción y temor entre los habitantes de la región. Este crimen se suma a una cadena de atrocidades que han marcado al Catatumbo durante los últimos cuatro meses de guerra, entre ellas asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad. La masacre es un recordatorio brutal de la fragilidad de la seguridad en la región y de la incapacidad del Estado para garantizar la protección de sus ciudadanos.

La llegada de un nuevo actor del terror: las ACSN entran al Catatumbo

Por si no fuera poca la guerra que se ha vivido desde enero, en los últimos días, la situación se ha agravado con la incursión de un nuevo actor armado: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo de origen paramilitar con fuerte presencia en el departamento del Magdalena, que ingresó al Catatumbo por la zona de Ocaña. Esta irrupción añade una nueva capa de complejidad al conflicto ya de por sí intricado entre el ELN y el Frente 33.

Según el investigador y profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, existe una hipótesis sólida sobre la incursión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) al Catatumbo desde los municipios de Río de Oro y Ocaña. De acuerdo con Trejos, esta incursión responde a un contexto de disputas territoriales y tensiones con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Al parecer, el EGC desconoció el poder de la familia Prada en el sur del Cesar, lo que motivó a este clan —liderado por Juancho Prada— a facilitar el ingreso de las ACSN, proporcionándoles infraestructura clave como fincas, vehículos, recursos económicos y combatientes. Este respaldo logístico permitió a las ACSN establecerse rápidamente en la región, aprovechando el vacío de poder generado por los enfrentamientos entre el ELN y el Estado Mayor Central (EMC). En un hecho significativo ocurrido en Río de Oro (Cesar), las ACSN atacaron al EGC, causaron algunas bajas y se apoderaron de armamento, consolidando su presencia y proyectando su expansión hacia el Catatumbo.

La incursión de las ACSN representa un punto de inflexión en el conflicto del Catatumbo. Este grupo paramilitar, conocido por operar en la Sierra Nevada de Santa Marta, ha extendido sus acciones hacia el nororiente del país, buscando aprovechar el vacío de poder y las disputas entre el ELN y el Frente 33. Su presencia en Ocaña y Río de Oro, confirmada por videos y publicaciones en redes sociales, genera alarma entre las comunidades y las organizaciones de derechos humanos, que temen un recrudecimiento de la violencia similar al que se vivió en los años noventa, cuando los paramilitares de las AUC dejaron un rastro de masacres y desplazamientos en la región.

La ZUT, el Vaticano y la reactivación de los diálogos con las ACSN

El gobierno nacional ha tomado una serie de decisiones en medio de la crisis humanitaria que vive la región. En primer lugar, la declaratoria de conmoción interior el 15 de mayo del 2025 permitió una presencia más fuerte de Fuerzas Armadas en la región, y en algunos casos contribuyó a contener ataques masivos como los del ELN en enero de este año. No obstante la población en general y las organizaciones sociales manifiestan que el impacto no ha pasado de ayudas humanitarias muy puntuales y que no se ha detenido la escalada violenta contra la población civil y que por el contario las víctimas se siguen produciendo a diario mientras los grupos armados conservan un fuerte control sobre la población, extorsionan, amenazan y se adaptan rápidamente como lo muestra el uso reciente de drones.

Al mismo tiempo, el gobierno aprobó  la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del Frente 33, acordada entre el Gobierno colombiano y esta disidencia el 3 de mayo de 2025, la cual sigue rodeada de incertidumbre. La ZUT, que se establecería en el área rural de Tibú, busca concentrar a los combatientes del Frente 33 como parte de un proceso de paz avanzado. Sin embargo, el plazo estipulado en el Decreto 448 de 2025, que suspendía las operaciones militares ofensivas contra el Bloque Magdalena Medio (al que pertenece el Frente 33), venció el 18 de mayo sin que se haya concretado la instalación de la  zona. Esta situación genera dudas sobre la viabilidad del acuerdo y el compromiso real de las partes y suma incertidumbre a una situación ya dramática.

Fuente. Defensoría del Pueblo & SIPARES

El  Decreto 448, emitido el 17 de abril de 2025, otorgó un mes al Bloque Magdalena Medio para avanzar hacia la región del Catatumbo, bajo la amenaza de que, de no cumplirse, la mesa de negociación con el EMBF podría disolverse. La falta de avances claros en este proceso ha llevado especulaciones sobre si el gobierno prorrogará la suspensión de operaciones militares o retomará las acciones ofensivas contra el Frente 33. Esta incertidumbre se agrava por las tensiones con el ELN, que podría interpretar la ZUT como una amenaza a su dominio territorial, lo que incrementaría el riesgo de nuevos enfrentamientos.

Es en este complejo panorama donde el presidente Gustavo Petro hace dos anuncios: en primer lugar una posible reactivación de los diálogos con el ELN esta vez con sede en el Vaticano, lo que de concretarse – de acuerdo a voces de la región – significaría un duro golpe a las víctimas de la incursión del ELN en enero y al mismo tiempo vuelve a poner un manto de incertidumbre sobre si las acciones de contención militar se van o no a mantener. El segundo anuncio es el descongelamiento de los diálogos con las ACSN que ha sido rechazado por autoridades departamentales del Magdalena, por población de la región que no ve cómo este tipo de acercamientos contribuyen a disminuir el control del grupo armado sobre su vida cotidiana y sienten que no han sido tenidas en cuenta. Así mismo, la población teme que la concentración de tantos actores armados en la región se convierta en una nueva olla a presión que cuando estalle deje al Catatumbo aún en peores condiciones.

En conclusión, el Catatumbo enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente. A incursión de las ACSN, los ataques con drones que han cobrado vidas de civiles, la masacre en Ocaña, y la incertidumbre sobre la ZUT y los nuevos diálogos con el ELN y las ACS, reflejan la magnitud de un conflicto que parece lejos de resolverse. La población civil, atrapada en el fuego cruzado, exige soluciones que vayan más allá de acuerdos temporales o despliegues militares, pero sobre todo demanda conssitencia. Mientras el gobierno evalúa los próximos pasos en su política de paz, el Catatumbo sigue clamando por una paz que, por ahora, parece inalcanzable.